La devastación que provocaron los huracanes “Ingrid y “Manuel” en la Montaña de Guerrero es aprovechada por empresas “fantasma” y los tres niveles de Gobierno que están cometiendo un “fraude descomunal” contra más de 16 mil familias que viven en comunidades indígenas, denunciaron líderes civiles.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– Alrededor de 16 mil familias de 185 comunidades indígenas de 13 municipios de La Montaña de Guerrero denunciaron el “trato discriminatorio y defraudación descomunal” por parte de los tres niveles de gobierno y empresas privadas en la atención a los daños provocados por las lluvias de la tormenta “Manuel” y el huracán “Ingrid”, que hace más de dos años devastaron esa región.

Las miles familias que integran el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (CCDM) iniciaron ayer “la marcha Caravana contra el hambre y la discriminación” con dirección a la capital guerrerense de Chilpancingo a donde prevén llegar el miércoles. En su recorrido, harán una parada en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.

La devastación que dejó a su paso el huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel” en La Montaña de Guerrero fue aprovechada por “empresas fantasmas” para cometer fraude a las miles de familias damnificadas, acusó Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

“Es un fraude descomunal que se da a costillas del erario y de las instancias de gobierno, que son las responsables de vigilar. No están haciendo su trabajo. Las comunidades harán una denuncia ante la PGR [Procuraduría General de la República], para que investigue estas acciones que están generando un mayor daño y que de algún modo se está acreditando el delito de fraude”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

De acuerdo con Barrera Hernández, la organización solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), los nombres de las empresas que obtuvieron licitaciones para construir las viviendas, escuelas y hospitales en las comunidades afectadas, pero la información le fue negada.

Para el director de Tlachinollan, las empresas pertenecen a políticos que aprovecharon las sumas millonarias para obtener sumas millonarias del Fondo de desastres naturales (Fonden) y del Plan Nuevo Guerrero que manejó más de 37 mil 425 millones de pesos en el 2014 y 30 mil 410 millones en lo que va del 2015 al 2018.

“Así se da ese fenómeno. Hay mucho encubrimiento de las autoridades. Más de 100 mil pesos por cada casa, de no más de 40 metros cuadrados, los materiales son de mala calidad, obligan a la que la gente empareje su propio terreno, cuando eso es obligación de la empresa y las familias les tienen que dar de comer a los trabajadores para que les hagan su casa”, dijo.

Abel Barrera indicó que hay 4 mil 200 viviendas que aún no han sido construidas. La mayoría de las familias damnificadas han reconstruido con palos y lodo las casas que destruyó el huracán.

Algunas familias viven en cobertizos, otras con familiares y a las que mejor les ha ido, les han entregado su casa en obra negra: sin puertas, ni ventanas.

“Como sucedió en San Miguel Amoltepec el Viejo. Tuvieron que dar de comer como compensación a los trabajadores y al final le dicen a la gente que ya entregaron la obra, y está en obra negra”, dijo.

El activista narró que las empresas fantasma llegan con los comisarios ejidales y les hacen firmar documentos que en la mayoría de los casos, no leen ni entienden.

Con esos documentos se “lavan las manos” e informan que las obras fueron entregadas, cuando las familias continúan sin techo y en extrema pobreza”.

“Ellos con eso se blindan, porque, ¿quién va a subir a La Montaña para verificar que ya fueron construidas?”, cuestionó.

Este miércoles la caravana llegará a Chilpancingo y las familias damnificadas solicitarán una reunión con el Gobernador de Guerrero y con autoridades federales.

PEÑA NIETO NO CUMPLIÓ

Abel Barrera Hernández, del centro de Derechos Humanos de la montaña la Tlachinollan, dijo a la prensa que el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto de invertir parte de los 37 mil millones de pesos del Plan Nuevo Guerrero en la montaña no se materializó ya que, refirió, en los 13 municipios afectados los beneficios no han llegado.

De acuerdo con el Consejo aún hay:

4 mil 351 casas con necesidad de ser reconstruidas
3 centros educativos afectados
20 comunidades con afectaciones en centros de salud
49 pueblos con daños en sus redes de distribución de agua potable
21 comunidades con afectaciones en puentes colgantes
20 puentes vehiculares destruidos
75 comunidades con carreteras afectadas por deslave
39 comunidades con daños en la red de energía eléctrica
26 comunidades con daños en comisarías y delegaciones
48 pueblos con afectaciones en huertos de árboles frutales
90 por ciento de las huertas de café con pérdidas totales
85 pueblos con  daños en parcelas para milpa
28 comunidades en alto riesgo de ser reubicadas, y
69 comunidades con daños diversos como pérdida de ganado vacuno, bobino, caprino y avícola.

“Estamos exigiendo que Sedatu, Sedesol y la Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas, así como al gobierno del estado [que[ cumplan con los compromisos asumidos y erradiquen sus prácticas corruptas”, dijo  el Consejo en un comunicado.

El Consejo de comunidades Damnificadas de la Montaña es una instancia creada  por los pueblos  ante  la emergencia  provocada por la tormenta “Ingrid” y el huracán “Manuel”, que ocasionaron graves daños a su patrimonio.

El Consejo fue constituido el  22 de septiembre de 2013  en la comunidad  Me’phaa de  La Ciénega Municipio de Malinaltepec, en La Montaña de Guerrero, como “una respuesta al trato desigual  y discriminatorio  que   aplicaron las autoridades de los tres  niveles de gobierno a las comunidades indígenas de La Montaña”.

En posicionamiento, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan denunció que las comunidades damnificadas padecen los estragos de la naturaleza “pero sobre todo la voracidad de las autoridades y las empresas constructoras que se coludieron para atracar a las familias más pobres del país, quienes siguen viviendo sobre casas derruidas”.

“La tragedia se volvió el gran negocio para políticos y empresarios corruptos. Fue la gran oportunidad para varios patanes del poder que crearon empresas fantasmas para obtener sumas millonarias del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Plan Nuevo Guerrero que manejó más de 37 mil 425 millones de pesos en el 2014 y 30 mil 410 millones en lo que va del 2015 al 2018”, dijo la organización.

Dijo que para asegurar que estos fondos quedaran “dentro de los círculos más cercanos a las cúpulas del otrora partido de estado”, el Presidente Peña Nieto creó el Consejo Consultivo ciudadano para la restauración de Guerrero, “poniendo al magnate Miguel Alemán Velasco, como presidente del consejo, ‘en representación de la sociedad guerrerense’”.

“La lucha del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña es para poner un alto a esta devastación, sobre todo para contener la depredación del poder político que sigue socavando la vida de las familias indígenas al malversar los fondos destinados a garantizar sus derechos básicos”