Los firmantes alertaron de la intensión del Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas de imponer a su sucesor en las próximas elecciones de 2016 en Puebla. 

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– Organizaciones y líderes sociales de Puebla hicieron un llamado a los dirigentes nacionales de los partidos de izquierda para que en 2016 postulen a un candidato en común para frenar el proyecto del Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, “quien pretende imponer a su sucesor” en el estado.

“El próximo mes de junio de 2016 habrá elecciones para Gobernador del estado y Moreno Valle fragua todas las alianzas y arma todos los recursos a su alcance para garantizar la protección de sus intereses e impuso en el INE a un ex funcionario incondicional de su gobierno”, destaca un desplegado difundido ayer en varios medios.

En el texto titulado “Unidos por un cambio en Puebla”, los más de 50 firmantes advirtieron que Moreno Valle conformará una alianza para ganar la elección que definirá a su sucesor.

Exhortaron a los líderes políticos Agustín Basave Benitez del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Anaya Gutiérrez del Partido del Trabajo (PT), Dante Delgado Rannauro de Movimiento Ciudadano (MC) y Andrés Manuel López Obrador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a que presenten a un candidato en común, y que se evite la “pasividad, la división y el enfrentamiento entre las izquierdas”.

“Llamamos a que los dirigentes de estos partidos, acuerden una candidatura y un programa únicos para ofrecer al estado (…) En Puebla cada vez menos gente cree en los partidos políticos, menos aún en los neoliberales, pero es la  pasividad, la división y enfrentamiento entre izquierdas lo que les permite ganar a ellos”, refiere el desplegado.

Las organizaciones y líderes sociales recordaron que durante el sexenio morenovallista se impuso una “sistemática violación a los derechos humanos” y se sometió a los opositores políticos, a la prensa y a los movimientos sociales.

“[En Puebla] Vivimos una sistemática violación a los derechos humanos, el sometimiento de los pobres, partidos, prensa y represión a movimientos sociales”, señala el documento.

Los firmantes indican que como resultado de la política social de Moreno Valle, en Puebla hay más de “220 presos, procesados y perseguidos políticos, un niño asesinado y decenas de heridos en distintos operativos policíacos; somos el segundo lugar del país en linchamientos”.

“No queremos a Puebla en esta situación y muchos menos que se extienda al resto del país”, expresan las organizaciones.

El desplegado también detalla que en la gestión de Moreno Valle la economía se desplomó y aumentó el desempleo. “Se encareció el costo de vida con las tarifas altas de agua, las fotomultas, la eliminación de los mototaxis de servicios del registro vivil de las juntas auxiliares”.

Estos datos, añade el texto, “vuelven absurdas e insultantes las obras elitistas y suntuosas como la rueda de la fortuna, el teleférico o la remodelación del estadio Cuauhtémoc, que durante meses se han presumido en todo el país con elevadísimos costos de propaganda, cuyos montos se ocultan”.

Entre las organizaciones que firman el desplegado se encuentran Cholula Viva y Digna, el Comité para la libertad de los presos políticos en Puebla, Presidentes Auxiliares Unidos, Movimiento Nacional Los de Abajo, así como los académicos Julio Glockner, Rosa María Avilés, Aurelio Fernández Fuentes, Francisco Manuel Vélez Pliego.

El pasado 30 de octubre, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron el nombramiento de dos morenovallistas como integrantes del organismo encargado de realizar las elecciones de Puebla.

En la sesión que se llevó a cabo en la Ciudad de México, estuvieron presentes organizaciones sociales y Elia Tamayo, madre del menor asesinado en Chalchihuapan, quienes fueron desalojados del recinto cuando pretendían entregar una carta al Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, en la que expresaban su rechazo a los nombramientos de Juan Pablo Mirón Tomé y Federico González Magaña.

Ese día, los representantes de los partidos políticos denunciaron desde sus ópticas la intromisión de gobernadores, entre ellos Moreno Valle, en la designación de estos funcionarios electorales.

El caso que causó más discusión y acusaciones entre los representantes de los partidos políticos y los consejeros electorales fue la integración del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Puebla.

La propuesta original presentaba a Juan Pablo Mirón Thomé como consejero presidente de ese organismo, sin embargo, el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, denunció que ese candidato trabajaba hasta la víspera en el gobierno estatal que encabeza Rafael Moreno Valle.

Incluso, aseguró que ese aspirante acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro y al Senado de la República para buscar el apoyo de un partido político.

El representante del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Gárate Chapa, aseguró que hay una campaña en contra del mandatario estatal.

En tanto, los representantes de los partidos Morena y de la PRD también se quejaron de la inclusión de Juan Pablo Mirón y Federico González, por la cercanía con el morenovallismo.

El representante del Sol Azteca, Pablo Gómez, afirmó que el INE se ha metido en la disputa por la gubernatura de Puebla, la cual buscará ganar como sea Moreno Valle.

“Rafael Moreno Valle quiere ser candidato a Presidente y tiene que hacer lo que se pueda y lo que no se pueda para ganar la gubernatura, pues si la pierde, pierde también la precandidatura”, dijo el perredista en esa ocasión.

REPRESIÓN EN PUEBLA

Moreno Valle lleva cinco años al frente del Gobierno poblano, mismo que asumió el 1 de febrero de 2011. Durante su mandato, medios de comunicación, organizaciones civiles, pobladores y partidos políticos lo han acusado de “represor”.

Encabezar protestas, oponerse a construcciones gubernamentales, exigir el esclarecimiento de procesos electorales, rechazar reformas como la “Ley Bala”, negarse a firmar la venta de sus tierras o pedir la restitución de servicios como el Registro Civil a sus comunidades, han provocado que 134 personas, entre amas de casa, dirigentes sociales, campesinos, ambientalistas, activistas, mototaxistas y hasta los propios defensores de derechos humanos, estén hoy en la cárcel y sean considerados presos políticos del Gobierno de Moreno Valle.

A principios de este mes, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla actualizó las cifras presentadas en mayo de este año. Los nuevos datos arrojan que en el sexenio de Moreno Valle suman 17 personas presas, 122 procesados, 66 órdenes de aprehensión libradas y 21 que están por verificarse.