Opinión en video
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19-04-2024 - 12:05 am
"Por el momento, es difícil que puedan concluirse juicios políticos contra el expresidente y la actual presidenta de la Suprema Corte".
El diferendo quedará en un compás de espera y por el momento no prosperará ninguna iniciativa que defina el destino del exministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, y de la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, contra quienes están anunciadas las promociones de sendos juicios políticos, en el primer caso, para inhabilitarlo para el servicio público, y en el segundo, para destituirla e inhabilitarla.
Todo quedará supeditado al resultado de los comicios del domingo 2 de junio del 2024, cuando sabremos si Morena y sus aliados, o la coalición opositora, obtienen los votos suficientes en el Congreso de la Unión para juzgar a alguno de los antagonistas involucrados en esta cruenta guerra jurídica, lubricada por los odios, los enconos políticos, las ambiciones salvajes y las revanchas, de quienes tienen el deliberado propósito de destruir a sus enemigos, en representación de dos proyectos políticos que ponen el juego el futuro de la nación.
Está abierta una guerra feroz entre los defensores de los privilegios, los abusos y las corruptelas que lubricaron al viejo régimen, secuestrado por los intereses de poderes fácticos y formales, entre los cuales está la alta jerarquía de la Iglesia Católica, manipuladora de conciencias y almas, vinculados al dinero, que ahora tienen, abierta e impúdicamente, entre sus aliados, a una buena parte del Poder Judicial de la Federación, en el que ministros, magistrados y jueces se han convertido en el principal obstáculo para la consolidación de los proyectos del gobierno de la Cuarta Transformación, que argumenta sus motivaciones en una opción preferencial por los pobres y los desvalidos.
Sin embargo, las previsiones rumbo a los comicios del domingo 2 de junio están determinadas por un mal augurio que prefigura en el horizonte una derrota aplastante y dolorosa para la oposición y la oligarquía que financia y lubrica todos los afanes de confrontación contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra el gobierno de la Cuarta Transformación y contra su candidata Claudia Sheinbaum Pardo.
La ministra Piña Hernández metió a la contienda electoral a la Suprema Corte de Justicia, al dar curso a una denuncia anónima para tratar de defenestrar al exministro Zaldívar Lelo de Larrea, quien es el artífice del proyecto de reestructuración del Poder Judicial de la Federación durante los próximos seis años, y en particular, de la anquilosada Suprema Corte, que podría derivar en la modificación esencial de ese supremo cuerpo colegiado, al promover las reformas constitucionales que modifiquen la forma como son electos los ministros y definan los alcances de sus funciones jurísdiccionales.
La actual presidenta de la Suprema Corte se ha extralimitado en sus funciones al llevar al Poder Judicial hasta extremos que desafían, y en algunos casos, suplantan y vulneran la soberanía del Poder Legislativo, integrado por las cámaras de diputados y senadores, responsables, por mandato constitucional, de diseñar el andamiaje jurídico que rige a la Nación.
La Suprema Corte ha obstruido la aplicación y vigencia de algunas leyes, impidiendo la regulación y la supremacía del Estado en áreas estratégicas esenciales para la preservación de nuestra soberanía, hasta el despropósito de pretender dejar sin efectos la aplicación de algunos preceptos constitucionales, como el artículo 19, que regula la figura de la prisión preventiva oficiosa.
El resultado de los comicios de junio podría ratificar con la mayoría calificada de Morena y sus aliados, el espíritu del artículo 39 constitucional que establece, en forma imperativa, que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”. Que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Y que, además, “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
En junio próximo se definirá el triunfo o la derrota del equipo que lidera Zaldívar en el diseño de un nuevo modelo de justicia para el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, o quedará escriturado el futuro ominoso de la mayoría de los actuales ministros de la Suprema Corte, que podrían ser sometidos a juicio político, defenestrados e inhabilitados para el servicio público. Sin descartar que, por otras vías, como la administrativa y la penal, tengan que rendir cuenta por las faltas administrativas que hubiesen cometido o los delitos en los que hubieran incurrido en su afán de secundar la guerra jurídica de la ministra Piña en su confrontación contra el exministro Zaldívar y contra el mismo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Por el momento, es difícil que puedan concluirse juicios políticos contra el expresidente y la actual presidenta de la Suprema Corte. Es claro que, en la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría simple, podrían procesarse las acusaciones contra la ministra Piña Hernández, al considerar que en el ejercicio de sus funciones ha incurrido en actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
El Artículo 110 constitucional advierte que “la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado”.
Sin embargo, no podría concretarse el supuesto que involucra a la Cámara Alta, en la cual Morena y sus aliados tampoco tienen en este momento la mayoría calificada. Al respecto, el artículo 110 constitucional agrega que “conociendo de la acusación, la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado”. El mismo numeral citado agrega que “las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables” por la vía jurídica.
Las sanciones derivadas de un juicio político consisten en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Sin descartar otras sanciones que pudieran derivarse y aplicarse por las vías administrativa o penal.
Hasta el próximo junio, habrá muchos ruidos y perturbaciones en los espacios públicos. Sólo después de la elección tendremos claro en qué termina esta guerra de dos sexenios, en la que están involucrados el exministro Zaldívar y la actual ministra Piña, presidenta de la Suprema Corte, quien arrastra hacia su propio destino al Poder Judicial de la federación. En el fondo del conflicto subyace el choque entre dos proyectos de Nación.
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19-04-2024 - 12:04 am
"Zaldívar Lelo de Larrea se finge ahora sorprendido por algo que él sabía afloraría tarde o temprano".
Era un secreto a voces. En los ámbitos judiciales se sabía de las presiones directas sobre jueces y magistrados. Presiones y amenazas, extorsiones. Se había convertido en un tema frecuente de las conversaciones entre juzgadores. Lo mismo entre los reporteros que cubren la fuente presidencial. Y trascendía con frecuencia a columnas y análisis políticos publicados en los medios.
El propio Presidente de la República, en una de sus conferencias de prensa matutinas, el 20 de febrero pasado, confesó con sorprendente cinismo que intervino en decisiones del Poder Judicial:
“Cuando estaba el ministro Zaldívar de presidente de la Corte había más recato (sic); cuando había un asunto así de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos”, dijo Andrés Manuel López Obrador. “Cuando se daban estos hechos (en referencia a la liberación de Emilio Lozoya) y estaba Zaldívar, se hablaba con él, y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia y en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía cuidado con esto”.
Hoy el asunto se hace público y se convierte en escándalo: el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coludido con el asesor jurídico presidencial Julio Scherer Ibarra, ejercía presión a través de sus subordinados cercanos sobre jueces y magistrados, para obligarlos ‘’por las buenas o por las malas” a fallar en determinado sentido sus resoluciones y sentencias.
Una denuncia anónima permite ahora a la SCJN, encabezada por su presidenta la ministra Norma Piña Hernández, ventilar el asunto e iniciar una investigación exhaustiva. La denuncia es anónima, pero contiene una cantidad abrumadora de información, con nombres, fechas, lugares, circunstancias. Es contundente. Un personaje central de esta historia de ignominia es el entonces secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Antonio Alpízar Salazar, hombre de todas las confianzas del hoy ministro en retiro –con una pensión de 190 mil pesos mensuales– y asesor de la candidata del oficialismo a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Han salido a la luz decenas de testimonios que confirman la práctica usual de ese operador principal de Zaldívar Lelo de Larrea. El ministro Presidente se cuidó efectivamente de no ser él personalmente quien ejerciera las presiones contra los jueces (lo que contradice el dicho de Andrés Manuel), pero lo hacía a través de su mano derecha, incondicional y de todas sus confianzas.
Se ha documentado que era en las oficinas de Alpízar Salazar, en el piso 14 del edificio del CJF, donde se citaba a los juzgadores para hacerles las “recomendaciones” del caso. También se hacía eventualmente en un rancho propiedad del propio secretario general.
También hay en la denuncia abundante involucramiento de Scherer Ibarra en esta red de extorsiones y tráfico de influencia, lo cual se suma a la larga lista de episodios turbios de que está colmada su biografía. Larga lista. El documento que será base de la investigación ya ordenada cita ocasiones concretas en las que, personalmente, el titular de la Consejería Jurídica de López Obrador ejerció directamente coerción sobre los juzgadores con objetivos políticos… o económicos.
No es casual que haya sido precisamente Scherer Ibarra quien “recomendó” en su momento a Alpizar Salazar y a Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, ambos operadores principales de Zaldívar Lelo de Larrea, para ingresar al CJF. Desde febrero de 2022 se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de ellos dos. Al primero se le señaló por extorsiones a jueces y magistrados y, al segundo, por presuntas contrataciones con sobreprecios de al menos un 30 por ciento. Moches, pues. Nada pasó, también casualmente.
Zaldívar Lelo de Larrea se finge ahora sorprendido por algo que él sabía afloraría tarde o temprano. Su inexplicada renuncia a la presidencia de la SCJN y su rápida afiliación pública a la causa de AMLO y a la candidatura de Sheinbaum Pardo se explican por esa razón: buscó su protección.
Numerosas resoluciones de la Corte a favor de los temas del Gobierno durante su gestión como Presidente del supremo tribunal, documentan su incondicionalidad interesada frente al jefe del Ejecutivo. También su significativo silencio –o soterrado apoyo— ante la fallida intentona de Andrés Manuel por alargar el periodo del propio ministro queretano al frente de la Corte, a manera de ensayo sobre su propio afán de mantenerse en la Presidencia de la República más allá de su sexenio.
En ese mismo contexto se inscriben por supuesto las maniobras de Andrés Manuel para imponer como presidenta de la Corte a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, otra incondicional suya, para sustituir precisamente a Zaldívar Lelo de Larrea cuando renunció sin justificar las razones legales para hacerlo. El plan se frustró por la revelación sobre el plagio que ella cometió en la elaboración de su tesis profesional en la UNAM y luego en la de su doctorado.
Por lo demás, el intento anunciado ahora por el mismo ex ministro y la dirigencia formal de Morena de llevar a juicio político a la ministra Piña – quien de inmediato recibió el contundente respaldo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED)– es la defensa obvia ante las evidencias de su comportamiento. Es un ardid publicitario que puede tener algún efecto favorable para él, pero que no prosperará en el Congreso. Y él lo sabe. El respaldo y la defensa que de él hicieron de inmediato el Presidente y la candidata de Morena no hacen más que confirmar la colusión.
El uso de la ley para objetivos políticos y económicos fue materia también de un libro, Traición en Palacio. El negocio de la justicia en la 4T (Ed. Grijalbo, 2023), en la que Hernán Gómez Bruera recoge diversos testimonios sobre esa práctica común y describe la existencia de toda una red de extorsión dirigida desde Palacio Nacional, concretamente desde la Consejería Jurídica… adjunta al despacho presidencial.
Seguramente tendría mucho que decir sobre este personaje el fantasmal procurador general de la República, Alejandro Gertz Manero, particularmente acerca de las “gestiones” ilícitas de Julito, como se conoce en el medio a Scherer Ibarra. Es bien gordo el expediente que le tiene. El problema es que involucra a los otros dos. Válgame.
@fopinchetti
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19-04-2024 - 12:03 am
Todos los días juntaban firmas y había un empresario que opinaba en contra de la existencia de los diputados plurinominales con el argumento de que salían muy caros. Hoy que el Presidente López Obrador propone eliminarlos ponen el grito en el cielo.
Hay que tener cuidado con lo que pides, no se te vaya a cumplir el deseo, más aún si el genio resulta un tanto perverso, nos enseñan las decenas de chistes que contamos sobre el mágico habitante de la lámpara maravillosa. Algo muy similar sucede en política. Los deseos expresados por los empresarios durante décadas parecen estarse cumpliendo y los más asustados con el resultado son ellos mismos. Valgan algunos ejemplos.
Durante años los empresarios alimentaron la idea de que había que eliminar los plurinominales. Hicieron una gran campaña contra la figura de representación proporcional, encabezada por el entonces conductor favorito de los organismos empresariales, Pedro Ferriz de Con. Todos los días juntaban firmas y había un empresario que opinaba en contra de la existencia de los diputados plurinominales con el argumento de que salían muy caros. Hoy que el Presidente López Obrador propone eliminarlos ponen el grito en el cielo. Era una mala idea antes y es una mala idea ahora: los diputados plurinominales expresan la diversidad del país y lo que cuesten es mucho menos caro que la univocidad.
Durante muchos años, particularmente después del sexenio de Salinas, los empresarios argumentaban en contra de la creación de partidos políticos. Con dos basta, decían, como en Estados Unidos. Ellos se sentían a gusto e igualmente representados por el PRI y por el PAN. Hoy que el Presidente López Obrador habla de dos bandos, liberales y conservadores, los empresarios llaman a eso polarización. Tienen razón. Un país diverso y plural no puede tener sólo dos partidos ni dos visiones. Eso era tan cierto antes como lo es ahora.
En no pocas ocasiones las cámaras empresariales se posicionaron en contra de los amparos que detenían las obras. Los intereses de unos cuantos no pueden estar por encima del todo el país, argumentaban y se quejaban de las suspensiones que los jueces y magistrados daban a comunidades afectadas por grandes obras de infraestructura hidráulica o carretera que les afectaba. Hoy tienen claro que cuando el Gobierno pasa por encima de los derechos de las personas y comunidades necesitamos un Poder Judicial que le exija a los gobernantes en turno que cumplan la Ley, y que ante todo se respeten los derechos sociales.
Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue objeto de todo tipo de denostaciones por parte de los organismos empresariales. Lo menos que dijeron es que defendía delincuentes, cuando no que representaba agendas ideológicas de grupos internacionales. Hoy la CNDH es un desastre, el Gobierno de Morena la destruyó y no hay una voz que haga frente a los abusos del poder.
Lo que da certeza a un país a largo plazo son sus instituciones democráticas. Hay que defenderlas no cuando nos conviene, sino incluso cuando su existencia parece estorbarnos. Las democracias no se construyen en un año ni en una década, sino a lo largo de los siglos. Como dijo alguna vez el exprimer Ministro británico Gordon Brown, en eso de la democracia los primeros 400 años son los más complicados.
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19-04-2024 - 12:02 am
"La tragedia de muerte y desplazamiento forzado es consecuencia de una disputa regional y ejercicios de poder, eso es cierto".
La reciente escalada del conflicto entre Irán e Israel volvió a prender las luces de alarma. En Europa del Este, oficiales de la Unión Europea pintan un panorama fatalista respecto al incremento de las hostilidades con Rusia, teniendo como telón de fondo la invasión a Ucrania ocurrida desde 2022. Hace décadas que no se hablaba de forma tan seria de una Tercera Guerra Mundial.
El mundo se acerca peligrosamente a una crisis de proporciones nunca vistas. En un contexto donde el cambio climático ya comienza a cobrar factura y los países de casi todo el mundo enfrentan procesos de des-democratización, una posible conflagración mundial suma a un panorama poco alentador.
Vladimir Putin lo dijo claramente: la caída de la Unión Soviética fue la mayor tragedia geopolítica del siglo XX. La pérdida de hegemonía a nivel global, trajo consigo duros años de crisis económica en una transición de una economía de corte socialista a una capitalista. Del lado del bloque vencedor, “el fin de la historia” cristalizaba una aspiración a consolidar un mundo unipolar por parte de los Estados Unidos. Y ello no solamente en términos geoestratégicos. Era en el fondo una victoria “civilizatoria” del capitalismo y un modelo muy particular de democracia liberal.
La unipolaridad estadounidense se tradujo en excesos como la invasión a Irak en 2003. También se cristalizó la idea de ampliar su influencia en Europa del Este mediante la inclusión en la OTAN de países antes integrantes del Pacto de Varsovia.
A partir de ahí, Putin, ya con las oligarquías económicas y militares rusas perfectamente controladas, lanzó un reto al bloque occidental. Por su lado, China apostó en los últimos 20 años por el “soft power” y la hegemonía en áreas de influencia política-económica como el sudeste de Asia y África. En este contexto, América Latina tiende ser campo de disputa de las tres potencias.
Con ello se debilita aún más los procesos de democratización de por sí incipientes y frágiles en buena parte del planeta. La polarización y desinformación, además de los cierres del espacio cívico, adquieren un matiz geopolítico.
Lo cierto es que en América Latina y otras partes del mundo, Estados Unidos tendrá que hacerse cargo de los agravios históricos derivados del patrocinio a regímenes dictatoriales y represivos en el contexto de la Guerra Fría. Precisamente por ese pasado, el cuestionamiento a la hegemonía de EUA viene acompañada -tramposamente- de una crítica a los derechos “liberales”, justificando el ascenso de autoritarismos que tienden a acercarse a China y Rusia .
Para estos dos países, las instituciones democráticas y los derechos humanos son un ariete del liberalismo estadounidense, por lo que es válido restringirlos en aras de “mayor bienestar social”. Del lado del Norte Global, se caricaturiza a China y Rusia como potencias perversas sin la mínima autocrítica a un modelo de “desarrollo” que generó desigualdades y inestabilidad política.
Pero no caigamos en la trampa. No están en disputa, como en la posguerra, dos modelos económicos. Sino un capitalismo neoliberal, uno oligárquico ( o de “cuates”) y otro de estado. En el fondo de la disputa está el acaparamiento de tierras, mano de obra y mercados en una lógica de la distribución mundial del trabajo y la producción. Es, en síntesis, una guerra de despojo que permite la captura de los Estados nación y la profundización de los procesos de acumulación de riqueza.
Volvamos a lo dicho desde el principio. Las guerras de ocupación en Gaza y en Ucrania son reflejos de tensiones y agravios históricos acumulados. La tragedia de muerte y desplazamiento forzado es consecuencia de una disputa regional y ejercicios de poder, eso es cierto. Pero a ello se debe sumar la dilución del multilateralismo en el marco de una nueva guerra fría, ahora entre tres potencias. Parece que nada aprendimos de la segunda mitad del siglo XX y su amenaza de acabar con la humanidad por la capacidad de destrucción nuclear.
Los tambores de guerra suenan porque los imperialismos están más vivos que nunca. Hace falta replantear un modelo de gobernanza global, pero también todo un sistema económico que depreda al planeta e impone una lógica guerrera.
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18-04-2024 - 12:04 am
"Esta medida contribuirá significativamente a cerrar una importante fuente responsable de los cientos de armas que ingresan diariamente a México".
Acostumbrados a las malas noticias, a menudo pasamos por alto escribir (y leer) las buenas nuevas. Para romper tan aguafiestas tradición, destaco hoy un hecho reciente.
La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, firmó una ley que requiere que todas las transacciones de compra y venta de armas de fuego en Estados Unidos estén sujetas a un proceso de verificación de antecedentes (background checks).
Esta medida, largamente esperada, apunta directo al corazón de una práctica común que ha permitido a traficantes y criminales acceder a armas de fuego en el país vecino a lo largo del tiempo.
En Estados Unidos hay 77,813 puntos autorizados para vender armas. Son muchísimos. Para dimensionar esta cifra, podemos compararla con el número total de Starbucks en aquel país: hay seis veces más puntos autorizados para vender armas que cafeterías de la conocida sirena.
Estos sitios en donde se comercializan armas están sujetos a una regulación que data de hace treinta años y que los obliga a registrar los datos de cada potencial comprador en un sistema de verificación de antecedentes conocido como NICS.
El NICS, gestionado por el FBI, permite cotejar la identidad de quien desea adquirir un arma con una base de datos de las personas que tienen prohibido poseerlas. A pesar de todas sus deficiencias, este sistema ha mostrado ser eficaz para prevenir casi dos millones y medio de transacciones de armas desde 1998 hasta 2024. ¿Las razones? Entre otras, que los compradores potenciales tenían antecedentes penales, eran prófugos de la justicia o tenían historial de internamiento psiquiátrico.
Hasta este punto, todo bien (o casi). Sin embargo, las leyes federales en Estados Unidos presentaban una brecha significativa, una que ningún presidente había tenido la audacia de cerrar por completo hasta ahora.
En Estados Unidos, además de las transacciones de compra y venta que llevan a cabo los casi ochenta mil puntos de venta autorizados, existía la posibilidad de que individuos, en tanto privados, vendieran sus armas a otras personas sin someterse a un proceso de verificación de antecedentes. Estas transacciones solían tener lugar en sitios web especializados o en los conocidos gun shows: ferias de armas que (todavía) operan como mercados de pulgas donde se intercambian armas usadas.
Esta situación era posible por una simple razón: la ley federal establecía una distinción entre aquellos que se dedicaban a la venta de armas de manera oficial y los vendedores ocasionales. Los primeros estaban obligados a cumplir con el registro y la verificación de antecedentes, los segundos no.
Hace dos años, junto a un grupo de colegas, publiqué una investigación que documentó la existencia de 20,000 gun shows celebrados en Estados Unidos entre 2011 y 2019.[1] Entre los hallazgos de nuestro estudio estaba la ausencia de procesos de verificación de antecedentes en estos eventos, lo que representaba una oportunidad única para el tráfico ilegal de armas.
Aunque no se tiene un registro exacto de cuántas armas se han vendido a lo largo de los años en los gun shows, un informe publicado hace apenas un par de semanas reveló que cuatro de cada diez casos de tráfico de armas analizados entre 2017 y 2021 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) implicaban armas de fuego adquiridas sin pasar por un proceso de verificación de antecedentes.[2] Otras estimaciones de la Casa Blanca calculan que el 22% de las armas de fuego en manos de ciudadanos estadounidenses se compraron sin procesos de verificación de antecedentes.
La buena noticia es que, después de una ardua batalla contra los republicanos en el Congreso y la industria armamentista, el presidente Biden está a punto de cerrar esta brecha que permitía la distribución de armas a posibles criminales. A partir del mes que viene, cualquier vendedor de armas, independientemente de su ocupación habitual, estará obligado a registrarse y aplicar un sistema de verificación de antecedentes, so pena de enfrentar hasta cinco años de prisión.
Si todo sale como se espera y el lobby armamentista pierde su batalla legal contra la decisión de Biden, esta medida contribuirá significativamente a cerrar una importante fuente responsable de los cientos de armas que ingresan diariamente a México.[3]
Es paradójico. Este caso, como otros más, demuestra que la violencia en México está fuera de las fronteras de Estados Unidos, pero las posibilidades de su disminución están dentro.
Si no entendemos el problema de la violencia como uno eminentemente transnacional, seguiremos encadenados muchos años más a nuestro grillete cotidiano.
[1] David Pérez Esparza et al., “Examining a Dataset on Gun Shows in the US, 2011–2019”, Journal of Illicit Economies and Development 4, núm. 1 (2022): 86–96.
[2] Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), “National Firearms Commerce and Trafficking Assessment (NFCTA): Firearms Trafficking Investigations – Volume Three”, el 4 de abril de 2024, https://www.atf.gov/firearms/national-firearms-commerce-and-trafficking-assessment-nfcta-firearms-trafficking.
[3] Sobre el tema ya he escrito en este espacio. Véase, por ejemplo: Carlos A. Pérez Ricart, La violencia vino del Norte, Sin Embargo, 21 de diciembre de 2023. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/21-12-2023/4446459
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18-04-2024 - 12:03 am
"Rocío Nahle García, exsecretaria de Energía del Gobierno Federal y actual candidata de MORENA al gobierno de Veracruz, responde a los cuestionamientos que pesan en su contra".
Rocío Nahle García, exsecretaria de Energía del Gobierno Federal y actual candidata de MORENA al gobierno de Veracruz, responde a los cuestionamientos que pesan en su contra sobre presuntos contratos amañados en la refinería de Dos Bocas; compra de mansiones en Veracruz, Nuevo León y otros estados, así como su fortuna, la cual habría sido amasada durante su paso por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Sobre la casa en el fraccionamiento “El Dorado” –una de las zonas más caras de Boca del Río, Veracruz, la candidata al gobierno de Veracruz afirma que la residencia no es de su propiedad.
Se deslinda:
“Es una casa de 365 metros cuadrados que es propiedad de la sobrina de mi esposo, Maribel Hoyos Peña, quien junto con su esposo la adquirió en 2021 pero no la habitaban. Esa casa yo la conocí en agosto del año pasado y a
mi esposo y a mi nos encantó y decidimos rentarla”.
–¿Cuánto paga usted de renta? –se le pregunta
–treinta y cinco mil pesos mensuales y aquí está el contrato de arrendamiento.
–Y qué tiene que decir sobre el departamento de San Pedro Garza García, Nuevo León, que según versiones públicas cuesta veintiocho millones de pesos?
–Es falso que cueste esa cantidad. Ese inmueble lo compramos en 2015. Tiene 125 metros cuadrados y lo adquirimos con un crédito bancario porque mis hijos se fueron a estudiar a Monterrey. Esa fue la razón por la que lo compramos. Su valor es de unos cuatro millones de pesos. Pero si alguien me da veintiocho millones, pues se lo vendo.
Otra de las propiedades fastuosas que públicamente se le han atribuido a Nahle es una residencia en Miami, valuada en varios millones de dólares.
Dice:
“Yo no tengo esa propiedad, es más, ni siquiera conozco Miami. Es otra infamia, otra calumnia”.
Expone que desde que era diputada federal renta un departamento en la Ciudad de México, en la colonia Anáhuac, que le cuesta veinte mil pesos mensuales. Lleva nueve años viviendo en ese inmueble y cuenta que en su declaración patrimonial, que es pública, señala que tuvo una casa en Villahermosa que ya vendió hace algunos años.
Durante casi cuatro horas de conversación en una de sus oficinas de campaña en Boca del Río, Veracruz –el feudo de Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz –Nahle García también rechaza que su esposo, José Luis Peña Peña, cuente con dos jubilaciones como trabajador de Petróleos Mexicanos.
Explica:
“Mira, a él lo despidieron en la etapa del panismo, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Su despido fue injustificado. Lo que él hizo fue interponer una demanda laboral y fue reinstalado en su puesto con todos los derechos que le correspondían. Pero de eso a que tenga dos jubilaciones, la verdad me parece aberrante que digan eso. Todo esto es parte de una campaña sucia orquestada por Miguel Ángel Yunes. No lo puedo comprender de otra manera. Ellos están muy enojados porque me vine a meter a su territorio, porque quiero decirte que este clan siente que son los dueños de Veracruz. Tanto, que una publicidad de campaña de ellos decía: Veracruz es nuestro.
–¿Públicamente a usted se le atribuyen muchísimas propiedades y un manejo millonario en su campaña que contrasta con el discurso de la austeridad pregonado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuánto ganaba como Secretaría de Energía?
–126 mil pesos, tres mil pesos menos que el presidente.
–O sea, casi la humildad franciscana? –se le cuestiona
–No tanto, pero no tengo abusos en mis gastos. Gasto lo razonable porque lo importante es mi proyecto para el estado de Veracruz y no necesito el dispendio. La gente sabe distinguir eso.
Y abunda que el domingo pasado, cuando fue su cumpleaños, en un municipio de la sierra de Zongolica, los pobladores la festejaron. “Hasta me llevaron pastel”, dice con una sonrisa plácida. Mis actos en realidad son masivos porque la gente quiere que siga la Cuarta Transformación en el estado.
Rocío Nahle ha enfrentado abucheos en Veracruz y Boca del Río, el territorio que dominan Miguel Ángel Yunes y sus hijos. “Todo ha sido orquestado por ellos y la gente lo sabe. Están muy enojados que yo esté trabajando desde aquí (Boca del Río, Veracruz) que es territorio de ellos. Y a donde voy me arman campaña sucia. El otro día fui al municipio de Lerdo y ahí una señora a la que le mataron a su hijo me armó un sainete por este suceso lamentable. Y eso bastó para que pretendieran boicotearme el evento. No se vale. Estoy contra viento y marea pero sí te quiero decir algo muy serio y firme: Voy a ganar la gubernatura de Veracruz.
Transcurrían las horas y el tema obligado se impuso: la refinería de Dos Bocas, cuestionada como una obra improvisada, plagada de fallas, con alto costo (más allá de lo presupuestado) y que al final, según se afirma, sigue sin producir combustibles. La planta, de acuerdo con el proyecto del Gobierno Federal, se construyó para abatir la importación de combustibles. Pero se asegura que a cinco meses de que el presidente deje el cargo nada produce.
Rocío Nahle escucha con atención el planteamiento. Luego, ataja:
“Esta refinería es un gran proyecto. Se hizo en tiempo récord. Una obra como esta tarda unos diez años en construirse. Nosotros la hicimos en cuatro años. Lo que ocurre es que todas las fases deben ser sometidas a pruebas y eso tarda porque el presidente me instruyó que no quería nada de improvisaciones y menos relajar la seguridad de obreros y de la planta. Entonces todo esto ha llevado tiempo”
–¿Por qué no produce? –se le inquiere
–El primero se septiembre de 2023 nosotros sacamos la primera gasolina primaria. La refinería consta de 17 plantas de secuencia y una torre de destilación. En la primera destilación sale la primera gasolina. La carga se metió el 31 de agosto. La gasolina primaria es de bajo octanaje, pero ya es gasolina.
Rocío Nahle, firme como un roble, parece incansable. Destila energía por todas partes y, con ese ímpetu, sostiene que en septiembre de 2023 la refinería pasó todas las pruebas de arranque. Por eso el presidente López Obrador ordenó que ya fuera tomada por Pemex y que la pongan a operar. Ya produce diésel. Faltaba la planta catalítica, que es la que nos da el octanaje de la gasolina, pero eso es cosa de nada para que ya empiece a operar con normalidad. En todo esto está trabajando también la empresa Samsung. La refinería consta de 17 plantas y cuenta con un cuarto de control que no lo tiene ni la NASA. Necesitas ir a verla y recorrerla. Es una gran obra.
–Se cuestionó mucho públicamente que la zona donde se construyó la refinería se inunda. Hay alguna explicación al respecto?
–Si, tuvimos que dragar en el mar para ganar terreno y nivel. La refinería tiene cinco metros sobre el nivel del mar, más que la terminal de Dos Bocas, que cuenta con tres metros. Al dragar se metió el agua pero ese tema fue corregido.
–Se le atribuyen a usted grandes ganancias y millonarias por los contratos de obra de la refinería. ¿Qué responde a esto?
–Es falso. Fui supervisada permanentemente. Tuve ochenta auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); fui permanente revisada por el Órgano Interno de Control y por KPMG (auditor externo). No tuve ninguna observación de daño patrimonial. Sólo hubo observaciones administrativas menores que se subsanaron.
–Pero se benefició con contratos.
–A mi que me digan cuáles. Es muy fácil hablar. Mi esposo iba a la refinería. Me acompañaba. Pero cuando empezó toda esta campaña sucia dejó de ir. Le pedí que no se parara por la refinería.
–Se cuestiona mucho su relación de negocios con Juan Carlos Fong. Es su socio?
–No
–Entonces por qué la cuestionan por esa relación?
–Esta persona es la que más maquinaria tiene en el país y a él se le encomendó, no yo sino la empresa holandesa que ganó la licitación, limpiar 600 hectáreas del terreno donde se construyó la refinería. Se tenía que retirar la tierra y rellenar el terreno con tierra buena. Para ello, se tuvo que dragar en el mar para hacer el relleno. El contrato fue por cinco mil millones y el concurso lo ganó un consorcio holandés. Hay tres empresas de Veracruz que se unieron y constituyeron la compañía Huerta Madre y fueron contratados por los holandeses. Nada tuve que ver en eso.
Respecto a la presunta sociedad que Nahle tiene (o tuvo) con Juan Carlos Fong y la familia Quintanilla, el diario Reforma publicó el 31 de mayo del 2020 una nota respecto a esos lazos de negocios.
Nahle García lo negó y envió una carta al diario que –dice ella –no fue publicada por el cotidiano.
Algunos pormenores de la carta que, según ella, el diario Reforma rechazó publicar se extractan a continuación:
…”El señor Arturo Quintanilla Hayeck, a quien el periódico Reforma hace referencia de ser dueño de la empresa “Huerta Madre”, no tiene participación, ni es integrante o accionista en dicho consorcio, como consta en el acta constitutiva.
“También cabe señalar que el empresario no trabaja en ninguna área de construcción de la nueva refinería, incluso, es necesario mencionar que no ha participado en ninguna de las bases de licitación emitidas por la filial de Pemex PTI Infraestructura de Desarrollo, que tiene a su cargo la ejecución de la obra de Dos Bocas.
“Respecto a la participación de los sobrinos del señor Quintanilla en las bases de licitación emitidas en el sistema federal de Compranet, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), invitó en forma abierta, pública y transparente a participar a empresarios mexicanos y extranjeros para adquirir cierto número de ventiladores, no hubo injerencia alguna de mi parte o de cualquier funcionario público.
“La empresa BIDECOM y Eenergy S. A de C.V., participó como cualquier otra, siendo desechada su propuesta”.
–¿Cuál fue el costo final de la refinería de Dos Bocas?
–Ocho mil millones de dólares, aunque no me atrevo a decir otra cifra porque ya no estoy en la Secretaría de Energía. Eso le tocará a los actuarles responsables.
Rocío Nahle asegura que será la próxima gobernadora de Veracruz y asegura que la encuestadora Demotecnia la coloca por encima de cualquier otro aspirante.
Ya aprendí a caminar en el campo de la política porque en 2012 participó al lado de Andrés Manuel López Obrador como candidata a diputada federal y perdí por mi inexperiencia. Me confié en el IFE y me hicieron un fraude.
En el 2018, en campaña rumbo al Senado de la República, hice un trabajo mucho mejor organizado. Caminé municipio por municipio, como lo estoy haciendo ahora. Actualmente tenemos mucho más estructura. Yo traigo el sello de Morena, soy fundadora de este movimiento. Estoy recorriendo el estado. Llevo 148 municipios de los 212 que tiene Veracruz y la aceptación ha sido estupenda.
–Considera usted que le acompañan para bien o mal los nulos resultados del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez?
–El gobernador ha hecho un buen trabajo, en la sierra, por ejemplo, ha abierto muchos caminos, ha comunicado a muchísimos pueblos y esa gente está muy agradecida con él gobernador.
–¿Observa algún riesgo de que se opere un fraude electoral?
–No estoy confiada, aunque traiga 24 puntos arriba de los otros candidatos. Eso no lo digo yo: lo dice Demotecnia, la encuestadora. No me confío. Lo que sí te puedo asegurar es que yo seré la próxima gobernadora de Veracruz.
Después de cuatro horas de charla, el café estaba frío. Las botellas de agua se habían agotado. Una de sus asistentes abrió la puerta del privado y dijo:
–¿Hace falta algo? ¿Más café?
–No, muchas gracias –respondí con el tono suave de un minué.
Y me despedí con un apretón de manos.
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18-04-2024 - 12:02 am
"El Estado mexicano está ya lejos de poseer la cualidad básica del monopolio de la violencia y de la exacción fiscal".
Ayer, 17 de abril, participé en la sesión dedicada a México en el ciclo de conversaciones sobre las elecciones de 2024 del foro Voces para la Democracia del Instituto Universitario Ortega y Gasset en Madrid. El seminario, organizado por Francisco Parra y Otto Granados, contó con la participación de académicos españoles de primer nivel: Esther del Campo, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Joan Subirats, ex ministro de Universidades del gobierno de España y Fernando Vallespín, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid y a quien tuve de profesor hace más de treinta años en el Centro de Estudios Constitucionales. Su participación sirvió para situar en el contexto de la crisis de la democracia en el mundo las concreciones de las elecciones de junio, en las que se erigirá no solo quien ocupe la Presidencia de la República, sino a todo el Congreso de la Unión, a casi la mitad de los gobiernos y legislaturas estatales y a un número ingente de alcaldes e integrantes de cabildos de todo el país.
El tono académico y abstracto de la mesa de académicos españoles, contrastó con el del panel en el que me tocó participar, pues en ella se reflejó el deterioro de la conversación pública que se vive en México: mientras que Víctor Alarcón, colega de la UAM Iztapalapa, y yo tratamos de abordar la pregunta detonante sobre la salud de la democracia en México, planteada por Yaiza Santos, de manera reflexiva y sustentada, la tercera participante, una joven para mi desconocida, Sasi Alejandre, lanzó una perorata propagandística, confusa y abigarrada, según la cual el actual gobierno representaba la instauración de la democracia auténtica y cualquier crítica no era otra cosa que un intento por frenar el cambio verdadero. En fin, lo mismo que repiten los jilguerillos del nuevo oficialismo, aunque expresado sin ton ni son, al grado de provocar grima a buena parte del auditorio.
La cuestión que pretendía responder la conversación era qué podemos esperar de las próximas elecciones. Mi planteamiento fue que yo no veía el futuro con optimismo, pues tanto la heredera designada como la candidata de la oposición arrejuntada no se hacen cargo de la profundidad de la crisis estatal que vive el país. El Estado mexicano está ya lejos de poseer la cualidad básica del monopolio de la violencia y de la exacción fiscal. Los servicios que presta son de baja calidad y están en franco proceso de deterioro. Si ya el Estado mexicano era bastante fallón, el gobierno que termina ha aumentado su ineficiencia y ha exacerbado su carácter de sistema de botín, mientras que la única rama estatal que ha aumentado su poder, que no su eficacia para reducir la violencia, es la militar.
Para cerrar, Yaiza nos preguntó qué le pediríamos a la próxima presidente de México, ante el hecho de que por primera vez en la historia una mujer ocupará la jefatura del Estado y del gobierno en México. Mi respuesta fue que ganare quien ganare, solo será exitosa si convoca a un nuevo pacto político mucho más amplio e incluyente que el de 1996 y, por supuesto, todo lo opuesto a la polarización promovida por López Obrador.
El pacto político que México requiere implicaría una profunda reforma del Estado, para fortalecerlo, ampliar su legitimidad social y dotarlo de las capacidades que hoy no tiene para reducir la desigualdad, combatir la pobreza y reducir la violencia. Un pacto que rompa con la inercia anti fiscal que ha caracterizado al Estado mexicano desde 1821, de la cual el actual Presidente ha sido un paladín destacado.
Sin reforma fiscal profunda, el Estado mexicano seguirá siendo incapaz de garantizar los derechos básicos que supuestamente debe garantizar una democracia, si por democracia entendemos un sistema de organización social en el que loa ciudadanía no tiene solo la capacidad de elegir representantes y gobernantes y, por consiguiente, de deshacerse de los malos gobiernos, sino que tienen derechos exigibles ante las autoridades, con una judicatura independiente, que impida el poder arbitrario y resuelva las controversias entre particulares sin recurrir a la violencia.
Porque el pacto político y social que requiere México para frenar la decadencia implica construir un auténtico sistema de seguridad social, con sanidad universal y con educación de calidad. El auténtico Estado de bienestar no se puede sustentar en programas sociales que solo generan dependencia clientelista, sino que debe girar en torno a derechos universales efectivos y para ello se requieren recursos que solo pueden provenir de los impuestos bien diseñados y recaudados con eficacia.
Sin recursos fiscales no será posible construir un sistema de seguridad de carácter civil, con arraigo en las comunidades y que no se base en la punición, sino en la prevención y la contención de la criminalidad y la violencia, pero un nuevo arreglo fiscal será imposible sin un nuevo pacto de elites que convoque a la mayoría de la sociedad mexicana y supere el encono usado en beneficio del autócrata.
Un nuevo pacto social es indispensable para dotar al Estado de las capacidades necesarias para enfrentar la crisis climática que amenaza la viabilidad misma de la vida humana. Sin un estado eficaz, México no podrá contribuir al esfuerzo mundial necesario para ralentizar el desastre que viene.
El nuevo acuerdo social necesita, sobre todo, sustentarse en una legitimidad del orden jurídico hasta ahora desconocida en México. Para que las relaciones sociales dejen de ser gestionadas de manera arbitraria, siempre en beneficio de los más ricos o de los que más clientelas controlan, se necesita que la ley deje de ser un marco para la negociación de la desobediencia y se convierta en un auténtico sistema de reglas del juego parejas para todos y eso solo se puede lograr sobre la base de un nuevo consenso cultural detonado desde la política.
El nuevo pacto no debe aspirar a construir el paraíso en la tierra ni a superar todas las contradicciones económicas y sociales. Debe tener un objetivo mucho más modesto: lograr por fin que México tenga un Estado decente y que funcione, para usar la afortunada fórmula acuñada por Javier Cercas. Sin embargo, mi previsión es tremendamente pesimista: ni una candidata ni la otra tiene el talento y la voluntad de estadista que una revulsión de esta envergadura requiere.
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18-04-2024 - 12:01 am
"Es evidente, como la luz del día, que están trabajando para instalar la narrativa de que la elección debería ser anulada por inequidad en la contienda, y por las faltas del presidente".
Hace unas semanas escribía sobre la naturaleza de los discursos de los intelectuales, parte de la oposición, en torno a las elecciones y en cómo cifraban el triunfo de la democracia en función del triunfo de la candidata del frente opositor. Una barbaridad antidemocrática, por supuesto. Conforme los leo y los escucho, más estoy convencida de que desprecian, profundamente, a los votos y a la democracia misma cuando sus intereses no son favorecidos por la mayoría de los ciudadanos o cuando pierden elecciones. Fíjese si no querido lector, lo que está pasando ahora.
Como ya parece evidente para todos, pero sobre todo para ellos, la candidata que escogieron por dedazo en el frente opositor conformado por el PRI, el PAN y el PRD, Xóchitl Gálvez, es una pésima candidata. Todos los días comete algún error, y conforme avanza el tiempo y la investigan, le van encontrando puntos débiles. Cosas que dijo y que contradice lo que en campaña dice. Abucheos, videos derrotistas, etc. A eso, súmele que no sube en las encuestas, más el pésimo resultado del debate y el post debate, que perdió y en lo que coinciden de manera unánime los comentaristas de ambas filiaciones políticas. En resumen: a la mitad de la campaña no parece ya tener la más mínima posibilidad de ganar las elecciones, más bien las dudas se concentran en el grado de derrota que sufrirá la coalición opositora.
Es en este contexto en donde comenzamos a ver ya otras manos operando para tratar de enderezarle el barco a la candidata. Al menos eso parece, indudablemente, la denuncia anónima contra el ex Ministro presidente Zaldívar y sus colaboradores dentro del poder judicial, sometida a investigación por la Ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Una denuncia anónima y escandalosa, completamente inédita, que se presentó justo ahora, en medio de la campaña electoral contra uno de los colaboradores más importantes de la campaña de Sheinbaum y cercano al lopezobradorismo y, que contrario a todo orden, fue filtrada a los medios con la obvia intencionalidad de convertirse en proyectil político.
A esto, el ex ministro Zaldívar ha respondido con diversas denuncias contra la Ministra presidenta de la Suprema Corte. Este grave pleito político, nunca antes visto, sitúa al poder judicial como un actor político faccioso por no cuidar la secrecía de la denuncia y el manejo que ha hecho del caso. No es una buena noticia para nadie, pero especialmente para aquellos que se habían instalado en la narrativa de que el poder judicial era imparcial, institucional y pulcro, es decir, la oposición. Nada de ello, querido lector. Estamos frente a un poder corrupto y faccioso que está llevando a cabo una exhibición vergonzosa (además de ilegal). Sean ciertas o no las acusaciones, la filtración de la denuncia y su obvia intencionalidad política, deja al poder judicial más desacreditado de lo que ya estaba y paradójicamente, el golpe contribuirá para legitimar la reforma del poder judicial que el presidente López Obrador propone. La decisión de filtrar la denuncia a la prensa no deja lugar a dudas de que se trata de una operación política, no judicial y manda una señal ominosa de que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, ni más ni menos, está capturada por intereses políticos.
Esto se vuelve aún más preocupante cuando escuchamos a intelectuales opositores, en cadena nacional, contar sus planes ante la que ya parece una inevitable derrota: la posibilidad de la anulación de la elección presidencial. Es evidente, como la luz del día, que están trabajando para instalar la narrativa de que la elección debería ser anulada por inequidad en la contienda, y por las faltas del presidente. El discurso se centra en otorgar diagnósticos sesgados para argumentar que las elecciones no serían válidas y entonces recurrir ante el poder judicial. De ese tamaño es su desprecio por la democracia. Es decir, desprecian los votos y conminan a los partidos a intentar ganar en tribunales lo que ya avizoran no podrán ganar en las urnas. Yo lo considero una deriva muy peligrosa, por antidemocrática, querido lector. ¿Se atreverán a hacerlo como ya lo sugieren abiertamente sus intelectuales oficiosos?
No lo sabemos, pero es obvio que ante el fiasco de la candidata opositora están desesperados ¿qué otras bombas lanzarán? ¿cómo se conducirán cuando pierdan las elecciones? Creo que no debería haber sorpresa cuando argumenten que perdieron porque la cancha no estaba pareja, aunque esto sea debatible y de ninguna manera esa inequidad, si la hubiere, pueda inclinar la balanza como para darle a la candidata puntera más de veinte puntos de ventaja. Y aquí está el punto, querido lector, los opositores son incapaces de aceptar, ya no digamos entender, que una mayoría apoye a este gobierno, se incline por la continuidad del proyecto morenista, de manera libre y legítima y no esté dispuesta a darle el poder a la oposición nuevamente.
Al menos eso dicen las encuestas, hasta ahora. Si les creemos, lo más probable es que gane Claudia Sheinbaum por la enorme ventaja que tiene sobre Gálvez. Eso lo sabemos todos, y por eso han tenido que actuar otros actores que, en teoría, no deberían ser parte de la disputa electoral. El costo de meter las manos en el proceso es aún de consecuencias desconocidas, así como la resolución de las múltiples denuncias de ambas partes que tomarán mucho tiempo en resolverse.
Todo esto es muy preocupante, porque están utilizando a las instituciones que tanto han defendido, con tal de evitar que Morena siga en la presidencia. Por lo visto, no tienen la menor vocación democrática para aceptar la voluntad mayoritaria, para entenderla, ni para respetarla: están dispuestos a todo con tal de conseguir un triunfo que muy seguramente no podrán obtener en las urnas. Lucen muy mal, la verdad.
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17-04-2024 - 12:05 am
"La denuncia anónima fue su manera torpe, burda y obtusa de meter a un poder como el judicial en la elección de este año".
Un día después del fracaso de la candidata del PRIAN en el debate presidencial, la Presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, recibió casualmente una denuncia anónima contra el ex presidente de la misma Corte, Arturo Zaldívar, encargado de la reforma judicial en el equipo de campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Un día después, con toda diligencia y, diríamos, hasta con precipitación, Norma Piña emitió una orden para que la Judicatura investigara estos hechos que se denunciaban por una fuente anónima. Piña preside la Judicatura, así que, digamos que se ordenó ella misma una investigación. Las hojas de la denuncia anónima fueron repartidas a todos los medios de comunicación y causaron la extraña sensación de estar vinculados con el fracaso de la campaña de Xóchitl Gálvez quien, de inmediato, pidió que Zaldívar se separara del equipo de Sheimbaum. La acusación anónima se difundió, eso sí, con los nombres de todos los involucrados, sin testar, es decir, sin esos plumones negros que se usan cuando un anónimo denuncia a una persona real.
Leyendo la supuesta denuncia, lo primero que salta a la vista es que está redactada con el lenguaje del chismorreo, del rumorcito delante del garrafón de agua de la oficina. Pero se trata de la Suprema Corte y va firmada por Norma Piña, así que hay que tomarla en serio. Se acusa al antecesor de Norma Piña de presionar a jueces y magistrados para que tomaran ciertas resoluciones. Pero lo que leemos es que unos se negaron y otros, los que sí tomaron las resoluciones, fueron buenos juzgadores, a mi entender y, sobre todo, en el interés de millones de mexicanos: algunos de estos jueces ayudaron a detener los amparos de Claudio X. González contra el AIFA y el Tren Maya o encarcelaron a Emilio Lozoya, Rosario Robles, y le congelaron las cuentas a Genaro García Luna. Además de a Arturo Zaldívar y sus allegados, la doctora Piña pasa a nombrar a 67 jueces y magistrados y “muchos más” —así dice— “quienes voluntariamente decidieron participar en las corruptelas, actuando en la forma que le fuera solicitada, obtenía grandes beneficios, como eran total impunidad en cualquier queja que pudiera existir”. En esa lista de 67 hay cuatro jueces que ya murieron, y aparece hasta el célebre Gómez Fierro, el que le dio un amparo, no sólo a Iberdrola, sino a todas las empresas eléctricas extranjeras en México argumentando el inexistente derecho humano a “competir económicamente”. No aparecen, por ejemplo, los que sí sabemos que fueron presionados y sobornados, como el juez Samuel Ventura Ramos, de Tamaulipas, que emitió sentencias absolutorias contra 120 personas implicadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos para el ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca. Tampoco vemos a la jueza de Iguala, Cecilia Crockman, o a María Dolores Olarte en Zapopan que han ordenado, entre mayo y julio de 2023, la liberación de Héctor “El Güero” Palma. Tampoco veo a los jueces que decretaron la libertad de Rafael Caro Quintero, de los dirigentes de la Unión Tepito, de “La Vaca” o de El Contador del Cartel del Golfo, del “Fantasma” del Cartel del Golfo, el “Mini-mix” de Colima, o los 31 integrantes de la organización criminal del “El Marro”, José Antonio Yépez, que se decian al huachicol en Guanajuato. Y menos veo al ministro de Salinas Pliego en la Suprema Corte, Luis María Aguilar, que escondió durante un año el expediente de la evasión de impuestos por 40 mil millones de pesos. Y ya no se diga a los magistrados Rolando González Licona, Eduardo Baltazar Robles y la magistrada Amanda Roberta García González que le descongelaron las cuentas a la esposa de Genaro García Luna, al día siguiente de que un jurado en Nueva York lo declarara culpable de narcotráfico mientras era secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Ninguno de esos está en la denuncia anónima.
Lo que sí está es un nada disimulada ansia de venganza. Sus objetivos principales son el propio Zalívar, el que fue Secretario de la Presidencia de la Judicatura, Carlos Alpízar, y el de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval. Por ejemplo, la anónima a la que le dio entrada Piña, dice: “Obligaron” —así, en bola, es decir, usando un plural indefinido— “a la ministra Batres a tener a Netzaí Sandoval como coordinar de ponencia”. Lenia Bartres desmintió de inmediato. Dijo: “Nadie me ha presionado para elegir al personal de mi ponencia, mucho menos al coordinador. De cualquier forma, habría ignorado cualquier intento de presión”. Y Batres aprovechó para dar su opinión: “Hacer pública la denuncia anónima y el acuerdo de inicio de investigación durante esta etapa electoral que vive nuestro país, constituye un elemento desafortunado tanto para la resolución jurisdiccional del tema, si procediere, como para la coyuntura propiamente política. La filtración de una denuncia y de su acuerdo admisorio es ilegal”.
Contra Carlos Alpízar, el de la Judicatura, hay esta ausación, por ejemplo: “Presionó al magistrado Ismael Hernández con cambio de adscripción para que recibiera a los abogados de alguna de las partes”. Así, quién sabe qué juicio, y quién sabe qué partes. Así está redactada la denuncia. Luego, dice: “Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica: Jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, recibieron presiones de todo tipo por el Poder Ejecutivo y de Arturo Zaldívar, amenazas de procesos penales y administrativos, así como de investigaciones en sus finanzas; el primero de ellos también presionado con el asunto de televisa, recibía llamadas de amenazas”. Sabemos que Gómez Fierro, además de sus amparos a la industria eléctrica y a la de telefonía celular para que no colaboraran en la detención de extorsionadores y secuestradores, fue ascendido de juez de dsitrito a magistrado de circuito. De la Peza acabó dando 27 órdenes de suspensión contra la Ley Eléctrica de AMLO que buscaba proteger a la CFE y el precio de la luz. Así que, ellos podrían decir que los presionaron, pero a la vista de los resultados, hasta premiados resultaron.
Hay otras acusaciones que no suenan nada “jurídicas”. Por ejemplo “hacerle la vida imposible” a una magistrada. Así dice de Cristina Porras, que llevó el caso Rosario Robles y quien, sin miedo al quemón, sostuvo que el dinero de la señora Robles no tenía nada que ver con que se pudiera dar a la fuga y que inferirlo, constituía una discriminación de género. Acusa la anónima también a Felipe de Jesús Degadillo Padierna, por el caso Rosario Robles. La denuncia es demoledora. Dice: “Por la ercanía de su tía con Morena”. Se refiere a la tía Dolores Padierna.
Otras acusaciones se refieren a que se les avisaba a “diversos juzgadores, principalmente de Primer y Segundo Circuito para ordenar que resolvieran de manera prioritaria asuntos relacionados con extradiciones a los Estados Unidos, o presionarlos sobre asuntos específicos, cuyas personas relacionadas y sus detenciones eran usadas como motivo de orgullo del Presidente en mañaneras previas”. En esta frase se les desparrama a la denunciante de Norma Piña todo su odio contra las mañaneras. ¿Qué tiene que ver el orgullo del Presidente con cumplir con una orden de extradición de un delincuente? Detrás está toda una idea de la oposición sobre AMLO: que sus mañaneras no son ruedas de prensa para informar y denunciar, sino actos de narcisismo. Leer esta denuncia, en algunas partes, es como leer El Rey del Cash o un tuit de Mario de Constanzo, Loret de Mola, o Alazraki.
Continúa la denuncia: “La Asociación de Jueces y Magistrados Federales sufrió presiones, amenazas, acoso y trato denigrante del “sirviente” de Zaldívar”. Dice “sirviente”. Así, un insulto al encargado de la judicatura. En una denuncia firmada por Norma Piña. Ahí me declaro incompetente para saber qué le ocurría en esa madrugada de martes posdebate a quien redactó. Se le empezaron a salir los odios, el aborrecimiento, la furia contra los denunciados. A tal grado de decirle criado a un funcionario público.
“El juez Francisco Migoni fue presionado a tal grado que prefirió renunciar, lo anterior, con motivo de las resoluciones en las que levantó el bloqueo de cuentas que la UIF tenía sobre Hidrosinsa (así dice, aunque es Hidrosina), el amparo concedido a Grufesa, el desbloqueo de cuentas de la hermana de García Luna”. Se trata del juez Francisco Gorka Migoni Goslinga, que le perdonó a Hidrosina el bloqueo de sus cuentas por vender gasolina robada a Pémex en sus expendios. Eran 31 cuentas bloquedas por la UIF de Santiago Nieto y al dueño de Hidrosina se le relacionó también con Javier Duarte, el ex gobernador veracruzano de la abundancia, y con la Inmobiliaria Moka que destruyó el manglar de tajamar en Quintana Roo. En cuanto a Grufesa, es el Grupo de Fármacos Especializados que durante el gobierno de Peña Nieto ganaron 106 mil millones por licitaciones de sus medicinas y concentraron el 35% de toda la compra del gobierno. Los Pérez Fayad de Gufresa no necesitaban de un amparo: son los mismos dueños de Farmacia San Pablo. Del desbloqueo a las cuentas de la hermana de García Luna, Esperanza, que era la jefa de la policía cibernética en el gobierno de Felipe Calderón, un juez de Jalisco, Agustín Archundia Ortíz, se lo negó en marzo de este año. Así que no sabemos qué tendría que ver el otro juez, Migoni Goslinga, en todo esto.
Las acusaciones contra Carlos Alpízar terminan con una demoledora. Dice: “Acudió a la “mañanera” del titular del Poder Ejecutivo Federal, a rendirle cuentas”. Se refieren al 15 de septiembre de 2022 en que fue a informar durante dos minutos, dos minutos, sobre la liberación de mil 198 personas inocentes, es decir, del trabajo entre la Defensoría Pública y la secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero la redacción dice claramente que fue a “rendirle cuentas” al Presidente López Obrador y no a la prensa ahí sentada o al público que seguimos la mañanera.
Luego viene una joya. Es contra Edgar Bonilla del Ángel, Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Dice la anónima: “Presionaron a las empresas que tenía contratos con PEMEX para declararse en quiebra a cambio de sobornos y prometiéndoles que así no pagarían nada a sus acreedores. Cuando la empresa no aceptaba, el Instituto realizaba prácticas dilatorias, solicitudes sin fundamento y recursos innecesarios a fin de retrasar el procedimiento o bien, evitar la ejecución de resoluciones que las pudieran beneficiar a la empresa “rebelde”, aprovechando sus contactos con instituciones bancarias, como la novia del director que es alta funcionaria de CIBANCO para lograr su cometido”. Es una joya porque se refiere a una empresa italiana, Micoperi, que ganó con Emilio Lozoya y peña Nieto 7 contratos por 7 mil millones, es decir, un sobrecosto del 30% y, luego, no se presentó a firmarlos porque no tenía el dinero para la inversión. Micoperi es socia de Navieros del Golfo, que tiene compañías inexistentes, factureras, según el SAT y, algo que no depende del onmipresente AMLO, apareció como evasora de impuestos en paraísos fiscales en Panamá Paper y en Pandora. Lo de que la novia del abogado es “alta funcionaria” del CIBANCO y que, desde esa tremenda institucióin bancaria, logra presionar a una compañía italiana, es un chiste que se cuenta solo.
Luego, vienen las acusaciones contra Netzaí Sandoval, que dirigió la Defensoría Pública, es decir, la de la gente pobre que no tiene para pagar un abogado. Dice textualmente la denuncia: “Se le asignó el caso Wallace, donde ordenó que la línea que se siguiera era conseguir a costa de lo que sea la libertad de los implicados, tanto que por conducto de Salvador Leyva Morelos Zaragoza (“incondicional”), le exigió a María Dolores Vera que en este caso alegara actos de tortura, pero se negó”. Esto se refiere al roñoso caso de la señora Wallace que se presume por varios periodistas, de México y de Estados Unidos, que fabricó el asesinato de su hijo y, luego, inculpó mediante torturas a una célula criminal de su propia invención. Así que, hasta donde este columnista sabe, Netzaí actuó conforme a la justicia.
Pero sigue acusándose a quienes hicieron bien. Por ejemplo, al Juez de Distrito Iván Aarón Zeferín Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango, se le acusa de cumplir con su responsabilidad. Dice: “Giró orden de aprehensión contra el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en el que se violó el fuero del imputado”. No es tal, porque el “imputado” Cabeza de Vaca se le quitó el fuero por parte de la Cámara de Diputados el 20 de septiembre de 2023. Otra cosa es que la Corte jamás resolvió qué hacer cuando el fuero lo ratifica el Congreso local, como ocurrió con Tamaulipas. Pero todavía Norma Piña se da el lujo de agregarle al juez: “y contra el coronel Eduardo León Trawitz, sin fundamento”. León Trawitz era quien distribuía el huachicol a escala industrial desde su puesto como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex. Está detenido en Canadá y, a menos que Norma Piña, quiera acusar a Zaldívar de presionar a los canadienses, no sé para qué mete eso.
Otra acusación que tampoco entendí es ésta: “Juez José Artemio Zúñiga Mendoza. Pasó de resolver los asuntos de Lozoya, Videgaray, Genaro García Luna e Ignacio Ovalle a ser readscrito para librar órdenes de cateo al hermano del “Mencho”, todas las resoluciones dictadas atendiendo a las instrucciones del exministro”. No me queda claro por qué un mimso juez no puede ordenar cateos en ranchos del hermano de Nemesio Oceguera, Antonio, del Cartel de Jalisco, si antes resolvió asuntos contra la corrupción política de Emilio Lozoya y Genaro García Luna. No le veo sentido a esa redacción precipitada, vulgar, imprecisa y de tal mal intencionada, que al final resulta confusa.
En las últimas horas, el propio Arturo Zaldívar anunció el inicio de un procedimiento para un juicio político contra Norma Piña. La denuncia anónima fue su manera torpe, burda y obtusa de meter a un poder como el judicial en la elección de este año. Zaldívar señala las argucias para influir en que se quedara en el Tribunal Electoral como presidente el impresentable de Reyes Rodríguez Mondragón, pieza del grupo de Felipe Calderón. Piña señala gente por nombre y apellido en los medios de comunicación pero no exhibe a su denunciante anónima. Al mismo tiempo amenaza con liberar a todos los presos por prisión preventiva oficiosa, una cifra que ronda las 60 mil personas que estarán libres, entre ellos, secuestradores y narcotraficantes. Todo a la mitad de las campañas para renovar la Presidencia de la República. Está claro que Piña está ahí para librar una guerra contra la 4T. Su nombre es “desestabilizar”.
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17-04-2024 - 12:04 am
"Extraña experiencia la nuestra que a veces creemos, o pretendemos, saberlo todo".
En memoria de Gonzalo Dávila Palafox: generoso amigo, maestro del optimismo sensato y del sabio humor, compañero de viaje en un bello proyecto, al fin, de vida.
I
Esa costra de preocupaciones y deseos,
nos impide respirar a plenitud.
Abrir la cortina del paisaje:
la vida
con toda su complejidad
no deja de ser un nido,
y no solo la tumba como destino.
Advierte
querámoslo o no,
del mundo que ignora
a dónde va y de dónde viene.
Extraña experiencia la nuestra
que a veces creemos,
o pretendemos, saberlo todo,
y no obstante, lo fundamental
se nos escapa y preferimos olvidar.
Es el tema vital más relevante
y ausente en la educación
en todos sus niveles.
Más que las herencias genéticas
compartidas,
donde se descubre lo absurdo
de las divisiones raciales;
el secreto del destino de la humanidad,
una frase en sí misma pomposa,
no está en la cotidianidad que nos define.
Esta ausencia,
hoy,
es el tránsito del drama
a la tragedia.
II
El empoderamiento
de los medios tecnológicos,
su aparente o real simbiosis
con el quehacer humano,
hasta comenzar a definirlo,
disuelve las posibilidades
de tomar una distancia
indispensable,
para retornar a las preguntas
e incertidumbres originales,
que nos atañen
como criaturas y especie;
dos términos
a punto de ser obsoletos.
III
Estamos en la frontera
de la desaparición
por voluntad propia,
no solo por el ciclo biológico;
el tema implica,
la dinámica sociológica
en su acepción
más amplia y profunda
que se manifiesta
en la cultura y la mente:
las tensiones inherentes
de la conciencia
y sus quehaceres.
Sabemos que algo
no está bien,
los sentidos y el instinto
advierten de una pérdida,
y de la avasallante ficción
que se expande,
dentro y fuera de cada quien.
En medio de todo ello,
incluso en sus entrañas,
requerimos asentar
el poder impecable
e implacable
de recordar ser creaturas:
un parpadeo de la vida,
su soplo de luz,
su presencia sin más,
agradecida,
en las aventuradas noches
que preparan y asientan
los amaneceres,
del infatigable calendario,
que cada uno lleva.
IV
En esta madrugada lejana
de las guerras que se escuchan,
ponderar una pausa colectiva
convertiría a la danza en pintura,
a la pintura en poesía,
y a la palabra en ofrenda:
su ígneo temple,
ante la sequedad del páramo
de la indiferencia.
Pd.
Reproduzco un artículo publicado en el periódico Reforma el 20 de noviembre de 2008 sobre la visita a México del Ayatolá Seyed Khatami, para señalar que dentro de Irán palpita una democracia islámica, que puede ser la llave para encontrar la Paz en la región. La sociedad iraní, es más compleja de lo que expresan la mayoría de los medios. Esperemos que Israel y Estados Unidos y los demás actores involucrados, procesen el actual conflicto con sabiduría política y no solo con la lógica militar de la guerra. El gobierno de Irán está en una encrucijada que los puede llevar a un callejón sin salida; reconocer la vitalidad democrática de su sociedad es el camino para la Paz y un futuro entendimiento con todos los países del Medio Oriente. Lo que sembró Khatami como presidente de Irán (1997-2005) está latente y es el camino del único mañana posible: el Diálogo entre Civilizaciones, su apuesta y la de muchos: hombres y mujeres que no se rinden a la adversidad interna y a la amenaza externa, tanto en Irán como en Israel.
De la visita
Desde el año 2004, Seyed Khatami había visualizado la posibilidad de viajar a nuestro país. Por diferentes razones tuvo que posponer su viaje. En aquella fecha era el presidente de la República Islámica de Irán y enfrentaba una de las situaciones más difíciles, la invasión por parte de Estados Unidos de dos países vecinos: Afganistán e Iraq. El poderoso Ejército norteamericano prácticamente estaba situado a las puertas de su país. Khatami desde 1997 cuando ganó las elecciones emprendió un proyecto reformista que amplió los derechos ciudadanos, las libertades civiles y apoyó a las mujeres en su participación activa en la sociedad posrevolucionaria iraní. También realizó una activa política exterior para romper el aislamiento de su nación y llegó a entendimientos con paises como Arabia Saudita, disminuyendo así fuertes tensiones en aquella región del mundo. La presencia militar norteamericana afectó el proyecto reformista que encabezaba y volvió a generar en la población iraní temores y fuerte suspicacia sobre las intenciones del presidente Bush, suspicacia aún mayor después de haber colaborado con inteligencia militar en la caída del régimen talibán y recibir a cambio el calificativo de ser parte del eje del mal.
Khatami logró que Irán se mantuviera al margen del conflicto bélico, pero no pudo ahondar en su proyecto de reformas. Sus dos periodos de gobierno, que van de 1997 al 2005, consolidaron la democracia islámica.
Su estrategia conceptual fue impulsar el diálogo entre civilizaciones para concentrar una fuerza politica dentro y fuera de Irán que desaliente las posturas extremistas tanto en Occidente como en el mundo musulmán. La capacidad de entendimiento como una cualidad de las sociedades políticas y como una virtud del ser humano frente a la apuesta de la violencia. El propio concepto obliga a una apertura para encontrar el equilibrio entre los avances científico-tecnológicos de Occidente y los valores espirituales del mundo musulmán y en general de las sociedades orientales. En términos prácticos de la política real implicó la posibilidad de un acercamiento con Estados Unidos en el periodo del presidente Clinton que buscó superar un pasado de décadas de enfrentamiento entre ambas naciones. En este campo los resultados fueron mínimos; en todo caso se delineó un esbozo para mejores tiempos.
Al dejar la Presidencia hace dos años, se dedicó a establecer su Instituto Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones y Culturas y a promover desde la cultura los vasos comunicantes necesarios para desplazar la sombra del miedo que oscurece la visión entre las diversas sociedades.
La semana pasada en un viaje relámpago estuvo en México, lo recibió el presidente Calderón con quién compartió su reflexión sobre el papel significativo que tiene México como actor indispensable en el ámbito internacional para construir puentes de entendimiento no sólo en el continente americano sino también en otras regiones del mundo. Más tarde estuvo en San Luis Potosí invitado por el gobierno del estado y El Colegio de San Luis donde impartió una conferencia en torno a la justicia internacional. A la mañana siguiente se trasladó por carretera a Guadalajara y en su universidad pública ofreció una disertación sobre la literatura mexicana y su importancia para la comprensión entre los pueblos. Esa misma noche, ya de regresó en la Ciudad de México, participó en el programa de Carmen Aristegui de CNN en español.
A la mañana siguiente desayunó con los miembros del Comexi, invitado por el ex canciller Fernando Solana y la embajadora y académica Olga Pellicer. Khatami presentó sus propuestas del diálogo entre civilizaciones y defendió las posibilidades del mismo desde una democracia islámica. Al mediodía estuvo en El Colegio de México donde compartió una mesa redonda con profesores expertos en Medio Oriente y Asia y señaló como actores claves de ese diálogo a los artistas, académicos, escritores e intelectuales. De ahí partió al periódico Reforma para comer con sus directivos y algunos de sus articulistas. Así terminó sus actividades en México para retornar a su país. Un amigo estudioso de su trayectoria política y del Medio Oriente que acompañó a Khatami en su recorrido comentó: hay líderes que cuando los conoces personalmente se te desmoronan, hay otros, como Seyed Khatami, que no sólo te confirman lo que esperabas sino te sorprenden aún más; lo que él representa es clave no sólo para la paz en Irán sino para la paz en el mundo.
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