Desde hace meses, el colectivo “Valor por Tamaulipas” se convirtió prácticamente en el único medio que tenían los habitantes de esa entidad para enterarse, resguardarse y apoyarse contra la violencia que asola las ciudades más importantes de esa entidad.

Con una valentía que enorgullece frente a la ineficacia e incluso colusión de las autoridades con grupos del crimen organizado, los ciudadanos que encabezaron este esfuerzo por servir a sus semejantes soportaron las amenazas de delincuentes, que no dudaron en ponerle precio a sus vidas, sin que ni el Gobernador Egidio Torre Cantú y los cuerpos policiacos locales, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa o el actual mandatario Enrique Peña Nieto expresaran una sola palabra de solidaridad.

Ayer, finalmente, el colectivo cerró sus cuentas en Twitter [@ValorTamaulipas] y su página de Facebook [Valor por Tamaulipas], desde donde operaba con decenas de miles de seguidores.

Ahí, el grupo alertaba a los tamaulipecos sobre la posición de los grupos criminales durante sus “operativos”, y denunciaba a los “halcones” o soplones, hechos que la prensa local –amenazada por el crimen organizado– simplemente no informa.

Aunque no han expuesto las razones del cierre de esas cuentas en las redes sociales, es claro que el cerco impuesto por los criminales y la inacción del Estado terminó por silenciar esta alternativa de comunicación.

El patrón se ha extendido a otros estados, donde activistas y periodistas sufren diariamente ataques y amenazas, mientras la autoridad mantiene su estrategia de, simplemente, dar un paso al costado.

También el lunes pasado, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por las detenciones e intimidaciones contra civiles en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

De acuerdo con información de este organismo, Filiberto Vicente Aquino, un activista y locutor de una radio comunitaria, recibió una amenaza de muerte el pasado  20 de marzo tras cubrir una conferencia de prensa sobre las acciones de oposición a la construcción de un parque eólico cerca de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec.

Tras cubrir la conferencia, Vicente Aquino recibió una llamada en la que se le dijo: “…El gobierno ya no quiere personas como tú, yo ya tengo órdenes expresas de acabar contigo y con tu familia”.

Además, al día siguiente, el 21 de marzo, policías municipales acompañados de personas no identificadas detuvieron injustificadamente a seis periodistas: Rosa Rojas, Francisco Olvera, David Henestrosa, Ignacio Garrido, Karina Martínez y Eliseo Ramírez. Los periodistas fueron liberados horas después.

También, el 18 de marzo, fueron detenidos activistas de la comunidad cuando hacían campaña contra la construcción del parque eólico, quienes fueron liberados unas horas después.

Aunque se han presentado denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, la administración del Gobernador Gabino Cué Monteagudo ha sido completamente omisa.

Sea Tamaulipas o Oaxaca, sea en estados del norte, del sur o del centro del país, la autoridad muestra un enorme desdén por los ciudadanos comprometidos ya sea con la libertad de expresión o la justicia en la defensa de sus tierras y de sus derechos en general.

Los ciudadanos están en el abandono ante una estrategia que prefiere guardar silencio a definir acciones.

Los organismos de defensa de derechos humanos, nacionales y extranjeros, documentan y denuncian estos agravios, los tienen muy claros; señalan incluso a los presuntos culpables.

Pero los funcionarios públicos siguen con la cabeza dentro de la tierra, antes que cumplir con la función de proteger a la sociedad y llevar ante la justicia a criminales, sean éstos miembros de cárteles, caciques locales o políticos que prefieren cuidar su imagen a cumplir con las obligaciones encomendadas por los propios ciudadanos.