Ningún funcionario se atreve a decirlo. No hay gobierno municipal, estatal o federal que se decida a llamar a las cosas por su nombre. Pero lo que sucede en Michoacán se parece mucho a una guerra civil.

Le pueden llamar equis. Pueden pedir suspensión de garantías individuales o disolver los poderes como solicitó el Partido Acción Nacional. Pueden mandar miles de soldados y marinos; de policías federales, estatales y municipales. Pueden militarizar al 100 por ciento el estado, pero lo que sucede en Michoacán se parece a una guerra civil.

Y si el gobierno de Enrique Peña Nieto no quiere verlo, si quiere invisibilizarlo, si pretende que miremos a otro lado, comete un grave error. El hecho de ignorar o tapar un problema no lo elimina.

La gran prueba de fuego del gobierno del señor Peña Nieto está en Michoacán. De la forma en que aplique las soluciones para detener la escalada de violencia dependerá su futuro político. ¿Será capaz Peña Nieto de resolver el problema?

¿A quién le interesa destruir Michoacán? ¿Quién pretende someterlo para controlarlo? ¿Qué hay detrás de la aparente anarquía? ¿La connivencia entre narco y autoridades provocarán la inmolación del Estado?

Lo que sucede en Michoacán está pasando también en otros estados de la República donde el tránsito libre de las drogas, su venta y traslado a Estados Unidos se han convertido en la actividad productiva que sostiene la economía del lugar. Desde hace años eso sucede en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Durango, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero…

A diferencia de otros lugares, en Michoacán su historia y el origen de las distintas comunidades indígenas han propiciado el surgimiento desde hace décadas de las policías comunitarias como sistema de la gestión propia de seguridad. Durante mucho tiempo este antiguo método dio excelentes resultados, pero desde la declaratoria de guerra contra el narco por parte de Felipe Calderón y la continuidad de la misma por Peña Nieto, las cosas cambiaron drásticamente.

Paradójicamente en el estado natal de Calderón las cosas empeoraron de manera considerable desde que el panista ocupó la Silla del Águila. ¿Qué tanto le interesaba a Felipe Calderón desestabilizar o controlar su propio estado? Fue precisamente en su sexenio cuando surgieron los cárteles de la droga ahora en disputa. La Familia Michoacana y su escisión, Los Caballeros Templarios, surgido en marzo de 2011 cuando asesinaron a dos hombres colgados de unos puentes con dos carteles: “Los matamos por ladrón y secuestrador. Atentamente, Los Caballeros Templarios”.

Tal vez, este dato de la historia reciente de Michoacán y el narcotráfico lo haya olvidado la Senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa, hermana de Felipe Calderón. O tal vez, prefiera ignorar los hechos y decir que desde el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa fue “forzado” para cumplir supuestos compromisos que pactó con el narcotráfico durante su campaña. Seguramente la Senadora panista habla con conocimiento de causa, por eso me atrevo a preguntar: ¿fueron los mismos pactos que hizo su hermano en Michoacán?

Casualmente también desde la llegada de su hermano a Los Pinos la violencia aumentó en Michoacán. Así lo demuestran las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que ha registrado como causas, la disputa de zonas entre grupos del crimen organizado y grupos de autodefensa. Los casos de homicidios dolosos, secuestros, extorsión y robo de vehículos han aumentado de manera progresiva y permanente desde el 2003. De hecho, Michoacán tiene las cifras más altas del país en cuanto a extorsión. El año pasado hubo 342 querellas ante la Procuraduría de Justicia estatal y en el 2009 se registraron 358, con el agravante que la mayoría de los casos de extorsión no se denuncian por miedo y amenazas.

Si la Senadora “Cocoa” Calderón tiene pruebas de la connivencia de las autoridades con el crimen organizado es urgente que las presente, pero también le pediríamos que exhiba la razón por la cual durante el mandato de su hermano surgieron dos fuertes cárteles de la droga que aún tiene tienen aterrorizados a los michoacanos y por qué aumentó considerablemente el delito de la extorsión.

Si el PAN pretende que se imponga un golpe de Estado en Michoacán, es decir, una suspensión temporal de garantías individuales, si quiere “disolver los poderes” seguramente será porque tiene un plan para acabar con la violencia, un plan para devolver la paz a sus habitantes, entonces tendría que compartirlo de manera urgente con la opinión pública. Pero si quieren imponer un régimen por encima de la democracia para hacerse con el control de todo, es un grave error.

Mientras los michoacanos resisten la violencia indiscriminada y enfrentan los cobros de piso, las policías municipales, la policía estatal, el Ejército, la Marina y el gobierno parecen ignorar el desastre y el caos que impera en la zona. Los ciudadanos están en una absoluta indefensión. No tienen a quién recurrir.

Tampoco Enrique Peña Nieto ha externado su preocupación, ni mucho menos se ha tomado la molestia de presentarse en Michoacán para vivir de cerca lo que está ocurriendo.

La pregunta es sencilla: ¿a quién le conviene la ruina de Michoacán? ¿Quién se está beneficiando de la devastación? ¿Quién está propiciando una guerra civil?