Transcurrieron 20 días del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre y otras sustancias tóxicas generado por la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, antes de que el Gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, se decidiera a visitar la zona de desastre, que comprende siete municipios y afecta a 24 mil personas.

Fue el mismo día en que Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirmó –luego de un análisis de expertos– que la contaminación causada por los ríos Sonora y Bacanuchi era el “peor desastre ambiental en la industria minera” mexicana en su historia.

Un día después, el Gobernador Padrés Elías, quien nació en Cananea y en su niñez y juventud pasó mucho tiempo en el rancho que su familia tiene en Bacanuchi, un poblado del municipio de Arizpe, afirmó en Radio Fórmula que su gobierno le prestaría al poderoso Grupo México 100 millones de pesos para que iniciara la limpieza de los ríos en la zona, y que luego se los cobraría porque confiaba en la palabra del consorcio que encabeza Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México y cuya fortuna personal, de acuerdo con el ranking 2014 de la revista Forbes, asciende a 14 mil 700 millones de dólares.

Por supuesto, el anuncio del préstamo del dadivoso Gobernador panista generó el rechazo general, pues ese dinero saldría de las arcas públicas de un gobierno que ha reconocido tener problemas financieros y porque, además, que se sepa, a Grupo México no le hace falta dinero, sino que, con mentiras, argucias legales y hasta paros de los políticos, ha evitado a toda costa asumir su responsabilidad por el derrame.

Hasta ahora, la única multa impuesta a Grupo México por las autoridades federales asciende a una pena “máxima” de 40 millones de pesos, unos 3 millones de dólares, lo cual equivale al 0.0000017 por ciento de las ganancias netas que tuvo ese corporativo en 2013 y que ascendieron a 1 millón 747 mil 297 millones de dólares.

Padrés, quien gobierna Sonora desde el 13 de septiembre de 2009, sabe perfectamente que el derrame no fue un evento menor y que, además de contaminar el agua de los ríos, la tierra y el subsuelo de la zona, ha golpeado aún más a la economía en los municipios de Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures, ya de por sí sumidos en la pobreza y el olvido de su gobierno.

Los pobladores de esos municipios han revelado a la prensa local y nacional que sus actividades, concentradas en el campo y en la ganadería, se han deprimido, pues la gente de la capital sonorense y de otras grandes ciudades se niegan a comprarles sus productos, por temor a que estén contaminados.

El 4 de septiembre pasado, el priista Marco Antonio Bernal Gutiérrez, presidente de la comisión especial creada en la Cámara de Diputados para dar seguimiento al casi del derrame de sustancias contaminantes en los ríos sonorenses, dio a conocer un nuevo cálculo sobre los daños y dijo que éstos ascienden a unos 800 millones de pesos, por lo que la multa impuesta por el gobierno federal –de 40 millones de pesos– es completamente desproporcionada.

En esa ocasión, el Gobernador Guillermo Padrés ya no intervino ni tampoco se ofreció como prestamista personal de Grupo México. Como tampoco lo hizo ayer, luego de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) concretó otra estimación de los daños ocasionados por la mina Buenavista del Cobre y los situó por arriba de los 2 mil millones de pesos.

Más aún, el titular de la CEDH, Raúl Ramírez Ramírez, lamentó la “crisis humanitaria” que están viviendo los habitantes de los municipios aledaños al Río Sonora, ante la falta de un verdadero compromiso por parte de Grupo México, que sigue evadiendo los pagos y la implementación de medidas de emergencia, al amparo de las autoridades locales y federales.

Raúl Ramírez expuso: “De ser necesario nos plantaremos junto a la población y los alcaldes por fuera de las oficinas del Grupo México y en esta acción, se invitará a todos los senadores y diputados federales por Sonora para que nos acompañen y se sumen en un solo frente común en el Distrito Federal, hasta que nos atienda Germán Larrea [propietario de la empresa] pues ya es hora que dé la cara y resuelva el problema de tajo y no a cuenta gotas como si se tratara de una limosna”.

Y el otro que tiene que dice, entre dientes, poner la cara pero no realiza acciones concretas es el propio Gobernador Guillermo Padrés Elías, quien después de la regada que pegó proponiéndose como prestamista de Grupo México –con el dinero de los ciudadanos–, trató de recomponer el yerro poniéndose valiente:

“Me voy a ir a parar ante Germán Larrea si es necesario y le voy a exigir que le haga frente a los sonorenses, y en segundo lugar obviamente contrataremos a los mejores despachos para poder seguir la demanda jurídica”, dijo hace unos días.

Y eso es lo que todos queremos ver y oír, y no su silencio cómplice ni sus ofertas de ayuda a quien es el responsable directo de la devastación en su estado.