El negocio de las elecciones mexicanas se ha vuelto muy obvio. Para ganar hay que financiar la promoción del voto que se hace a través de clientelas, mayormente urbanas, con recursos que salen de la hacienda pública. Así se asegura que la infantería de un candidato triunfe sobre la de su oponente.

Si los comicios son muy competidos se requiere además reforzar con publicidad en los medios de comunicación. En la jerga de los estrategas electorales, a este componente se le llama aviación y hace referencia directa al bombardeo de spots y notas pagadas que por radio y tele suelen saturar los sentidos del ciudadano.

Es mentirosa la premisa de nuestras leyes que supuestamente obligan al financiamiento público de las campañas políticas y las candidaturas. Según la falaz norma mexicana, 9 de cada 10 pesos gastados por los participantes en las elecciones se pagan con dinero del contribuyente.

Pero esa verdad legal nada tiene que ver con la realidad. La vida de los partidos – en lo que toca a su financiación – es tan informal como la del tianguis de fayuca que solía haber en Tepito. En México, el dinero ilegal es muy importante para ganar o perder elecciones. Tanto la infantería como la fuerza aérea de las campañas son negocios que se mueven con recursos que la ley prohíbe, y peor aún, que la autoridad difícilmente puede rastrear y sancionar.

Podría aquí equivocarse el lector que suponga como relevante el financiamiento privado a las campañas mexicanas. Si bien los grandes empresarios, y uno que otro

mediano, invierten en aventuras políticas que al final pueden retribuirles, lo cierto es que la mayor parte del financiamiento ilegal tiene un origen ligado a la tesorería del Estado mexicano.

La obra pública lleva mano en el financiamiento para la infantería, sobre todo en las elecciones locales, o en aquellas que – aún si son federales – están comandadas por liderazgos de las regiones.

 Se suele entregar de manera tramposa al constructor aliado un trabajo público a cambio de que “se moche” con un 10 o 15 por ciento. Alguna parte de ese dinero va a dar al bolsillo del funcionario responsable, con el objeto preciso de impedir que éste denuncie más adelante el hecho, y el resto se destina a refaccionar los gastos operativos del candidato o partido que se identifican con el gobierno en turno.

Mientras este año de 2014 presenciamos el escándalo de los moches, el anterior exhibió a  la deuda pública estatal en un papel estelar; ahí están Coahuila, Tabasco o Zacatecas para constatarlo.

Sin embargo ambas hebras – moches y deuda estatal – son parte de la misma narrativa corrupta. Los préstamos se utilizaron para financiar obra pública que, a su vez, sirvió para entregar sumas extraordinarias de dinero a la infantería de campaña.

Luego se suman las fuentes ilegales de financiamiento para la aviación de los partidos. La mal llamada Publicidad Gubernamental cumple con una función parecida a la de la obra pública. Presidentes municipales, gobernadores, senadores, diputados y el Ejecutivo federal pagan sumas estratosféricas a los medios de comunicación, supuestamente para publicitar temas de interés general, cuando en realidad tales recursos se utilizan para obtener un trato preferente en los noticiarios y otros programas, así como descuentos importantes en la pauta de spots.

Es evidente que quien logre extraer un mayor número de recursos del erario – sea a través de la obra pública para refaccionar a la infantería, o de la publicidad gubernamental para financiar a la aviación – tendrá mejores posibilidades de triunfo. En ambos casos se está en presencia de “moches” al presupuesto público, es decir, de desvío de recursos que son del contribuyente.

Sin embargo, la publicidad gubernamental no es la única fuente de complicidad entre los medios de comunicación y el poder político. Desde hace algún tiempo la normatividad en radio, televisión y telecomunicaciones ha sido también moneda de cambio que se cobra y gasta en los comicios.

¿Cómo olvidar la Ley Televisa del 2006 o la reforma electoral de 2007 que impidió la compra directa de tiempos en radio y televisión por parte de los partidos?

Cuando en México se habla de poderes fácticos, y de un Estado que se arrodilla frente a ellos, casi siempre esa desagradable escena ocurre en el contexto electoral. Así como el presidente de un municipio se inclina ante el constructor para que este último financie el futuro de su carrera política, de igual manera los candidatos a la presidencia han actuado frente al poder mediático. Felipe Calderón y Roberto Madrazo lo hicieron hace ocho años y Enrique Peña Nieto hace dos.

El actual jefe del Ejecutivo y también los legisladores panistas nos hicieron creer que estaban dispuestos a prescindir de esa forma corrupta de financiamiento para su aviación electoral. Pero nos mintieron; la reciente votación de las leyes en TELECOM da cuenta de una penosa realidad: a cada ámbito de gobierno corresponde un tipo distinto de moche.

Mientras los presidentes municipales acuden “poquito” a esa práctica, más arriba se concurre “muchito”, sin rubor ni vergüenza. El argumento detrás de ese comportamiento es de idéntica naturaleza: se trata de ganar elecciones y de paso sumar algunos millones pesos para el patrimonio personal.

El moche que se expuso a todo color esta semana está directamente relacionado con la elección del 2015. Desde ahora vemos cómo la aviación electoral, comandada desde el primer cuadro de la televisión, bombardea a unos y defiende a otros, dependiendo cuánto se comprometió cada uno en la defensa ciega e incondicional de los principales intereses mediáticos.