Esta semana, perdida entre las noticias de la cotidiana corrupción política y las confesiones de riqueza y vida superflua de gobernantes ebrios, quedó una de las marcas históricas más importantes para la justicia en Latinoamérica y para las mujeres. Guatemala, país hermano, nuestro vecino al sur, acaba de demostrar que a pesar de los sistemas de justicia endebles e infestados de corrupción, un juzgado ético puedo lograr lo inesperado: sentenciar a un poderoso ex presidente por el genocidio de su pueblo.

Desde 1999, la Premio Nobel, Rigoberta Menchú, intentó llevar a juicio en España a Ríos Montt y otros generales por delitos de lesa humanidad. España aceptó pero los abogados del militar logaron evitar el juicio. En 2007, buscando el fuero constitucional, Ríos Montt se convirtió en diputado y perdió el fuero al terminar su mandato en 2012. Ya con un expediente perfectamente armado en marzo de 2013 la jueza Jazmín Barrios, presidió el tribunal tripartita que logró sentenciarlo.

No solamente Guatemala, sino México, Argentina y otros países de la región se han visto obligados a recurrir a los cortes internacionales para juzgar los delitos de lesa humanidad que el propio sistema interno se ha negado a reconocer, investigar y juzgar a plenitud. La sentencia de 80 años de prisión contra José Efraín Ríos Montt es una victoria para los derechos humanos. La jueza, Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal de Justicia, leyó la sentencia que con toda claridad especifica los delitos de violencia de género, un precedente vital para las mujeres latinas.

Ante una sala dividida entre las familias de las víctimas del genocidio y la familia y amistades del general Ríos, la voz firme de la jueza se escuchó al leer: “El Ejército llegó a considerar a la población civil enemigo interno. Habiendo contemplado el exterminio de la población, lo que se materializó en las masacres indiscriminadas en el área Ixil: violación de mujeres, niñas y ancianas; bombardeos, quema de viviendas, siembras y muertes de animales. De acuerdo con lo indicado por la perito, se produjo la destrucción del entorno social y cultural de los ixiles, a los que se consideró como rebeldes: un pueblo difícil que no se sometía”.

Se demostró ante tribunales que el Plan Victoria 82, era una estrategia militar para destruir y castigar a la población indígena que se rebelaba contra un gobierno impuesto a través de un golpe militar. Luego, según la sentencia, “en el plan Firmeza 83, el Ejército veía a las poblaciones como subversivas y enemigas. Por lo tanto el Ejército no hizo diferencia entre población civil y gente armada, iniciando estrategias de persecución. El objetivo es el control físico y psicológico; se establece arrasar las poblaciones y sus cosechas. Despojando a la población en sus fuentes de alimentación, determinando que existió planificación del alto mando militar que se concretizó en el uso de aviones y helicópteros para destruirlos, lo que dio lugar a la persecución de gente a la montaña, afectando a los más vulnerables”.

A nada se parece que en un juicio público se reconozca frente a las víctimas y sobreviviente que esas fosas clandestinas, cavadas por miembros del Ejército, ocultaron durante décadas la tortura de miles de hombres, mujeres y jóvenes asesinados con saña por armas de uso oficial. Por fin, después de tres décadas se reivindicó el derecho a la verdad, a la justicia.

Es la primera vez también que en nuestro continente se juzga a un genocida por haber ordenado a sus soldados la utilización de la violencia sexual como arma de guerra. Durante décadas las mujeres han denunciado cómo, además de destruir los sembradíos, quemar los hogares y asesinar a los hombres y niños, los ejércitos violan a las mujeres como parte de una ceremonia de colonización total, de la tierra, los cuerpos y las vidas de un población determinada. Y hemos de agradecer a la gran abogada Paloma Soria, de la organización Women’s Link, su impecable trabajo para reunir evidencia, testimonio y material de peritajes irrefutables que son parte fundamental de la demostración de que hasta 20 soldados violaban a a una misma mujer encerrada en un calabozo.

En su determinación, la juez, frente a Rigoberta Menchú quien desde el público escuchaba con las lágrimas agolpadas en la garganta, dijo: “El ataque, que incluye violación de menores, mujeres embarazadas y ancianas. El peritaje efectuado constata que las violaciones se produjeron en forma continuada y contribuyeron a la destrucción del tejido social, explicando que tanto las violaciones como las mutilaciones ocasionaron trauma de terror destrucción física y cultural teniendo como objetivo eliminar a la etnia maya Ixil”.

La sentencia a este militar que actualmente tiene 87 años, fue de 50 años por delitos de genocidio y de 30 años por delitos contra deberes de humanidad, lo que significa que él como Presidente de facto del Estado Guatemalteco debió utilizar al Ejército para hacer justicia y no para escarmentar, violar y asesinar a la población civil.

El público se levantó, aplaudió; las sobrevivientes de violencia sexual, familiares de víctimas desaparecidas o asesinadas se abrazaban, lloraban, y de pronto el salón del tribunal se cimbró con los gritos de una porra emocionada para la jueza presidenta, una y otra vez; mientras una veintena de familiares y amigos del dictador Ríos Montt palidecía congelada ante la sentencia, hombres y mujeres celebraran la justicia.

El 23 de marzo de 1982, Ríos Montt participó en un golpe militar y se adueñó, durante dos años, de la presidencia de su país. Ahora, el pasado día de las madres, 31 años después, se convierte en el primer ex presidente sentenciado por su propio país por genocidio y delitos de violencia de género.

@lydiacachosi