Los horripilantes acontecimientos de Iguala, con sus cientos de tumbas a ras del suelo, dan la sensación de un manotazo que una vez más ha hecho volar las piezas del inacabable rompecabezas de la construcción del Estado mexicano. La violencia recrudecida y las fallas de la organización estatal para contenerla han descarnado hasta los huesos los defectos congénitos del arreglo político nacional. No se trata sólo de una crisis provocada por las evidentes torpezas del gobierno de Calderón cuando compró la guerra contra las drogas del gobierno de los Estados Unidos; se trata de algo mucho más profundo, arraigado en los cimientos mismos de la edificación estatal.

            Una y otra vez, ante el sanguinario estallido de la violencia criminal, pero también frente a las formas extremas y destructivas que adopta la protesta social —ya sea de los maestros opositores a la reforma educativa, de los comuneros de Atenco, de los grupos juveniles pretendidamente anarquistas o de los estudiantes  de la educación superior pública— se oyen clamores de que el Estado debe aplicar la ley e imponer el orden, como si en realidad en México el Estado hubiese tenido alguna vez el monopolio legítimo de la fuerza del tipo ideal weberiano. Empero, la construcción del Estado mexicano se ha hecho de una manera muy distinta al modelo teórico de la dominación legal racional. La “racionalidad” de la organización estatal mexicana no se ha basado en un orden jurídico aceptado como el marco que garantiza la convivencia social; la construcción de un orden nacional medianamente funcional sólo ha sido posible a partir de la negociación de la autoridad nacional con un mosaico intrincado de órdenes particulares locales, regionales y corporativos con su propia institucionalidad, regida por reglas tácitas y con sus propias cuotas de ejercicio de la violencia.

            La violencia no estatal nunca ha sido plenamente contenida en México; el éxito del porfiriato, primero, y del régimen del PRI, después, radicó en la capacidad de reducirla y mantenerla en los márgenes, oculta detrás de fachadas de prosperidad y modernidad. Para lograrlo, las elites nacionales pactaron con los grupos de poder particulares capaces de controlar territorios con sus propias reglas y sus formas específicas de imponer su dominio y ejercer su depredación. El Estado mexicano se constituyó como un rompecabezas de intermediaciones que sólo coincidían con la intermediación burocrática del modelo teórico en apariencia, pero que en la realidad dependían de un proceso constante de negociación de la desobediencia en el cual la violencia era un instrumento más para alcanzar objetivos específicos de los grupos en pugna.

            Por otra parte, la violencia del Estado nunca ha terminado de centralizarse. En nombre del Estado diverso grupos de interés han ejercido la fuerza para hacer valer sus intereses particulares e imponer órdenes abusivos sobre diversos grupos sociales. Se equivocan quienes afirman que en las zonas en los que han estallado recurrentemente epidemias de violencia hay una ausencia del Estado. Por el contrario, el problema está en que las expresiones estatales existentes en muchas regiones del país han tenido un alto grado de autonomía para ejercer su cuota de poder en beneficio de los propios agentes del Estado y para negociar con los diversos grupos. El Estado mexicano realmente existente administró su problema de agencia a la manera de las organizaciones mafiosas.

            El orden resultante dejó intactos muchos de los agravios ancestrales de abuso y explotación y creó otros. La reforma agraria, por ejemplo, no sólo no fue capaz de acabar con la pobreza endémica y la marginación de los campesinos, sino que construyó nuevos mecanismos de sometimiento que convirtieron a los ejidatarios en meras clientelas políticas. El reparto agrario contuvo relativamente la violencia rural pero no la eliminó y el poder de los caciques que imponían su propia ley con el despojo y el asesinato sólo cambió de rostro en muchas regiones del país, sobre todo en los estados que hoy muestran los mayores índices de pobreza y marginación. No sorprende que Guerrero ocupe un lugar destacado entre éstos.

            El rostro violento del país se pudo maquillar durante un tiempo, pero nunca ha pasado inadvertido para los observadores perspicaces. En 1940 Ramón J. Sender, recién llegado al exilio después de la guerra civil española, escribió una novela tremendista con tema mexicano, El Epitalamio del Prieto Trinidad, poco conocida por aquí debido a la proverbial susceptibilidad nacional respecto a la crítica realizada por extranjeros, por más que, como Sender o Luis Buñuel, se nacionalizaran mexicanos. En aquella novela el personaje principal, un atrabiliario militar de origen revolucionario que dirigía una cárcel insular inspirada en las Islas Marías, es asesinado por los presos que lo desuellan y con sus despojos realizan un macabro ritual: la boda que le da título a la historia. La película Los Olvidados de Buñuel despertó la indignación nacionalista por su aguda observación de la violencia latente entre los marginados urbanos, mientras que en su menos conocida El Río y la muerte el cineasta aragonés también explora los rituales de la violencia rural de una manera totalmente alejada del idílico campo mexicano de los filmes de la llamada época de oro del cine nacional.

            Las soluciones tecnocráticas para enfrentar la nueva epidemia de violencia se ponen una y otra vez sobre la mesa: que si depuración de las policías, que si mando único, que si una sola policía nacional. Todas esas visiones imaginan posible, sólo a partir de una hipotética fuerza estatal centralizada, controlar la violencia descentralizada con sus múltiples rostros. Las recetas fáciles se repiten, pero todos los que creen tener la solución a la mano y le reclaman a los políticos su falta de voluntad para enfrentar el crimen y la ilegalidad voltean la cara cuando se enfrentan a las causas profundas de la brutalidad que aqueja al mosaico social mexicano. Un país escindido, en el que millones viven en la marginación y la desesperanza y donde no ha existido nunca algo parecido a la legitimidad de la ley porque la ley siempre se ha usado en beneficio privado y nunca como instrumento real de equidad.