GRO: ni Aguirre ni EPN pueden

En octubre de 2012, luego de paros y movilizaciones de los profesores de Guerrero en demanda de la protección del Estado ante las amenazas de grupos del crimen organizado, el gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa y el del Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero decidieron instalar en la entidad el Operativo Guerrero Seguro.

Son ya cuatro meses y nada. Por el contrario: la violencia es ahora más virulenta y se ha instaurado como moneda de cambio por todo el estado.

El Operativo, presentado en octubre con bombo y platillo, ha causado lo que los analistas de seguridad llaman un “efecto cucaracha”, y ahora regiones y municipios que antes era pacíficos, son el epicentro de la violencia.

Teloloapan, Alcozauca, Olinalá, Cualác, Cocula y Ometepec han instalado grupos de autodefensa, para blindar a sus comunidades del constante ataque de la delincuencia, con el riesgo, advertido ya por políticos y analistas, de que estas organizaciones puedan ser usadas por el Estado o por el crimen organizado, y pasar a ser grupos paramilitares.

Acapulco, el puerto emblemático del turismo en México, se ha convertido en la segunda ciudad más violenta en el mundo, registrando 142 asesinatos por cada 100 mil habitantes en el 2012, sólo por debajo de San Pedro Sula, en Honduras, de acuerdo con información del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

La madrugada del lunes 4 de febrero, seis turistas españolas fueron violadas en San Andrés, Barra Vieja, en la zona Diamante de Acapulco, un hecho que puso en la mira internacional al depreciado puerto.

El ultraje desató peticiones oficiales por parte del gobierno español a la Presidencia de México para hacer justicia. En la entidad, las autoridades de seguridad del gobierno de Aguirre Rivero detuvieron incluso a inocentes para aminorar las críticas, lo que sólo ayudó a profundizar la desconfianza de la ciudadanía en ese gobierno.

Y, para colmo, el pasado 23 de febrero la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero, confirmó la muerte de un ciudadano belga, quien fue asesinado a plena luz del día, en el estacionamiento de un centro comercial, a pesar de los 4 mil militares y policías que supuestamente vigilan la ciudad de Acapulco.

El gobierno del priista Enrique Peña Nieto anunció, el 15 de febrero pasado, los lineamientos por los cuales se otorgarán recursos a las entidades federativas del país a prevenir delitos.

El monto total de los recursos que se entregarán a todos los estados en el país, asciende a 2 mil 500 millones de pesos y deberán ser ejercidos en el presente ejercicio fiscal. La entidad que mayores recursos recibirá para la prevención de la violencia y delincuencia es precisamente Guerrero, a la cual se le destinarán 148 millones 341 mil 300 pesos, los cuales deberá aplicar en los municipios de Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo.

Sin embargo, esto ya no es un asunto de recursos.

El año pasado, el entonces encargado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Poiré Romero, anunció una inversión de 400 millones de pesos del gobierno de Calderón Hinojosa en materia de seguridad pública para Guerrero y Acapulco y ahí están los nulos resultados.

Si se considera que Peña Nieto dará este año a la entidad 58 millones 500 mil pesos menos, ¿qué se puede esperar?

Para combatir la inseguridad pública en Guerrero, como en todo el país, es urgente un cambio de programas, de políticas públicas y la implementación, en serio, de nuevos programas que realmente respondan a los grupos sociales más vulnerables, además de inversiones de largo plazo para reactivar el empleo.

Ni el gobierno de Aguirre ni el de Peña Nieto han dado muestras de que pueden, y quieren, responder ante el avance del crimen organizado. Mientras no haya un compromiso concreto y sus administraciones se dediquen sólo a incentivar negocios públicos y privados, la oleada de sangre no parará.

Guerrero y Acapulco evidencian la muestra del fracaso de un gobierno estatal que ha sido omiso. A Peña Nieto, quien cumplirá tres meses en el poder, se le piden más acciones y menos compromisos firmados en escenarios mediáticos.

Sin respuestas concretas, la ciudadanía seguirá indefensa ante el terror y, para el pesar de todo, estará a pocos meses de confirmar otra derrota de una administración federal contra el crimen organizado.