Si tengo que pedir permiso para hacer algo, entonces no tengo derecho a hacerlo. Si quien lo otorga puede negar, modificar o revocar mi petición, entonces estamos hablando de un privilegio. De un plumazo y en tan solo unos días el gobernador Roberto Borge retiró el derecho constitucional de los quintanarroenses a manifestarse públicamente, así se arrogó el privilegio de decidir cuáles protestas son válidas y cuáles no. Esta acción vulnera nuestra Constitución y pone en peligro las libertades de todos los mexicanos.

Apenas necesitó cuatro días, el PRI de Roberto Borge en Quintana Roo manipuló al Congreso Local para tomar la delantera en cuanto a leyes que restringen el derecho fundamental a la manifestación pública. La tarea fue encargada al diputado Juan Carrillo Soberanis y operada por el presidente del Congreso, Chanito Toledo. Eliminaron la Ley de Cultura Cívica y dieron a luz la Ley de Ordenamiento Social.

Por primera vez en México se establece el requisito de solicitar permiso a las autoridades con 48 horas de anticipación, el objetivo es que los funcionarios revisen los motivos de la protesta e inhiban “la posible alteración del orden público”. El artículo 26 sostiene que:

“… los organizadores responsables de las manifestaciones, marchas o plantones en espacios públicos, tendrán la obligación de presentar un aviso por escrito a la Secretaría de Gobierno del Estado y/o a la Secretaría General del Ayuntamiento, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la realización de las mismas”.

La Ley Borge define a la manifestación pública en un sentido negativo a priori; según esto toda manifestación altera la paz, las actividades y el normal desarrollo de los pobladores. Para el priismo quintanarroense una manifestación es:

“… la reunión concertada y transitoria de personas en espacios públicos con la finalidad de reclamar algo o expresar su protesta por algo y que pueda perturbar, la paz y tranquilidad, el normal desarrollo de las actividades de los pobladores o el tránsito en las vías públicas del Estado de Quintana Roo.”

Además del permiso anticipado y la consideración negativa de la protesta social, la Ley Borge establece un listado de lugares en los cuales no se podrá realizar una manifestación o protesta, so pena de usar la fuerza pública para disolverla.

“En el caso de manifestaciones, marchas o plantones, los participantes deberán abstenerse de realizarlas en espacios públicos con valor histórico, cultural, turístico, arquitectónico o de importancia para el desarrollo del Estado, o sus accesos, con la finalidad de salvaguardar las actividades económicas, la generación de empleos y la estabilidad política, económica y social de Quintana Roo”.

Aunque existen por lo menos seis disposiciones más que convierten en inconstitucional esta ley, nos centraremos en las descritas anteriormente para hacer un análisis del mensaje político que implica esta norma. Desde 1917, contra la propuesta de Venustiano Carranza, el constituyente decidió otorgar la más amplia protección a las reuniones públicas, contra las ideas de la época de dar facultades a las autoridades para decidir cuál autorizar.

Permea en esta ley la consideración de las manifestaciones como algo negativo socialmente y contrario al  orden público. Cuando hablamos de democracia tenemos que hablar de mayorías y disidencias. Por dar un mayor peso a la regla de la mayoría, se nos olvida que desde siempre el núcleo que moviliza a las democracias actuales se encuentra en quienes no están de acuerdo. La disidencia ha sido el motor de los países contemporáneos, al grado que cuando es reprimida, deviene el autoritarismo y en muchos casos la dictadura.

Así he propuesto que más allá de las jornadas electorales y los mecanismos de representación, el indicador democrático clave es el trato que un sistema da a quienes disienten en la calle. ¿Su expresión es permitida? ¿Existe una amplia deliberación sobre las diferentes propuestas con base en la información abierta? ¿Se respeta la diferencia y esta puede incidir en las decisiones de la mayoría? Claramente en Quintana Roo no es así.

Adicionalmente cuando los priistas como Borge esgrimen el concepto de orden público, están hablando de una sociedad mecánicamente obediente y sumisa; en suma, un orden público autoritario. En contra sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva OC-5/85, establece que el mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto.

Las protestas y manifestaciones forman parte vital de un concepto de orden público democrático. La restricción de tiempo y espacio de la Ley Borge establece el peligroso concepto de censura previa, por el que los gobiernos autorizan las expresiones  de los ciudadanos siempre y cuando, bajo criterios cerrados, las mismas son acordes con sus intereses. Es tanto como si diarios, portales o noticieros tuvieran que solicitar permiso e informar del contenido de sus emisiones antes de publicarlas. Hacia ahí vamos.

Teniendo como objetivo ahogar la protesta social, la Ley Borge fue la última que se presentó pero la primera en aprobarse. En el Distrito Federal, en Jalisco y en el congreso federal se han dictaminado iniciativas similares. Es claro que Borge buscó adelantarse en la competencia por el más represor de sus congéneres. A manera del siervo con iniciativa, el sistema priista no necesita que Enrique Peña Nieto se pronuncie a favor. Solo basta que no se pronuncie en contra de las decenas de agresiones a periodistas críticos y manifestantes. Esto es el incentivo que personas de profundo talante represivo necesita para actuar e intentar ser el más adelantado de los alumnos.

Roberto Borge es puntero de la represión y la censura en México. No solo ha requisado semanarios de las calles del estado caribeño los ha duplicado a su favor, incluso en línea, en un hecho que compite con cualquier dictadura del mundo. Como lo ha denunciado valientemente Lydia Cacho, ha intentado entrar a su correo electrónico y ha atacado cibernéticamente a SinEmbargoMx. Borge también es conocido por ser el rey de los bots en Twitter.

Recordemos que Javier Duarte, admirador del dictador Francisco Franco, logró en los mismos días manipular a su congreso y pasar las reformas que criminalizaban las expresiones en internet. La Ley Duarte tuvo su oportunidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el emulo de dictador perdió. Debemos detener esta forma de gobierno que socava a las instituciones y deroga de facto derechos. Personaje como Duarte y Borge de poca estatura política, son peligrosos porque se avocan a controlar a los medios y en reprimir a la disidencia, abriendo las arcas de los recursos públicos. Hay que detenerlos.

Así los días de la Ley Borge están contados solo si como sociedad reaccionamos rápidamente, nos organizamos y retamos este abierto regreso autoritario ante los jueces federales y ante la opinión pública nacional. Yo me apunto.