¿Por qué la corrupción sólo la ven extranjeros?

Para que la Procuraduría General de la República investigue sobre los casos de corrupción de funcionarios en México se necesita que una dependencia, federal, estatal o municipal interponga una denuncia, pero eso contadas veces sucede en el país; o sí sucede se da sólo en un contexto político, para atacar a los rivales, para allegarse más y mejores componendas, pero nunca con la intención de defender el uso de los recursos públicos, la ética y la transparencia que debiera haber en esos cargos de responsabilidad pública.

Sin embargo, esa corrupción de los funcionarios mexicanos sí la detectan y la denuncian en el extranjero. Le planteamos dos casos recientes y reveladores:

1. La acusación contra Néstor Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se remonta a una denuncia presentada en 2005 a la Procuraduría General de la República (PGR) por la trasnacional suiza ABB, quien acusó –primero y antes que a nadie– a su propio directivo John O’Shea de pagar sobornos a funcionarios de la CFE, a cambio de millonarios contratos de obras y tecnología. Pero ese expediente, inexplicablemente, fue enviado a la reserva por la propia PGR.

Sin embargo, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia acusó ante una Corte de California y otra de Texas a empresarios de ABB y de Lindsey Manufacturing Company de supuestamente sobornar a mandos de la paraestatal mexicana. En las cortes estadounidenses aparecieron señalamientos de que Moreno Díaz había recibido un yate de 1.8 millones de dólares, un Ferrari de 297 mil dólares, una línea de crédito de 170 mil dólares y otros pagos diversos por 600 mil dólares de empresas que fueron favorecidas con contratos de electricidad.

Ante esa presión, en 2010, se reactivó la indagatoria –que en 2005, la PGR envió a la reserva–, luego de que la CFE denunciara los hechos sólo después de la publicación de una nota periodística del Wall Street Journal.

Gracias a esto, el 8 de agosto de 2010, la juez Taissia Cruz ordenó la aprehensión de Néstor Moreno, quien fue capturado –por primera vez– el 3 de septiembre de 2011 en el aeropuerto de Toluca. Pero, en aquel momento, la juzgadora liberó al acusado, pues tenía una suspensión de amparo vigente que congelaba la captura.

La decisión generó polémica y un enfrentamiento entre la PGR y el Consejo de la Judicatura Federal, debido a que la autoridad ministerial reclamó la decisión de la juez, a quien amagó con iniciarle una averiguación previa.

No fue sino hasta el pasado sábado 7 de abril que Moreno Díaz fue recapturado por la Policía Federal en Hermosillo, Sonora, y esta vez no hubo impedimento legal para ingresarlo al Reclusorio Oriente del DF, donde ahora permanece.

2. Sólo después de una denuncia documentada y publicada por el diario The New York Times, el sábado 21 de abril de 2012, se ha puesto atención a las relaciones corruptas de funcionarios y dependencias mexicanas de distintos niveles con grandes consorcios, como es el caso de Wal-Mart México.

El diario de la Gran Manzana reveló lo que incluso organizaciones civiles, como el Frente Nacional contra Wal-Mart, que preside el doctor Enrique Bonilla Rodríguez, ha venido documentando desde 2004: que la subsidiaria de Wal-Mart Stores dio “mordidas” millonarias para que funcionarios públicos le facilitarán su acelerado crecimiento en el país.

No obstante el revuelo que el caso ha generado en EU, donde el Departamento de Justicia ya abrió una investigación y dos congresistas estadounidenses, Elijah Cummings y Henry Waxman, afirmaron que llegaron hasta el fondo de este asunto, las autoridades mexicanas han decidido no investigar.

Las secretarías de la Función Pública (SFP) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la Procuraduría General de la República (PGR), no tienen ni han iniciado investigación alguna sobre los supuestos actos de soborno en que habría incurrido Wal-Mart de México y Centroamérica.

Ambos casos, pues, evidencian omisiones graves por parte del gobierno mexicano, que, primero, parece no darse cuenta de nada sino hasta que el escándalo revienta o es denunciado por un medio internacional y, segundo, ni siquiera da el seguimiento preciso a las indagaciones. La salida fácil ha sido lavarse las manos.

Como estos dos casos, por desgracia, se podría documentar muchos más.

Por ejemplo, otro de los más famosos es el espinoso “Rápido y Furioso”, estrategia con la que dependencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos introdujeron armas a los cárteles de la droga en México para seguirles el rastro y capturar así a grandes capos, y que también tuvo que destaparse en la prensa de EU para que, entonces, las autoridades mexicanas se enteraran de lo que pasaba en sus narices.

En todos estos hechos hay omisiones, negligencia, complicidad y, encima, incapacidad para dar una respuesta contundente a la ciudadanía sobre por qué en el extranjero si se denuncia y acá, en casa, se deja hacer y pasar a la corrupción.

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El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, carga ya con otro lastre en su sexenio que está por terminar.

La ineptitud que mostró su gobierno para combatir el incendio del Bosque

La Primavera, que lleva ardiendo cuatro días y que, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), ha consumido más de 3 mil 300 hectáreas, es duramente criticada en esa entidad.

Aunque ayer se informó que el incendio está controlado en un 65%, la lenta respuesta del gobierno estatal, incluso para pedir apoyo al gobierno federal, se comienza a interpretar como un asunto de intereses oscuros.

Los propios brigadistas que combaten ese incendio denunciaron que no sólo han tenido que luchar contra las llamas, sino contra amenazas e intimidaciones de grupos que, bajo amenazas y a punta de pistola, les impidieron realizar sus tareas por presuntos intereses inmobiliarios.

Una desgracia ambiental, la más grande que haya sufrido ese pulmón de la zona conurbada de Guadalajara, que comienza a tomar tintes políticos.

Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, dependencia que tiene a su cargo la entrega de dinero al Bosque La Primavera, también dijeron a la prensa, de acuerdo con una nota de Milenio, que por tres años la administración del gobernador González Márquez no le ha asignado presupuesto a esta reserva, lo que también ha impedido mantener una mayor vigilancia en torno a esta área natural protegida.

De nuevo, hay muchas preguntas y pocas respuestas por parte del peculiar gobierno panista de esa entidad.