La pena de muerte ha sido instaurada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hemos visto su aplicación ilegal en Tlatlaya, luego en Ayotzinapa, después en Apatzingán y ahora en Tanhuato.

Policías federales, militares y marinos ejecutan, no arrestan. Al parecer esa es la orden que impera en todos los supuestos “enfrentamientos” entre fuerzas de seguridad y “sicarios, delincuentes, criminales, narcos”.

Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado mexicano no son nuevas. La historia de este país está llena de excesos y también de impunidad.

Sorprende, sin embargo, que durante este sexenio sean tan recurrentes. Evidentemente el Estado nos está mandando un mensaje con estas matanzas para generar miedo.

Las imágenes de Ecuandureo-Tanhuato, Michoacán, no dejan duda alguna sobre las ejecuciones extrajudiciales. En una de las fotografías, subidas a las redes sociales por Valor por Michoacán, se puede observar como los jóvenes sin camisa, tienen muestras evidentes de tortura: brazos quebrados, machetazos, ausencia de dientes frontales, tiros en la cabeza…

Los boletines oficiales de las fuerzas de seguridad se han convertido en auténticos panfletos propagandísticos al más puro estilo de cualquier sistema dictatorial. “Enfrentamiento” y “emboscada” son las palabras más utilizadas para su coartada oficial. No se necesita ser perito forense para saber que  algunas de estas muertes son ejecuciones.

¿Quién puede creer que estos hechos corresponden a un enfrentamiento, si hubo 42 “delincuentes” muertos y un policía? Solo por la aritmética no es creíble. Y lo más importante: ¿Cómo confiar en la autoridad si antes ha sido descubierta “sembrando” armas, uniformes y drogas para justificar sus crímenes de Estado?

Tanhuato no parece ser la excepción. De hecho, ya circulan algunos análisis de la alteración de la escena, costumbre muy arraigada entre nuestras autoridades, independientemente al cuerpo que pertenezcan, pero particularmente utilizada por los federales, militares y marinos.

Las dos imágenes de la escena del crimen, una de antes y otra de después, demuestran que hubo alteración deliberada de la escena: objetos, armas y personas fueron movidas para sostener la versión del enfrentamiento.

De los otros jóvenes, cuyas imágenes, los ubican en el terreno del enfrentamiento, podemos observar que ni siquiera se preocuparan por sembrarles nada, aparecen torturados y ejecutados tal cual.

El gobierno mexicano ha perdido el respeto a la sociedad. Piensa que nos vamos a tragar cualquier versión oficiosa repetida infinidad de veces por la prensa vendida al poder.

Con los avances de la tecnología, Internet, redes sociales y los teléfonos celulares, es muy difícil que el Estado pretenda ocultar los hechos. Ya no son los tiempos de Aguas Blancas o Atenco, mucho menos de la matanza de Tlatelolco.

Si los masacrados eran o no delincuentes, ya no lo podremos saber. El Estado perdió su oportunidad de demostrarlo al ejecutarlos. No podremos tener la certeza si son miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación o miembros de otro grupo criminal. ¿O acaso era ese el objetivo? Lanzar las campanas al vuelo, anunciando una acción militar contra el cártel que puso en ridículo al gobierno.

Según la Constitución todo mexicano tiene derecho a tener un juicio justo. Se supone que todos los ciudadanos sospechosos de un delito tienen garantías individuales que se les deben respetar.

Pero policías federales, militares y marinos que se han atrevido a ejecutar extrajudicialmente a sospechosos se han convertido en criminales. Han terminado por ser lo mismo, o tal vez, peor, porque estos miembros de seguridad tienen la fuerza del Estado.

Seguramente habrá gente que aplauda las ejecuciones, pero eso no las legitima. Son ilegales, vulneran el Estado de derecho. Y esas personas que las legitiman corren el riesgo de convertirse un día en víctimas. Ese día las condenarán.

Por lo pronto, organismos internacionales como Amnistía Internacional han documentado los casos y han advertido en informes, la gravedad de estos crímenes de Estado. El Informe final de Misión a México del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, fue contundente al señalar que el “derecho a la vida” en este país está “gravemente amenazado”.

En el mismo sentido, José Manuel Vivanco de Human Rights Watch HRW en una carta dirigida al gobierno, expresó preocupación: “HRW obtuvo pruebas creíbles en 24 casos de que miembros de las fuerzas de seguridad perpetraron ejecuciones extrajudiciales. En la mayoría de estos casos, había pruebas contundentes que indicaban que miembros de las fuerzas de seguridad —en particular, militares— habrían alterado el lugar de los hechos con el fin de manipular o destruir evidencias. Ante la ausencia de investigaciones exhaustivas e imparciales y la reiterada manipulación de evidencia por parte de policías y soldados, es imposible saber cuántas muertes son efectivamente resultado de un uso lícito de la fuerza, si bien hay evidencias fuertes de que los casos que examinamos representaban ejemplos de una práctica más extendida. De hecho, en un informe de 2014 sobre México, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias determinó que “sigue produciéndose un número alarmante” de violaciones del derecho a la vida, y expresó consternación por la impunidad “sistemática y endémica” de estos asesinatos”.

Evidentemente no se puede combatir la criminalidad convirtiéndose en criminales. No es admisible que estas fuerzas de seguridad sigan ostentando licencia para matar. ¿Dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Dónde está el Congreso, el Senado, la Procuraduría General de la República? ¿Por qué las instituciones miran hacia otro lado mientras ocurren estos crímenes deleznables?

Se requiere una investigación rigurosa contra quienes han avalado estos hechos: el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido; el General de la XXI Zona Militar, José Francisco Morales Cázares; el titular de la Policía Federal, Enrique Galindo; así como el procurador General de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy. Tanhuato no puede ser otro nombre en la lista de las matanzas que quedan en la impunidad.

Finalmente, a quienes aplauden estas ejecuciones bajo el argumento de que son “narcos o delincuentes”, les pregunto: ¿Si fueran sus familiares también las avalarían?

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