El escritor y periodista Mardonio Carballo logró lo que parecía imposible. Foto: Cuartoscuro.

El escritor y periodista Mardonio Carballo logró lo que parecía imposible. Foto: Cuartoscuro.

En materia de comunicación indígena, hay dos noticias, una buena y otra mala. Comienzo con la primera.

El escritor y periodista Mardonio Carballo logró lo que parecía imposible: un amparo en contra de una fracción del artículo 230 de la malograda Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusion (LFTyR), que privilegiaba el uso del idioma español por encima de las lenguas indígenas en las transmisiones de radio y televisión.

La Suprema Corte de Justicia reconoció el derecho constitucional de los indígenas de transmitir sus culturas en los medios electrónicos, sin que sus lenguas constituyan un obstáculo para ello.

Es un triunfo ciudadano histórico que pone en evidencia los excesos de una clase política que aprobó una Ley que, como se ha demostrado, tiene problemas de constitucionalidad, tanto en este asunto como en otros (por ejemplo, la violación al derecho a la vida privada en el capítulo relacionado con la colaboración con la justicia, lo que fue causa de otro amparo, actualmente en revisión).

Durante la dictaminación de la LFTyR en 2014, una y otra vez se señalaron las deficiencias del proyecto legislativo, pero como sucedió con la llamada “Ley Televisa”, el acuerdo era aprobarlo sin quitarle una coma. Ahí están los resultados.

Los legisladores tendrán que actualizar la norma y extender la protección obtenida por Carballo a toda persona que hable lenguas indígenas en la radiodifusión, pero paralelamente fortalecer las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas operen sus propios medios de comunicación, con el fin de materializar otro derecho constitucional.

Este fortalecimiento se relaciona con el derecho a obtener, con requisitos mínimos, concesiones para la operación frecuencias de radio y televisión y con facilidades para financiar los proyectos de comunicación, algo en lo que ya trabaja el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Lo mismo podría decirse de un presupuesto digno para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI) y su sistema de radio cumplan sus objetivos. Sin embargo, tambien en contra de un mayor bienestar de la población indígena, se toman al respecto decisiones regresivas.

Esta es la mala noticia: A fines del año pasado, el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas de Mexico, que depende del CDI, redujo personal en las estaciones de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Campeche y Quintana Roo, como consecuencia del recorte presupuestal en el Gobierno federal. Extrabajadores comentaron a quien esto escribe que hay radiodifusoras en las que se ha despedido a la mitad de su personal. Afirman que no había exceso de personal de base y de confianza, a diferencia de lo que sucede con otras dependencias, sino que las emisoras operaban ya con personal mínimo. Estos despidos colocan a las radiodifusoras en una mayor vulnerabilidad.

La CDI cuenta con 26 estaciones de radio, ubicadas en 16 estados de la República, que transmiten en 36 lenguas indígenas. Su función es muy importante porque es de los pocos espacios mediáticos en los que nuestras comunidades y pueblos indígenas pueden expresarse, contribuir a preservar sus tradiciones, sus culturales y sus lenguas. Son medios de comunicación esenciales para la interlocución, la libertad de expresion y el derecho a la información de indígenas y sus audiencias.

Estas radiodifusoras representan apenas el 4 por ciento del total de frecuencias de radio y televisión concesionadas en el país para uso público y social. Su infraestructura es pequeña frente a los medios electrónicos que operan empresarios y los gobiernos estatales.

El achicamiento del Sistema contrasta con los recursos multimillonarios asignados, por ejemplo, en la adquisición y distribución de más de 10 millones de televisores digitales, con un costo superior a los 26 mil millones de pesos, o el gasto en imagen de funcionarios a través de la publicidad gubernamental, que en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto ha implicado una erogación por más 20 mil millones de pesos.

Aleida Calleja, ex representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), ex gerente de una de estas radiodifusoras indígenas y ex presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, afirma que la crisis del sistema de radio de la CDI no es reciente (La Silla Rota, 19 de enero 2015). Dice que desde hace años este sistema ha sido relegado de una política pública y la Comisión se ha encargado de convertir las estaciones en vocerías del gobierno en turno al ser adscritas a la oficina de comunicación social de la dependencia, deformando su carácter de servicio público para los pueblos indígenas.

En la plataforma Change.org se encuentra una petición a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza Luis Videgaray, y a la CDI, que dirige Nuvia Mayorga Delgado, para que se dé marcha atrás en estas medidas que vulneran los derechos de los pueblos originarios y se cumpla con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo en el que se menciona como línea de acción el compromiso de “reconocer, valorar, promover y difundir las culturas indígenas vivas en todas sus expresiones y como parte esencial de la identidad y la cultura nacionales”.

En lo personal agregaría a la petición la exigencia para que el Sistema cumpla con lo dispuesto en la ley de telecomunicaciones e incorpore mecanismos para convertirlo en un verdadero órgano de medios públicos, con garantías de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, pleno acceso a tecnologías, entre otros.

Cuando la sociedad se moviliza hay resultados. Lo logrado por Carballo es un aliciente. Lo mismo que lo alcanzado con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, al dejar sin efectos el convenio firmado con Grupo Fórmula en respuesta a la petición de radioescuchas y organizaciones de la sociedad para que dejasen de transmitirse los noticiarios de Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola y otros periodistas de la radio comercial en la radio pública tapatía.

La CDI puede aún reinvindicarse con los pueblos y comunidades indígenas, razón y motivo de su existencia, y con sus audiencias.