Como si se tratara de un thriller político y judicial al estilo de John Grisham, la revelación de los proyectos “Handcock” y “Jaime”, supuestamente diseñados y operados desde Televisa –como planes secretos– para beneficiar con propaganda al priista Enrique Peña Nieto, además del proyecto “Mujer”, hecho a la medida para la panista Josefina Vázquez Mota también por “cerebros” de esa televisora, revelan, una vez más, la elevada injerencia que ha tenido esa cadena para catapultar a los candidatos que más convienen a sus intereses.

Lo anterior no tendría nada extraño si la operación “Handcock”, revelada por el diario británico The Guardian, o las que involucran los nombres en clave “Jaime” y “Mujer”, que fueron documentadas por la revista Proceso, no se hubieran hecho, como es costumbre en México, por abajo del agua y contraviniendo las leyes electorales del país.

En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos sabe que las cadenas ABC, NBC, CBS, CNN y Fox News son parte de grandes conglomerados empresariales y tienen simpatía por el Partido Republicano y sus candidatos. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa en México, dan tiempo, y se lo venden también, claro, a los candidatos demócratas, además que no pueden traspasar los topes de ayuda económica y el tiempo de televisión y radio descritos en la ley para los aspirantes políticos de su preferencia.

La relación es clara, pues. No niegan sus preferencias, pero están regulados y auditados, y tampoco cierran la puerta a la cobertura de los políticos con los que no comulgan los dueños de esos medios.

Pero aquí no sucede lo mismo. Deben ser reportes periodísticos los que revelen esa relación oculta en proyectos de millones y millones de pesos cifrados al estilo de El Informe Pelícano para que la ciudadanía se entere, o se medio entere… pues la mayoría se informa, además, a través de la propia Televisa y no por medios imparciales, que por fortuna los hay en México, ya sean electrónicos, impresos o de radio y televisión.

Por su parte, aunque las evidencias está a las mano, el Instituto Federal Electoral (IFE) no ha dicho esta boca es mía. En teoría es la máxima autoridad administrativa en materia electoral del país y, desde 2007, se le otorgaron instrumentos para sancionar no sólo a los partidos políticos sino también a los ciudadanos, militantes y candidatos de esos partidos, así como a los concesionarios y permisionarios de los medios electrónicos de comunicación (radio y televisión), si detecta la comisión de algún ilícito.

A sólo cuatro días de la elección federal y aun cuando se han publicado ya decenas de documentos sobre las supuestas relaciones ilícitas que Peña Nieto y Televisa establecieron incluso desde 2009 a través de empresas subsidiarias, esa autoridad no ha movido un dedo.

Preocupa aún más porque, por ejemplo, los consejeros del IFE sí son capaces de reaccionar, de inmediato, con amenaza de sanciones a la marcha convocada por el Movimiento #YoSoy132 el sábado previo a la elección en la Ciudad de México, y que tiene como objetivo central –no habrá expresiones antiPeña– promover el voto y la transparencia en la contienda electoral del 1 de julio.

Sin embargo, esos mismos consejeros del Instituto Federal Electoral no se han atrevido siquiera a pronunciarse ni a revisar los reclamos contra los supuestos abusos de los poderes fácticos [desde el Presidente de la República, los partidos políticos y los dueños de las televisoras]; mucho menos, claro, parecen estar dispuestos a imponerles multas ni sancionarlos tal y como marca la ley.

Dejar hacer y dejar pasar es una acción de mucho riesgo cuando en juego está una elección presidencial. Faltan cuatro días para salir a votar y muchos ciudadanos comienzan a preguntarse: ¿De qué sirve el IFE?