En su libro ¿Por qué las naciones fallan? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, Daron Acemoglu y James Robinson ponen como primer ejemplo el caso egipcio. Las causas de la revolución que se expresó con la toma de la Plaza Tahrir no son las mismas para los ciudadanos que participaron en ella que para la mayoría de los académicos y analistas. Para estos últimos las razones de la revolución son diversas y van desde las condiciones geográficas de Egipto, ubicado en tierras áridas que no permiten una agricultura realmente productiva. Otros académicos consideran que las fuentes culturales y las creencias islámicas son inconsistentes con el desarrollo económico capitalista y de ahí proviene el colapso financiero. Sin embargo, para los ciudadanos que salieron a las calles el fallo de la sociedad egipcia se debe fundamentalmente a un Estado inefectivo y corrupto “en el que los talentos, la ambición, el ingenio y lo que la educación nos pueden dar, no se pueden usar. Todos los impedimentos económicos que ellos enfrentan se originan por la manera en que el poder político es ejercido y monopolizado por una elite en Egipto. Esto, ellos lo entienden, es la primera cosa que hay que cambiar”. Los autores del libro coinciden con la interpretación de la gente que salió a las calles, para ellos el problema radica en el ejercicio del poder, en la corrupción, en su captura por parte de una elite.

La apropiación del poder por las oligarquías y el íntimo vínculo entre el poder político y económico es una de las principales causas de la ineficiencia. Este vínculo íntimo hace prevalecer el interés privado sobre el público y la innovación social que se requiere para proteger el bienestar de la población no sólo no encuentra lugar, es combatido por la oligarquía. Este combate se da por una sola razón, la innovación social requiere poner en el centro el interés público sobre el privado y esto afecta los intereses de sectores poderosos de la oligarquía.

Esto es lo que hemos visto en la crisis profunda que vive la salud de la población mexicana a partir del deterioro de su alimentación y que la ha puesto en los primeros lugares de obesidad y diabetes en el mundo. En unos cuantos años la diabetes se ha posicionado como la principal causa de muerte, amputaciones y ceguera en nuestro país. Como lo han declarado el secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued, y la presidenta de la Comisión de Salud del Senado,  Maki Ortiz, “La insuficiencia renal no se ha integrado al Seguro Popular porque no hay dinero”. Estas declaraciones son prueba de que el sistema de salud pública está colapsado y de que las proyecciones confirman lo que nos ha advertido la OCDE: el país no será viable sanitaria y financieramente si no se toman fuertes medidas para combatir la epidemia de obesidad.

El vínculo íntimo entre el poder político y el económico es tan fuerte que uno y otro se confunden, es tan fuerte que vemos actores políticos que pasan a ser cabilderos de las empresas, en premio a sus favores. Y también observamos lo contrario, cabilderos empresariales que pasan a ser políticos, empujados por los empresarios. Se piensa que el beneficio de las grandes empresas significa el progreso del país. El resultado es el reforzamiento de la oligarquía a través de la ideología.

La oligarquía no sólo está dispuesta a las reformas sociales, también las puede promover, siempre y cuando estas sirvan a sus intereses. Y sus intereses no siempre van en sentido contrario con el bienestar social, pueden coincidir. Desgraciadamente, una parte importante de sus intereses se contraponen a los intereses públicos. La prevalencia del interés privado sobre el bienestar público puede llegar a extremos donde la viabilidad social está en peligro y el actuar de la oligarquía sólo puede agudizar los problemas y llevar a una catástrofe.

Este es el caso del papel que está jugando la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) frente a la epidemia de obesidad y diabetes que vive el país. Existe la evidencia científica suficiente, a través de una larga lista de estudios, que demuestra que el consumo regular de refrescos aumenta el riesgo de obesidad y diabetes entre la población y que se puede consultar en: http://www.elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/la-infeliz-verdad-sobre-los-refrescos/.

La ANPRAC, que en esencia es Coca-Cola y Pepsico, quienes utilizan esta asociación para actuar sin dar la cara, respaldados por CANACINTRA, han criticado una campaña que diversas organizaciones que conformamos la Alianza por la Salud Alimentaria, hemos instalado en vagones de las líneas 1, 2 y 3 del Metro y en algunos de los pasillos de este sistema de transporte colectivo. La campaña establece una relación de los daños avanzados de la diabetes, como son las amputaciones, la ceguera y la muerte, con el alto consumo de refrescos. Los tres carteles señalan “fue la obesidad, después la diabetes..” y en el primero de ellos se pregunta: “¿Cuánto contribuyó la publicidad de refrescos?, exijamos su regulación”; en el segundo: “¿Cuánto contribuyó que se ocultara el riesgo de los refrescos?, exijamos que los etiquetados nos alerten”; y en el tercero: “¿Cuánto contribuyó el consumo de refrescos y la ausencia de agua?, exijamos acceso al agua potable purificada en escuelas y espacios públicos”.

Los mexicanos somos los mayores consumidores de refrescos en el mundo y somos también los mayores consumidores de Coca-Cola por persona en todo el orbe. Una simple botella de 600 mililitros de estas bebidas rebasa por mucho el máximo tolerable establecido por la Organización Mundial de la Salud para el consumo de azúcar añadida en todo un día. Sabemos muy bien que un alto porcentaje de mexicanos consumen uno, dos y hasta tres refrescos en un día. Basta que un niño consuma un refresco al día para que su riesgo de obesidad aumente 60% y que cualquier persona consuma uno o dos refrescos diarios para que su riesgo de diabetes se incremente 25%.

Mientras Coca-Cola tiene una intensiva campaña multimillonaria de imagen de “Responsabilidad Social” hablando de su compromiso de no realizar publicidad a menores de 12 años, de que invierte en el cuidado al agua y la conservación de los bosques, reacciona enérgicamente a una muy pequeña campaña de organizaciones de la sociedad civil que intenta informar a los consumidores del riesgo que significa el consumo regular de su principal producto. El que Coca-Cola esté gastando tanto en campañas de imagen sólo tiene una razón: sabe muy bien el daño que provoca su producto y busca maquillarse.

Por otro lado, ¿por qué Coca-Cola no responde directamente y utiliza una asociación para atacar nuestra campaña de información? Porque sabe perfectamente que el negar los daños que causa su producto la pone en un terreno muy peligroso, en el mismo que se metieron las tabacaleras al negar los daños del tabaco y que les tuvo un costo multimillonario a través de demandas que pudieron demostrar que habían mentido a los fumadores a sabiendas del daño que causaba su producto.

Desde hace años, estas empresas fueron advertidas por agencias de análisis, de que sus intereses se vería afectados porque el gobierno mexicano tendría que aplicar políticas públicas contra el consumo de sus productos con el fin de proteger la salud de la población. La salud de la población ha empeorado, durante el sexenio de Fox murieron 361,514 personas por diabetes, con Felipe Calderón la cifra aumentó 33% llegando a casi medio millón de personas (482,140).

Las empresas refresqueras han respondido en contra de esta campaña y ahora contra la propuesta de un impuesto al refresco que estaría dirigido a disminuir su consumo y a generar recursos que deberían destinarse a la introducción de agua potable purificada de acceso gratuito en escuelas y espacios públicos. A la vez se están presentando iniciativas que establecen la necesidad de regular los etiquetados de los alimentos y las bebidas y de prohibir la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a la infancia. En varios países donde el problema de la epidemia de la obesidad y la diabetes no ha alcanzado la dimensión a la que ha llegado en México, estas regulaciones ya se aplican.

La expectativa es si con el nuevo gobierno prevalecerá el interés de la oligarquía o el bienestar público, si se permitirá que las tendencias continúen y la catástrofe sanitaria se agudice o si el Ejecutivo y el Legislativo impulsarán medidas que en otros países ya muestran buenos resultados para combatir estas epidemias. Por lo pronto, millones de familias pobres  en el país sufren las consecuencias de contar con un familiar con diabetes que significa destinar el 25% de sus ingresos a su atención, decenas de miles de familias van a la banca rota por pagar la diálisis de un familiar, diálisis que no cubre el Seguro Popular.

El poder secuestrado por las elites económicas y, en este caso, por las grandes corporaciones que controlan los alimentos y las bebidas procesadas a escala mundial, está provocando que este país sea una nación fallida, está impidiendo la innovación social que requerimos para ser más saludables, más justos y más sustentables.