Gisele Bonnici

Coordinadora Regional para las Americas, International Detention Coalition

@idcmonitor

Lorena Cano

Coordinadora Área Legal de Sin Fronteras IAP

@Sinfronteras_1

Imaginemos a Susanita, una adolescente salvadoreña, pasando día y noche más de 6 meses privada de su libertad en el centro de detención para migrantes en Acayucan, Veracruz. ¿Su delito ante el Estado mexicano? No contar con permiso para estar en el país.

Como otros miles de niños y niñas centroamericanas que arriesgan la vida solos en la ruta migratoria, venía de paso. Buscaba a su madre en Estados Unidos, buscaba una vida donde no temer por su integridad y seguridad. Una vida en la que una joven de tan sólo catorce años contará con suficientes oportunidades para alcanzar sus sueños y desarrollar su potencial humano. Encontrándose prisionera en México, pidió la protección del Estado Mexicano, bajo la figura del reconocimiento de la condición de refugiada, misma que se le negó. Hoy su única opción es solicitar un documento por razones humanitarias.

Durante el año 2014, 23,096 niños, niñas y adolescentes migrantes pasaron desde días hasta meses “educándose” en los centros de detención migratoria de México (llamados estaciones migratorias). Hace un par de semanas, un estudio de la Universidad de Georgetown destacó el alto costo de la privación de la libertad como respuesta central al aumento reciente de niños y niñas de países vecinos huyendo de sus hogares para llegar a México y Estados Unidos. Entre ello, la dificultad para que la niñez acceda a la protección legal, acompañado por el miedo de quedarse encerrados por un tiempo prolongado en caso de ejercer sus derechos.

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Según estándares internacionales, entre otros del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la detención de niños, niñas y adolescentes, en razón únicamente de su condición migratoria, nunca puede estar de acuerdo con el principio rector del interés superior del niño, aun por periodos cortos de tiempo. Lejos de proteger o cobijar a estos niños y niñas que se encuentran en nuestro país solos, sin sus padres y sin haber cometido delito alguno, estar encerrados en centros de detención los exponen a diversas afectaciones en su salud mental y desarrollo psicosocial (angustia, depresión y estrés-postraumático, pensamiento suicida, entre otros).

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Hace cuatro años, tomamos como país, un paso en el reconocimiento de esta realidad, cuando la Ley de Migración del 2011 visibilizó a la infancia y adolescencia en el contexto de los flujos migratorios mixtos irregulares. Conforme a su Artículo 112, el Instituto Nacional de Migración (INM) debe canalizar “de manera inmediata” a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados a las instancias del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) “con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada mientras se resuelve su situación migratoria”.

Desde entonces, la ausencia de una serie de mecanismos que definen e implementen la protección y coordinación entre los sistemas migratorios y de infancia, da lugar a que dicha canalización sigue siendo un procedimiento excepcional, y la detención la regla general. Niños y niñas como Susanita todavía son privados de su libertad en estaciones migratorias y la gran mayoría devueltos a su país de origen sin la oportunidad de pasar por un procedimiento administrativo que protege y respete sus derechos: es decir, sin una entrevista detallada por personal especializada, sin la asignación ni el acompañamiento de un tutor o representante legal, sin acompañamiento psicosocial, sin un proceso de determinación del interés superior del niño, y sin que una entidad tenga la responsabilidad de dar seguimiento a su caso.

En el mejor de los escenarios, los muy excepcionales, se canalizan a un albergue del DIF, como finalmente pasó con Susanita después de 6 meses en la estación migratoria, pero aún así no existe la posibilidad de salir a la escuela ni moverse libremente dentro de la comunidad. El resultado es una detención en un lugar alterno al migratorio y los niños muchas veces abandonan sus procesos legales porque ya no pueden soportar estar encerrados. Esto no tiene que traducirse en la regla general, puesto que existen otras maneras de recibir, atender y proteger a la niñez migrante sin necesidad de privarle de su libertad.

Varios países con migración de tránsito y destino han desarrollado modelos de evaluación y colocación en la comunidad, que pueden garantizar condiciones adecuadas de subsistencia, seguridad y desarrollo en el entorno social, hasta en tanto se adopta en definitiva la resolución de su estatus migratorio acorde a su interés superior.

El reto actual del gobierno mexicano consiste en definir las acciones y competencias que permiten llevar a la práctica las disposiciones legales nacionales e internacionales que logren la protección efectiva e integral a los derechos de la infancia migrante. En 2015 en el contexto de la implementación de la Ley General de los Derechos de los Niñas, Niñas y Adolescentes, se abre una vez más una oportunidad para adoptar medidas que progresivamente lleven a construir modelos alternativos a la detención migratoria para niños y niñas como Susanita.

Un paso para ello es la creación de mecanismos adecuados para identificar a los niños, niñas y adolescentes no acompañados no sólo por el INM sino también por otras dependencias, y la canalización de TODOS al nuevo sistema de protección a la infancia. Es indispensable personal especializada para conocer sus necesidades y protocolos que permiten la evaluación de su interés superior y la gestión y seguimiento de casos, así como la asignación de un tutor y/o representante legal para apoyar la toma de decisiones acordes a su interés superior.

Finalmente, el apoyarse en la experiencia y especialización de los modelos de atención a la infancia y a personas migrantes que las organizaciones civiles han desarrollado por mucho tiempo, nos aproximaría más a la construcción de una base social en la comunidad donde sea posible garantizar el bienestar de la infancia de nuestra región. A fin de proteger el sano desarrollo emocional, físico y psicológico de la infancia migrante, así como la protección de sus derechos, es urgente el desarrollo e implementación de alternativas y modelos de atención en la comunidad que prevengan y eviten la detención por razones migratorias.

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