México necesita recuperar sus bosques y sus selvas. No hago esta afirmación desde una perspectiva ambientalista sino criminal. Hace tiempo que los bosques y las selvas son territorio gobernado por la delincuencia. Así ocurre en la sierra de Durango, en Valle de Bravo, en Montes Azules, en San Andrés Tlalámac y en un largo etcétera del territorio nacional.

Las autoridades formales están ausentes en regiones muy grandes del país y, por lo general, cuando aparecen es porque sostienen ligas con la delincuencia. Los ejemplos abundan. Una de las regiones más bellas, la sierra que reúne a los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa, fue donde Joaquín Guzmán Loera estableció los cuarteles generales de su emporio. A la fecha sigue siendo zona muy peligrosa para incursionar. Y, salvo excepciones, los aserraderos de la zona viven bajo la extorsión de los criminales, o bien son propiedad de esas mismas personas.

En el otro extremo de nuestra geografía la circunstancia no mejora. Hace solo dos semanas, Julia Carabias – una de las mexicanas más respetadas por su compromiso a favor de la protección del patrimonio natural mexicano – fue secuestrada ya que se enfrentó a los intereses ilegales de una banda de depredadores en la reserva de Montes Azules, Chiapas.

En otra coordenada, el municipio de Valle de Bravo del Estado de México, se repite el patrón. En la comunidad de Cerro Gordo la violencia viene golpeando, con distintas intensidades y sin discriminar por origen social. Resulta que un aserradero ubicado en esa zona fue, durante mucho tiempo, utilizado por una organización criminal porque dentro de los troncos de madera se transportaba droga sin que la autoridad pudiera detectarla. Para operar con mayor libertad, esos barones se deshicieron de sus vecinos más próximos con métodos muy agresivos. Aún siguen apareciendo cadáveres junto a los árboles, producto de aquella limpieza social.

Esta semana un expediente emparentado encendió de nuevo la alarma, también en el Estado de México, pero ahora en la comunidad de San Andrés Tlalámac. Sus vecinos lincharon a dos policías con el argumento de que los agentes del orden habían disparado antes contra un residente, Israel Balderas Rosales, a quien se señaló, con o sin fundamento, como talamontes.

Habrá de esperarse a que esta tragedia sea investigada para contar con una explicación creíble de los hechos. (Ojalá y no tengamos que aguardar sin fin, porque con frecuencia estos asuntos se apagan tan rápido como se encendieron). Cabe con todo advertir que la aproximación a tan lamentable suceso no debe hacerse suponiendo que se trata de un hecho aislado. Hace tiempo que el Estado mexicano abdicó a gobernar con  la ley en la mano, también en las regiones rurales de nuestro país.

Los bosques y las selvas son de ellos, de las bandas ilegales y sus socios que se presentan como autoridad. No se necesita ir demasiado arriba en la montaña para probarlo. Basta con recorrer los bosques más próximos a los poblados para encontrarse, aquí y allá, con aserraderos clandestinos que están depredando el capital natural de nuestro país sin que nadie ponga un alto.

Estos taladores pueden ejercer su oficio criminal porque están protegidos, de un lado por las organizaciones criminales dedicadas a negocios aún más lucrativos. Y del otro, por la burocracia responsable de proteger las zonas forestales que, o bien no se atreve a ingresar en territorio criminal porque sabe que su destino puede ser el mismo que padecieron los policías de San Andrés Tlalámac, o bien porque la autoridad está involucrada en los negocios que florecen gracias al imperio inderrocable de la impunidad.

Si los mexicanos creíamos que la violencia más grave estaba en las ciudades es porque todavía no hemos tomado conciencia de lo que sucede en los márgenes de la vida rural. ¿Cuántos ejemplos más se requieren para exigir que, desde Los Pinos, se tomen cartas en el asunto? No se trata solo de salvar bosques y selvas, razón que en sí misma sería suficiente, sino de recuperar para México territorios gobernados por señores feudales que imponen arbitrariamente su propio orden y castigo con la complicidad – voluntaria o sometida – de cientos de comunidades.