La de Ocho

Los 100 millones de pesos encontrados al ex tesorero de Granier es el tema más socorrido en las portadas de los diarios. Pero sólo Reforma y El Universal la llevan de ocho columnas (segundo día consecutivo en el que coinciden). Los diarios restantes escogieron otro tema de ocho, aunque ninguno coincide. La Jornada cita el reporte de Amnistía Internacional para intitular “Con Calderón desdén ante las pruebas de abusos” y explica las omisiones en el caso de 25 mil desaparecidos. Milenio, con su cabeza “Fin a crisis con canje de militares y civiles”, hace referencia a la crisis que se vivió ayer, cuando guardias autoarmadas en Michoacán retuvieron durante algunas horas a 29 militares. Por su parte, Excélsior da de ocho una nota propia que ayer desaprovechó: “Senado, negocio familiar”. En ella explica la manera en que los legisladores aprovechan el uso discrecional de la nómina para emplear a parientes, amigos y aviadores en calidad de ayudantes y asesores. Ayer, en nota subordinada, Excélsior ya había adelantado el dato de que Cordero gastaba más de 2.4 millones de pesos mensuales en este tema. Hoy continúan con miembros de otros partidos. La Razón, titula con una nota que causó revuelo el día de ayer en las redes: “Góngora Pimentel mete a la cárcel a la mamá de sus dos hijos autistas”. En sólo siete días una juez concedió aprehensión por el delito de no poner casa a nombre de los niños. La madre había denunciado al ex ministro de la Corte por pensión alimentaria.

La Foto

Todos coinciden en la foto del día: pilas de billetas de 500 y de mil pesos que recuerdan la imagen de Zhenli Ye Gon. Dos funcionarios de Tabasco detrás de los 100 mdp apiñados en dos mesas. Curiosamente, ninguno de los diarios se tomó la molestia de explicar quiénes son los dos individuos que se encuentran de pie atrás de esos montones de billetes: ¿contadores que custodian el dinero?, ¿detenidos en el rancho?

Secundarias

En pocas de las secundarias de portada de los diarios coinciden unos con otros.

El Universal da voz al dramático llamado de Preciado, el nuevo coordinador de los senadores panistas. “Cordero no me toma la llamada”, dice.  También informa sobre el trueque entre soldados y detenidos en Michoacán. Y muestra testimonios de víctimas de trata con motivos sexuales.

Reforma: la segunda en importancia de este diario muestra la denuncia que puso  Slim por acoso en Estados Unidos. Su nota de recuadro no deja lugar a dudas: Andrés Ramírez, el responsable de organizar este acoso, afirma que continuará haciéndolo, pero se deslinda de cualquier vínculo con Tv Azteca o Grupo Salinas (Templo Mayor, del propio Reforma, había filtrado que Ramírez trabajaba con el grupo del Ajusco). También da cuenta del trueque entre soldados y guardias autoarmadas, pero a diferencia de Milenio y El Universal, deja mal parados a los militares: “Doblan a militares”, afirma Reforma. Por último, continúa su cobertura en contra del delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, en este caso por un adeudo vencido a una empresa por una demanda que les ganó en tribunales

La Jornada, incluye tres breves notas: Pobladores de Tomatlán retuvieron a 17 militares (unos diarios hablan de 25, otros de 24, para La Jornada sólo 17) como represalia por sus cuatro detenidos. En otra nota dice que Madero defiende a Preciado y al pedir que no se le denigre. Y por último, confirma que Forbes da a Bill Gates supremacía sobre Carlos Slim en materia de riqueza.

Excélsior se va por las de economía. Publica un boletín de la Secretaría de Economía en el que se asegura que la inversión extranjera creció 14% en México en el primer trimestre y que llegará a 38 mil millones al final del año. En otra nota, advierte que el Plan Nacional de Desarrollo sólo contempla 10% de ayuda a los pobres.

Milenio recupera reacciones al nombramiento de Preciado y escoge la cita de la “Cocoa” Calderón, hermana del ex Presidente, para cabecear:  “Preciado, coordinador de Madero”. Por otro lado, informa de la formal prisión a 12 servidores públicos por el caso Estela de Luz.

Por su parte, La Razón advierte que los jugos que fabrica Coca-Cola tienen el equivalente a 26 cucharas de azúcar y eso aumenta el riesgo de diabetes.

Y más del PAN: Bernabé le dijo a Burundanga 

Carlos Elizondo, en Reforma, afirma que el PAN que nunca supo ser gobierno, en el camino olvidó cómo ser oposición. Madero cometió un error al remover a Cordero: divide al PAN y se debilita frente a las elecciones en 14 estados el próximo julio. Como partido dividido no podrá impulsar como oposición la agenda del partido. El sacrificio de Cordero apaciguó por ahora a Madero, habrá que ver si la militancia blanquiazul no exige el sacrificio del propio Madero en diciembre. Jorge Francisco Garfias, de Excélsior, aprovechó su comida en el Palm con el presidente de la Coparmex, para reportear a los calderonistas que comían en el lugar y pasaron a saludar al empresario. Luego del desfile, este comentó lapidario: “ahora los empresarios tendrán que entenderse con los legisladores del PRI, el PRD y los dos panes”. Fernández Menéndez, Excélsior, revisa el perfil de Jorge Luis Preciado, nuevo coordinador de los senadores panistas. Se hace eco de algunos de los epítetos que el arrojaron los calderonistas y que Preciado negó (que fue priista, que malversó fondos de Sedesol, que es empresario de giros negros) y revela un tema poco tratado: Preciado ha argumentado con ahínco a favor de las autodefensas que han surgido en Michoacán. El Senador insiste en que los grupos de autodefensa deben ser reconocidos, legitimados y apoyados por las autoridades. Joaquín López Dóriga, Milenio, entrevistó a Madero y obtuvo de éste la explicación sobre el nombramiento de Preciado: es en el que más confía. Trascendió, de Milenio, afirma que Madero envió un mensaje a los senadores más rijosos: o se calman o les quitan las presidencias de las comisiones que encabezan (Javier Lozano, Comunicaciones; Roberto Gil, Justicia) y les retiran apoyos como el que recibe Gabriela Cuevas, quien toma un curso en Londres con recursos de la fracción. Carlos Puig, Milenio, se pregunta qué hará Peña Nieto ahora que el PAN se ha descuadrado: ¿cómo sacará adelante las dos reformas que necesita para hacer crecer la economía (fiscal y energética)?, ¿qué hará Peña frente a los calderonistas? Alfonso Zarate, en El Universal, al analizar las razones del conflicto dentro del PAN, pone énfasis en un ángulo interesante. Los calderonistas se aferran al control del PAN para asegurar una especie de blindaje contra las revelaciones que se multiplican sobre abusos de poder que involucran a los hombres más cercanos a Calderón. Y concluye: ¿no dijo Calderón que quería ser un buen ex Presidente? Para él ya pasaron los tiempos de sumarse y de sumar; son tiempos de sumirse.

Los gobernadores y sus infamias

Julio Hernández, en La Jornada, se pregunta si con el hallazgo de los 100 mdp en el rancho del ex tesorero de Granier, por fin Arturo Núñez, Gobernador de Tabasco, se animará a encarar penalmente a su compadre “El Químico” Granier. Ricardo Alemán, El Universal, asegura que todo estaba preparado dentro del PRI para procesar la salida de Javier Duarte de Veracruz, por sus reiterados errores, pero la crisis del PAN postergó la operación. El autor hace un recuento de los ex gobernadores que están en capilla y podrían ser detenidos: Andrés Granier, priista, de Tabasco y Luis Armando Reynoso, panista, de Aguascalientes. Además se investigan los desfalcos de Leonel Gody, perredista, de Michoacán. Entre los que están en activo además de Javier Duarte de Veracruz, se apunta a Roberto Borge, de Quintana Roo. Trascendió, de Milenio, afirma que a Tomás Yarrington está a punto de caerle otra andanada desde Estados Unidos: la fiscalía de San Antonio prepara cargos en contra de él por delitos equiparables a delincuencia organizada y conspiración para introducir drogas.

CNTE y la guerrilla en Oaxaca

Loret de Mola, en El Universal, afirma que luego del desmantelamiento del grupo de secuestradores dentro del cual aparecieron varios miembros de la CNTE en Oaxaca, toma fuerza al argumento de los gobernadores de Morelos y Oaxaca en el sentido de que detrás de los movimientos magisteriales violentos están la guerrilla y el narcotráfico. Loret cita al artículo de Nexos de Serdán Rosales, en el que revela que la CNTE obtuvo del gobierno de Oaxaca desde 1992 control de plazas docentes para heredarlas, y una Agencia Especializada del Ministerio Público para asuntos penales relacionados con el maestros de la organización. En 2012 se firmó el acuerdo que permite en Guerrero también heredar el puesto a una esposa o hijo. Todos sus privilegios están amenazados por la reforma, dice Loret, por eso se radicalizan. Julio Hernández, de La Jornada, llama la atención sobre la insistencia de algunos columnistas y opinadores mediáticos en el llamado para que el gobierno actúe con mano dura contra los profesores y sus excesos (varios de ellos delictivos, reconoce el autor). Afirma que la insistencia en vincular la banda de secuestradores desmantelados en que había miembros de la CNTE con el secuestro de Diego Fernández, forma parte de un clima de linchamiento que podría “justificar” una escalda represiva (NOTA: la vinculación de secuestro del “Jefe Diego” y CNTE  fue realizada por Ricardo Alemán y Jorge Fernández Menéndez; ver la “Columna de Columnas” de ayer).

Más del nuevo Profeco

Según Templo Mayor, de Reforma, resulta que Alfredo Castillo no está contento: él quería ser Procurador de la República, no del Consumidor. Habría preferido seguir como subprocurador de la grande en espera de su oportunidad. Cayó para arriba, pues. Su consuelo: que al parecer ya no aguantaba a su jefe Jesús Murillo Karam. Un poco tardío, Leo Zuckermann, en Excélsior, señala que la remoción de Benítez Treviño por el escándalo de su hija en el restaurante, revela el protagonismo del nuevo actor que significan las redes sociales. Peña Nieto actuó porque sabía que la sociedad no le va a permitir los viejos abusos.

UNAM: riesgo de encapuchados de nuevo

Bajo Reserva, de El Universal, sostiene que en las conversación que las autoridades de la UNAM mantienen con activistas radicales, éstos amenazan con tomar de nuevo la Rectoría. El problema es que parte de las reivindicación que plantean estos grupos escapan a las posibilidades del Rector.

Divisiones en la izquierda

Templo Mayor, de Reforma, llama la atención de que no sólo en el PAN prima el divisionismo: un grupo de perredistas de la Tribu IDN, que encabeza René Bejarano, tiene tomada la sede nacional del partido. Exigen candidaturas para regidores en las elecciones de Puebla y Veracruz.

Reforma política, la segunda vuelta

El ex presidente del IFE, José Woldenberg, Reforma, hace una evaluación de los pros y contras de instaurar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales (votar sólo sobre los dos punteros). En teoría, dice Woldenberg, eso daría legitimidad al nuevo Presidente porque le otorga más del 50% de los votos. El problema es que la segunda vuelta privilegia la confrontación entre dos fuerzas y deja al margen a la tercera. Y resulta que, querámoslo o no, nuestra realidad está conformada históricamente por tres fuerzas políticas. Pequeño detalle.

Los casinos de Calderón

Casa de Citas, de SinEmbargo, recuerda que a las 23:58 horas del 30 de noviembre de 2012, dos minutos antes de dejar la Presidencia, Felipe Calderón otorgó a través de la Segob dos permisos para operar casi 100 casinos en México. Fueron los únicos dos permisos que otorgó durante su sexenio. El problema es que los socios de ambas compañías fueron identificadas como personas relacionadas con la delincuencia organizada. Otras empresas dedicas a este giro presentaron una denuncia penal por la irregularidad de estos permisos. Ayer, la Comisión de Juegos y Sorteos de la Cámara de Diputados anunció que retomará la investigación sobre el tema.

Los padres de la Guardería ABC, víctimas dos veces

Lydia Cacho, tambien en SinEmbargo, describe el viacrucis de los padres de los niños muertos en la Guardería ABC de Hermosillo y su sufrimiento frente a las evidencias renovadas de que el fuego pudo ser provocado intencionalmente para asegurar la quema de la bodega de al lado, con documentos que demostraban los malos manejos de la administración estatal por 10 mil millones de pesos. Un grito de indignación y pruebas adicionales que ninguna autoridad está interesada en retomar.

Michoacán y el déjà vu

Luego de entrevistar a Osorio Chong y a su vocero Eduardo Sánchez, Ciro Gómez, Milenio, concluye que lo que se está haciendo en Michoacán es lo mismo que se hizo hace seis años: deponer a la policía local para que tomen el control los militares. Se pregunta hasta cuándo tendremos policías confiables.

Drogas y debilidad del Estado

El especialista en temas internacionales, Enrique Berruga, analiza para El Universal el reciente informe de la OEA sobre las drogas a nivel continental y concluye que las bandas criminales son ya tan grandes y diversificadas, que ni siquiera con la desaparición de las drogas dejarían de accionar. El problema, dice Berruga, es que el crimen está mejor organizado que los gobiernos de América para enfrentar un reto que no reconoce fronteras. Los gobiernos tendrían que observar al continente como lo hacen los narcos: como un espacio que exige coordinación, porque el problema ya rebasó las capacidades de cualquier Estado.

Migración a Estados Unidos

Jorge Castañeda, en Reforma, señala que aún cuando dista de ser aprobada la nueva ley migratoria sigue avanzando. Ello permitiría la legalización de 12 millones de indocumentados de los cuales la mitad son mexicanos. El otro punto es más polémico: la aprobación de un techo de 200 mil visas temporales de trabajo cada año. El tema, dice Castañeda, es que gracias al cabildeo, países como Corea, Canadá, Polonia o India han conseguido que buena parte de esas visas temporales sean para empleos de alta calificación (procedente de aquellos países) y por falta de cabildeo de México se observa una disminución relativa de las de baja calificación (propias de nuestro país).

Tormenta y calentamiento

A propósito del tornado de Oklahoma y la tormenta Sandy, Sergio Sarmiento, Reforma, señala que ninguna fue producto del calentamiento global. Ello debería evitar que se medrara políticamente con tragedias humanas que no tienen que ver con ese proceso. El calentamiento por ahora se ha detenido, afirma Sarmiento, aunque podría reanudarse en los próximos años. Pero eso es otra cosa, dice el autor.

Es claro que los escándalos no son exclusivos del actual PRI. PAN y PRD, así como otros partidos –de manera particular el Partido Verde–, tienen representantes memorables de la visión patrimonialista del poder público. De eso nos hemos ocupado en otros espacios. Por ahora analicemos al PRI.

Tomando como un antecedentes lo publicado por Reforma en mayo del año pasado sobre los viajes de Paulina Romero Deschamps, quien acompañada de un hermoso bulldog surcaba los cielos del mundo en busca de bolsos exclusivos, al el tuit de Paulina Peña durante la campaña, quien molesta espetó el célebre calificativo de “Prole”, los episodios de los juniors se han sucedido uno tras otro.

En noviembre del año pasado, Fabián Granier hijo del ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier, mostraba públicamente sin pudor alguno su nueva riqueza comprando en 50 millones de dólares un hotel en Cancún, según informan notas periodísticas. Fabián ha seguido en las noticias este año ya que sus actividades deslumbran el Caribe mexicano. En abril de manera intempestiva, Andrea Benítez, hija de Humberto Benítez Treviño ex titular de Profeco, saltó a la fama al mandar clausurar un restaurante en el DF por una incomodidad. #LadyProfeco, como le nombraron en Twitter, logró que despidieran a su padre, pero ella y los funcionarios públicos que clausuraron el establecimiento quedaron a salvo de cualquier investigación sobre un probable delito de tráfico de influencias.

En un capítulo más de los juniors del PRI, Gerardo Saade Karam, nieto del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue acusado por publicaciones en redes sociales, el 20 de mayo de 2013 por Alexia Ímaz, hija de Eugenio Ímaz director del CISEN, de irrumpir en su casa, golpearla y retirarse impunemente, hecho que desnudó la capacidad de reacción del entorno de los responsables de nuestra seguridad nacional. Si con esa facilidad pueden entrar, delinquir y salir del domicilio de Eugenio Ímaz, director del CISEN, ¿imagínense qué puede pasar en el país? La hija del responsable del CISEN no hizo su denuncia formal y una cortina se tendió sobre el caso. Una par de llamadas, acaso una reunión con indicaciones del más alto nivel. Nada ha cambiado.

Otras denuncia menos atendida por los medios convencionales, es la hecha por Maritza Díaz Hernández, a quien Enrique Peña Nieto ha demandado por temas relativos a un hijo en común plenamente reconocido, pero que en el camino el Poder Judicial del Estado de México y del Distrito Federal han perdido toda independencia. Díaz Hernández plantea un argumento importante: atender el interés superior de la infancia y garantizar el principio de no discriminación del niño que tienen en común.

Como colofón, apenas ayer supimos de una denuncia pública de familiares del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la manipulación del Poder Judicial y de instancias de procuración de justicia en una disputa de la que él es parte. Góngora Pimentel aspiraba a integrar el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento el ex ministro ha callado.

Entiendo a Margarita Castillo, abuela de los hijos de Góngora Pimentel. Cuando enfrentas a alguien con la influencia de Genaro Góngora, la denuncia pública es de la pocas vías útiles. Decir que los temas de violencia o los citados sucesos ocurridos en familias de políticos son privados, es permitir socialmente que impere una doble asimetría del todo injusta, la misoginia e influyentismo.

Los otros jóvenes mexicanos 

Mientras estos dilemas en la cúpula del poder se suceden, miles de jóvenes tanto opositores al régimen como jóvenes simplemente, son criminalizados y perseguidos. 14 jóvenes detenidos arbitrariamente el #1DMx siguen en proceso penal, uno de ellos ya fue sentenciado. En Guadalajara más de una docena son perseguidos criminalmente, simplemente por no simpatizar con Peña Nieto.

Los primeros días de mayo, en Puebla, tres jóvenes fueron detenidos, torturados y procesados por el simple hecho de convocar a una manifestación por el 5 de mayo, derecho protegido por el párrafo segundo del artículo 9 constitucional. Otros como Marduk Chimalli, quien publicaba un blog con caricaturas críticas sobre sucesos nacionales, es procesado por un delito que al no contar con evidencia, se sustenta en la creencia del juez séptimo de lo penal en el DF, Fernando Guerrero, que los jóvenes roban en busca de “adrenalina”. El alcalde de Zapopan, Héctor Robles, se jactó en días recientes de los macanazos que su gobierno le propinaba a jóvenes vándalos.

El cuarto aniversario de la impune tragedia de la Guardería ABC, las decenas de madres en busca de sus hijas e hijos desaparecidos y las personas migrantes que sufren día a día violaciones a sus derechos humanos, no parecen contar para los poderes públicos. Mientras los juniors del PRI se sienten impunes mientras abusan de los derechos de otros, miles de jóvenes son perseguidos en México.

Así las cosas en el México de nuestros días.

@roblesmaloof

Mientras hacemos el amor, entro en ti también por los ojos, y tú en mí. Y en ese abismo de espejos miramos lo que nadie más ve y que nunca hubiéramos imaginado. Es el placer cenital que está por encima de todos.

Por Alberto Ruy-Sánchez

@AlbertoRuy
http//www.albertoruysanchez.com
http//www.albertoruysanchez.blogspot.com

En el tema que nos ocupa en esta columna debemos advertir que las redes sociales han revolucionado al mundo de la política, y que estas herramientas cada vez más crecientes como Twitter o Facebook brindan una plataforma de difusión de proyectos, imágenes y propuestas de los candidatos. Pero también, como todo en la vida, tiene sus pros y contras, ya que puede convertirse fácilmente en un flanco de tiro de la oposición y crear falsos trending topics, información falseada, campañas negras digitales, entre otras cosas, de las cuales hablaré más adelante.

El precedente más importante de esta revolución “electo-digital” fue sin duda la campaña del Presidente Barack Obama. El mandatario dio a conocer sus ideas a través de Facebook y generó un boom de la “militancia virtual”. Obama gastó más de dos millones de dólares en publicidad para la plataforma de Facebook y tiene más de cinco millones de “amigos”.

Por tanto, existen posturas que afirman que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) pueden ser utilizadas como herramientas para potencializar procesos democratizadores, y también existen otras posturas que establecen que la participación en el ciberespacio reproduce y amplía las características de los contextos sociopolíticos preexistentes.

Según Pippa Norris (Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, 2002) sólo los ciudadanos políticamente activos aprovecharán Internet para potenciar sus formas de participación. Por su parte, Guy Debord sostiene en su obra La sociedad del espectáculo que en la vida social se “crea un presente perpetuo apoyado en el espejismo de la tecnología, en el que es posible la ocultación, el simulacro, la mentira, ficción, apariencia que sin duda superan a la realidad, buscando un consumo masivo”.

Sin duda, debemos tener presente que nuestra tecnología electoral no se acerca ni en sueños a los números obtenidos en Estados Unidos en la “campaña madre” de este movimiento: 115 mil personas donaron fondos a la campaña de Obama; más de 750 mil voluntarios movilizaron las redes sociales; en la página oficial de Barack Obama observamos 4.5 millones de personas adscritas sin importar si son “amigos o no”; el War Room de Obama instauró el sistema de propia red denominada MyBarackObama.com captando más de 2.5 millones de seguidores, 13 millones de correos electrónicos recibidos.

Imagine usted lo que pasaría en nuestro país con el tema de moda de la protección de datos: 13 millones de emails en manos equivocadas; en lugar de generar consensos y seguidores, instauramos robots replicadores automatizados; la infraestructura tecnológica, es decir, la brecha digital; el número de empresas que brindan el servicio de banda ancha, “en donde hay, claro está”; la calidad de la conexión; la propia cultura digital; el poder adquisitivo y grado de aceptación para utilizar los llamados smartphones son muy diferentes y si le aunamos la coyuntura social y política concreta (inseguridad, violencia, pobreza, elecciones) debemos preguntarnos ¿en dónde nos encontramos y hacia dónde vamos?

Consulta Mitofsky menciona en su estudio sobre medios digitales que Twitter posee mayor penetración en jóvenes, personas escolarizadas y de niveles socioeconómicos altos. El perfil general ronda en más del 60% entre jóvenes de 18 y 30 años y el 95% de ellos habita en zonas urbanas, algo muy lógico sin duda. Menos del uno por ciento de ellos mencionó tener confianza en sindicatos, senadores, diputados, policía y partidos políticos, y a más de la mitad no le interesa la política. El 16% de los usuarios de Twitter declararon estar interesados en la política, frente al 12% de los usuarios de Facebook y el 8% de interés de los no usuarios de redes sociales. Es decir: a pesar del desinterés generalizado en política, Twitter concentra más personas con intereses políticos que Facebook y que los no usuarios de redes. Quizá esta sea una respuesta al porqué los políticos mexicanos hoy en día, casi por exigencia como en el Gobierno del Distrito Federal, deben tener una cuenta de Twitter con la finalidad de establecer un vínculo entre político y ciudadano.

Pero toda esta nueva modalidad digital en un entorno político-electoral gesta el llamado “acarreo digital” que he comentado en líneas anteriores, como lo es la fabricación ficticia de trending topics, o peor aún la lenta conversión en dispositivos de comunicación política en periodos prohibidos de campaña. Según nuestra ley electoral existen periodos específicos de campaña, aquí es donde considero que se violenta la ley, ya que cualquier candidato puede utilizar estas plataformas digitales con un uso electoral. Imagine usted, si el órgano electoral prohíbe un spot, fácilmente se puede subir a la nube y este cumplirá con su cometido. También poco a poco se utilizan más los perfiles de redes sociales como enlaces territoriales de campañas políticas. Resulta algo sin duda útil en una campaña electoral, ya que el tiempo que un ciudadano pasa con un celular en la mano seguramente supera las nueve horas diarias.

En fin, las campañas políticas virtuales pueden o no acercar a los políticos a la gente, permiten una interacción directa con los posibles votantes, un candidato o partido no tendrá límites para publicidad, un candidato puede invertir miles de millones de pesos en spots para Facebook, en publicidad, posters y cintillos digitales, y todo sin que exista una autoridad que monitorea los topes y gastos de campaña en esta modalidad ya que no está contemplada en nuestra legislación.

O tal vez esta elección seremos testigos de cómo se operará un proceso electoral. Ahora la línea es enviar el mayor número de tuits o comentarios en redes sociales desde las seis de la mañana del día de la jornada electoral, subir publicidad de candidatos, publicitar acciones, promesas o triunfos el mismo día de la jornada electoral, o lo peor de los dos mundos: ejercer el método tradicional de compra y coacción del voto, pero con medio probatorio digital; es decir, comprobar mediante una imagen vía celular el haber votado por el candidato acordado. Sin embargo, como se ha demostrado en muchos procesos electorales internacionales, no existe una correlación efectiva entre el número de seguidores, amigos, likes, ni la popularidad de un candidato en redes sociales, con el aumento en preferencias electorales o la obtención del triunfo.

Lo que sin duda deberemos estar muy pendientes y hacer lo posible por fomentar es una necesidad como canal de comunicación entre políticos y ciudadanos, en donde nuestros políticos abonen la cultura democrática del ciberespacio estableciendo una efectiva comunicación, debate político, diálogo; y donde los ciudadanos expresen sus necesidades, sugerencias y que los políticos den respuesta a ellas.

Por tanto, debemos ser conscientes de que las redes sociales no nacieron como una herramienta política. Actualmente se utilizan como medios de propaganda para las plataformas políticas de partidos y candidatos, pero ese no fue el objeto de su creación. Los asesores electorales deberán entender que no se trata de trasladar las prácticas tradicionales a la red como lo es la coacción, la manipulación, el acarreo y la denostación; las “campañas negras virtuales” no deberían tener cabida en este proceso de modernidad.

Por su parte, las autoridades electorales deberán sin duda alguna poner en la mesa la manera en la cual legislarán controlando y acotando el poder de las redes sociales ya que hoy en día no hay forma de controlar el contenido. No pretendo entrar en la discusión de si va en contra de la libre expresión o no, lo que sí es verdad es que se deberán tomar cartas sobre el asunto por el bien de los procesos electorales, abonando a la cultura de la legalidad, transparencia y fiscalización de recursos destinados a campañas electorales. Nos vemos la próxima semana.

El ex Gobernador panista, quien preside la Comisión de Educación de la Cámara Alta, también se encuentra en el ojo del huracán en su estado natal por una iniciativa que se encuentra impulsando a trasmano en la que fuera su Alma Mater como académico y político: la obtención de un doctorado honoris causa que vendrá a completar su currículo.

Romero Hicks ha sido profesor, director de facultad, secretario general y rector de la Universidad de Guanajuato, cargo este último al que llegó por la designación de Carlos Medina Plascencia, el primer Gobernador panista de Guanajuato, en 1991, quien ocupó un interinato tras la decisión de Ramón Aguirre Velázquez de no asumir el cargo que había ganado en medio de acusaciones de fraude.

En ese primer rectorado, Romero Hicks hilvanó con habilidad entre las diferencias del Congreso de amplia mayoría priista, encabezado por Carlos Chaurand Arzate, y el Gobernador panista, para obtener sin mayores complicaciones la declaración de autonomía de la Universidad de Guanajuato.

Medina Plascencia no parecía tener ningún interés en conservar a la Universidad bajo la férula del Estado. Por su parte, el PRI calculaba que una Universidad autónoma permitiría entregarla al control panista desde el Poder Ejecutivo.

No fue así, el propio Romero Hicks se encargó de erigirse en el factótum de la UG, logrando dos reelecciones consecutivas. En la mitad de su tercer periodo, en 1999, recibió una invitación del ala de ultraderecha en el PAN al que se le había agotado la cantera de cuadros confiables y enfrentaba la posibilidad de perder la carrera interna por la gubernatura a manos de un empresario leonés de corte liberal, Eliseo Martínez Pérez, para ser precandidato a ese cargo.

Juan Carlos Romero Hicks dejó la rectoría de la Universidad en manos de una de sus colaboradoras, Silvia Álvarez Bruneliere, para lanzarse a una campaña de más de medio año para ganar la candidatura panista, lo que ocurrió en una cerrada y accidentada convención, donde venció a Martínez Pérez por menos del uno por ciento de los votos y propició una división en el PAN de Guanajuato.

En comparación con la elección interna, la constitucional fue un paseo, al verse empatada con la elección presidencial que llevó al poder a Vicente Fox. Romero ganó la gubernatura con una votación de dos a uno sobre Juan Ignacio Torres Landa.

Siendo todavía candidato, volvió a operar con sus alfiles universitarios para dejar como rector a quien fuera su consejero jurídico en la Universidad, Cuauhtémoc Ojeda.

Ya como Gobernador, Romero Hicks intervino cuantas veces quiso en la Universidad de Guanajuato: retiró a Ojeda mediante el expediente de invitarlo a su gabinete como Secretario de Seguridad, para evitar que se reeligiera; maniobró para designar como rector interino a Sebastián Sanzberro; después impidió la posible reelección de este, para empujar al doctor en mecánica Arturo Lara López.

Siendo aún Gobernador, Romero retuvo la realización de una reforma universitaria que pretendía departamentalizar la institución, por considerar que no era conveniente. Llevar a cabo este cambio sólo fue posible cuando arribó a la gubernatura Juan Manuel Oliva, en el 2006.

Aún desde Conacyt buscó seguir teniendo influencia en la Universidad de Guanajuato. Antes de dejar esa cargo, designó a su director adjunto, el matemático Antonio de la Peña, como director del Cimat, el centro de investigaciones ubicado en Guanajuato que mantiene estrechas relaciones con la Universidad local. De la Peña es actualmente miembro del Colegio Directivo de la institución; el igual que Silvia Álvarez Bruneliere, también ex colaboradora de Romero en Conacyt.

Con esta historia queda claro que la presencia de Romero Hicks en la Universidad de Guanajuato ha sido determinante durante los últimos 22 años. De ellos, ha sido rector por ocho años y ha intervenido directa o indirectamente para decidir los rectorados durante otros ocho años. Buena parte de los directivos y mandos universitarios han tenido que ver con Romero como subordinados.

La autonomía universitaria ha tenido una grave limitación: no ha operado frente a su autor. Si bien la UG está ajena a las influencias de partidos políticos, no lo ha sido a la de un político en particular: Romero Hicks.

Por eso, suena por demás aberrante que un grupo de destacados universitarios, identificados todos ellos con Juan Carlos Romero, hayan estado impulsando y estén a punto de lograr la aprobación para que el Senador panista obtenga el doctorado honoris causa que la Universidad de Guanajuato está promoviendo.

Como los romeristas ocupan puestos clave en los comités y consejos donde se decidirá esta distinción, no es lejano que pronto veamos al presidente de la Comisión de Educación del Senado, quien promueve una reforma para que los maestros sean sometidos a evaluaciones para mantener su puesto, recibiendo un doctorado por razones políticas y corporativas.

El doctorado honoris causa reconoce trayectorias académicas, aportaciones sustantivas en una disciplina en particular o contribuciones decisivas a la humanidad.

Nada de eso es reconocible en la carrera de Romero Hicks. Ni su carrera en Relaciones Industriales o sus maestrías en Ciencias Sociales y Negocios, muestran aportaciones sustantivas. Su trayectoria académica se interrumpió para dar paso a su exitosa carrera como funcionario y político, donde tampoco ha pasado de ser uno más en el escenario político nacional. Su desempeño en Conacyt, donde fue cesado antes de concluir el sexenio de Felipe Calderón, fue irrelevante y muy criticado por la comunidad científica. Su tarea como político aún está en proceso y no puede ser valorada.

Sin embargo, quizá lo más grave es que Romero haya aceptado una postulación otorgada por una institución a la que no sólo pertenece como integrante destacado, sino sobre la que ha ejercido un largo dominio. En términos académicos eso tiene un nombre: endogamia. Y es gravemente criticada.

Así, sin méritos propios, con un pésimo sentido de la oportunidad y utilizando recursos usuales en la política pero repudiados en el ámbito de la cultura y la educación, como el cobro de lealtades, Romero Hicks adquirirá el grado de doctor honoris causa, por la vía del deshonor.

Con esas cartas credenciales, el Senador panista se dispone a mantenerse en la presidencia de la Comisión de Educación del Senado, tras haber trasvasado sus lealtades de Ernesto Cordero a José Luis Preciado, en cuestión de horas. Con ellas, Romero presidirá los debates donde se tratará de establecer la mejor forma de evaluar a los maestros y mejorar la calidad de la educación. El doctor Romero Hicks entra en escena.

arnoldocuellar@zonafranca.mx

Es conocida la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se refiere a la prohibición de las palabras (en determinado contexto) de puñal y maricón. Podríamos dejar pasar tan controversial sentencia, pero entonces estaríamos desperdiciando la oportunidad para confrontar ideas que nos ayuden a dibujar que tipo de democracia queremos.

Cada persona tiene criterios diferentes sobre cuales tienen que ser los límites a la libertad de expresión. De acuerdo a la jerarquía de sus filtros morales, políticos, sociales o religiosos puede determinar si determinada expresión es valiosa, conveniente, frívola, dañina, lujuriosa, insultante, ofensiva, agraviosa, inútil. Una expresión que a una persona cristiana le puede ofender, como burlarse a través de una obra de arte donde se muestre a la Virgen de Guadalupe con los senos de fuera, a otra persona le puede parecer suculenta.

Las discusiones que continuamente vemos en redes sociales y otros foros versan sobre la conveniencia de la existencia de ciertas expresiones por su naturaleza que descansa en los límites del derecho a la libertad de expresión. La conveniencia –según algunos– de usar frases límite pasa por determinar su aporte a la sociedad, si es necesaria y conveniente, si se ciñe a las buenas costumbres y a lo políticamente correcto. Todas y cada uno de estos tests se elabora desde el trono de lo moral. Por ello, lo que a una persona le puede parecer completamente inútil y censurable, otra persona puede adoptar la misma expresión como válida y necesaria.

El único filtro de común aplicación para determinar si una expresión está dentro de los límites del derecho es el análisis legal.

Para aquellas personas e instituciones que defienden la bondad de las palabras y el uso políticamente correcto de éstas, la sentencia de la SCJN resultó en un paso para adelante. Mientras, habemos quienes consideramos que en una democracia liberal el tener la piel un tanto gruesa es fundamental para dar paso al intercambio de opiniones (muchas de ellas ridículamente ofensivas). Al mismo tiempo, el derecho a la libertad de expresión no es absoluto. Tiene un  mínimo de límites.

La sentencia de la Corte no sólo resultó en fijar criterios vagos y contradictorios, sino que además dio velocidad y fuerza para aquellas personas amantes de fijar criterios morales a expresiones controvertidas. En otras palabras, reforzó el deber ser de las expresiones.

La sentencia citada no protege contra la discriminación a la población homosexual. En ese aspecto fracasó la Corte. La prohibición de las palabras maricón y puñal no hará que disminuya la persecución e imposibilidad de goce de derechos de esta población. Inclusive, ni siquiera podría comprobarse que la censura tajante de ambas palabras abonaría para romper y desterrar estereotipos en nuestra sociedad. La Corte cometió el simple (y pernicioso) error de confundir la protección contra la discriminación con el estándar de insulto u ofensa.

Ofender e insultar no es sinónimo de discriminar. El texto por el cual llegó el caso a la Corte tenía la intención de insultar al dueño del periódico y a un periodista. De ninguna mañanera (no importa si les de cabeza la sentencia) se puede inferir que el insulto tenía la intención de menoscabar el goce de derechos o bien llamar a la violencia contra la población homosexual. Inclusive el periodista que se dijo afectado por las palabras maricón y puñal reclamó ante la justicia su derecho al honor (límite reconocido de acuerdo a los estándares internacionales de la libertad de expresión) y no un argumento basado en la discriminación por pertenecer a determinado grupo social. Pero la Corte literalmente vio elementos que el caso no contenía y terminó confundiendo el insulto con la discriminación contra la población homosexual.

Una expresión puede ofender y estar dentro de los límites legales de la libertad de expresión. Inclusive esa expresión puede ser sumamente agraviante para una comunidad en específico y ser legalmente protegida. Nos guste o no. La creamos conveniente o no. La consideremos democrática o no.

La no discriminación es un derecho, no una sensación o sentimiento. Puedes sentirte discriminado y no estar siendo (legalmente) discriminado. La confusión es común, pero no por ello es aceptable. Hay expresiones que sí generan discriminación, por ejemplo: por puto no te doy trabajo, por lesbiana no te atiendo en el centro de salud.

Las palabras maricón y puñal, empleadas por un periodista contra otro periodista, no tenían la intención de generar violencia ni discriminación contra los gays. El insulto se dio en un contexto de simetría entre dos periodistas, y sus diferendos deberían haberse quedado en sus páginas (pobres de contenido, por cierto) y de cara a su audiencia. La vulgaridad y pobre léxico de los periodistas durante su intercambio de ninguna manera advierte incitación al odio o la violencia. Simplemente denota pésimo gusto.

Las ofensas o insultos basados en lamentables estereotipos pueden tener un efecto negativo en la sociedad. El papel del Estado debe ser el de buscar a través de todo los medios combatir la no discriminación y reforzamiento de estereotipos. Lo puede hacer a través de educación (sexual), derechos humanos, políticas públicas que alienten el debate e intercambio de ideas y opiniones, campañas públicas que demuestren dicho efecto negativo. Sin embargo, la Corte y el grupo de la bondad que apoyó dicha sentencia optaron por lo más dañino para una democracia que es el proscribir palabras del diccionario. Al final se prohibieron las palabras pero su uso sigue estando vigente.

En una sociedad democrática el ejercicio de ponderación entre derechos debe de ser continuo. Para ello, los tribunales tienen la función importante de nivelar el terreno entre expresiones y emisor de la expresión. Debe de garantizar el goce de todos los derechos de acuerdo a su interdependencia. Sin embargo, para una Corte, recurrir a la censura de palabras debería haber estado basado en el más alto umbral de protección y comprobado sin lugar a dudas el efecto negativo de la expresión. El análisis del contexto, intención y resultado que realizó el Minsitro Zaldivar contraviene los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión.

La función de gendarmen de las palabras que ofendan, lastimen o insulten que asumió la SCJN no es digna de la función democrática de un tribunal constitucional. La función de reconocer que ciertas expresiones pueden generar odio, exclusión o violación de derechos humanos y violencia contra personas o colectivos debería ser el estándar de actuación del máximo tribunal. Todo lo que no entra en los evidentes límites legales se debe dejar para el debate público.

El asunto pasó casi inadvertido entonces, pues el 1 de diciembre, día en que Enrique Peña Nieto tomó protesta como Presidente se sucedieron los hechos violentos en el Centro Histórico de la Ciudad de México y la atención mediática se desvió hacia los abusos en que incurrió la policía capitalina.

Sin embargo, apenas unas semanas después comenzaron a salir detalles de esa firma, apresurada e irregular en muchos sentidos.

Las dos empresas beneficiadas con los permisos de Calderón Hinojosa –los dos únicos que expidió durante todo su sexenio– fueron Producciones Móviles, SA de CV y Exciting Games, S de RL de CV. Además, los socios de ambas compañías fueron identificados como “personas relacionadas con la delincuencia organizada”. A Producciones Móviles se le autorizó operar, por 25 años, 40 centros de apuestas remotas y 40 salas de sorteos de números; a Exciting Games se le autorizó, también por 25 años, operar siete centros de apuestas y siete salas de sorteos.

Ese mismo diciembre, la empresa Entretenimiento de México, SA de CV (Emex), propiedad de Juan José Rojas Cardona, conocido como “El Zar de los Casinos”, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien fuera el último titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio calderonista, Alejandro Poiré Romero, y otros 12 ex funcionarios de esa dependencia que otorgaron los dos permisos.

Sin embargo, a punto de cumplirse seis meses de que iniciara el gobierno de Peña Nieto, los avances sobre esta investigación se han quedado cortos.

Ayer, la Comisión Especial sobre Juegos y Sorteos de la Cámara de Diputados anunció que retomara la investigación sobre esos permisos y las demandas penales que no ha sido abiertas al público.

El presidente del grupo de trabajo legislativo, Ricardo Mejía Berdeja, consideró pertinente citar al ex subsecretario de Gobernación, Obdulio Ávila Mayo; al ex titular de la Unidad de Gobierno la Segob, Carlos Reynoso Nuño, y a la ex directora general de Juegos y Sorteos, Araceli Barroso Rodríguez.

También propuso la comparecencia del ex funcionario de la Unidad de la Segob, Epigmenio Zermeño Radilla, para que informen sobre su periodo de gestión en materia de los permisos, “que fueron los de mayor controversia”.

Mejía Berdeja no mencionó a Poiré Romero y menos si esta investigación que incluye un historial de los juicios perdidos, falta de claridad en los criterios que se tomaron e informes, alcanzará al ex Presidente Calderón Hinojosa.

El reclamo es que los legisladores lleguen hasta las últimas consecuencias y determinen qué se hizo mal y si hubo la supuesta corrupción y negligencia que se han mencionado en las demandas penales.

De lo contrario, estamos ante un nuevo amago en busca de justicia por parte de los legisladores, ante una declaración rimbombante para atraer reflectores. Y no es un tema menor sino uno salpicado de manos negras: el de las casas de juegos y sorteos, que encabezan, casi siempre, empresarios de dudosa procedencia.

Como cualquiera de nosotras hubiera hecho, los padres y madres de las víctimas de la Guardería ABC se preguntaron qué sucedió, cómo nadie apagó el fuego a tiempo, y mientras obtenían más evidencia su desesperación se fue convirtiendo en una indignación enfocada a la búsqueda de justicia. Exigieron encontrar a los culpables, tanto intelectuales como directos, de ese incendio mortífero. Fueron a las cortes, dieron cientos de entrevistas, reunieron pruebas, pasaron noches de insomnio, tuvieron problemas familiares y económicos. Sus otros hijos o hijas les reclamaron su ausencia. El dolor dejó de ser aquel aislado puñal en el corazón y se fue convirtiendo en un compañero cotidiano al que habría que aprender a domar.

Y como toda víctima no millonaria que busque justicia en este país, las familias de lo que se ha llamado el caso ABC tuvieron que aprender de leyes para entender los vericuetos, y reunir donativos para pagar una defensa legal digna, y enfrentar a funcionarios corruptos, aprender a leer entre líneas las declaraciones de funcionarios que prometen para no cumplir. Y llegaron a la Suprema Corte sólo para comprender lo que miles de víctimas entienden: que el tribunal supremo de México cuenta con sus miembros especiales que obedecen órdenes presidenciales, cuya moral es más flexible que la liga que une un fajo de billetes recién sacados del banco.

Desde 2009, cuando la mano de un sujeto incendió la bodega adjunta a la guardería, hasta la fecha, las autoridades federales han sido voluntariamente incapaces de esclarecer el caso. Leo las palabras de un tuitero que escribe: “pobres, pero ni para qué marchan los de #GuarderiaABC“. Y me pregunto cuánta gente pensará lo mismo en silencio, cuántos millones de mexicanos creen que si un caso no se resuelve en cuatro años, ya no vale la pena seguirlo. Pero se equivocan. La justicia en nuestro país es, entre otras cosas, lenta como una tortuga pero eso no impide que se exija su cumplimiento. Ciertamente buscar justicia es una especie de carrera de relevos, un barril sin fondo al que se va el dinero; una caminata de resistencia en que se aprende a vivir la vida como en un circo de tres pistas. Acudir a los tribunales y a las procuradurías es lo más parecido a vivir en una montaña rusa; sin embargo, a pesar de todo lo anterior buscamos justicia.

Esta semana, madres y padres de las víctimas mortales de la Guardería ABC se presentaron ante la PGR para entregar evidencia puntual sobre cómo el ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, podría haber ordenado a funcionarios de su gobierno la quema de documentos que demostraban malos manejos de 10 mil millones de pesos de su fallido Plan Sonora Proyecta. Hay testigos, líneas de investigación y  evidencia puntual. Por eso no pierden la esperanza.

¿De qué serviría que juzguen a los culpables materiales e intelectuales del incendio?, pregunta un hombre a una de las mujeres que marcha, si nadie les va a devolver a sus hijos, apunta  el extraño antes de irse.

Ya desde que este valiente grupo de padres y madres, denominado Manos Unidas por Nuestros Hijos, llevara el caso hasta la Suprema Corte de Justicia, cosas buenas han surgido en el país. Su persistencia nos educó sobre la paupérrima condición de seguridad de las guarderías subsidiadas por la Sedesol, logró que varios gobiernos estatales ordenaran la revisión de las instalaciones de guarderías públicas y se exigió la creación de salidas de emergencia. Protección Civil comenzó a hacer revisiones sistemáticas para asegurarse que en las guarderías estuvieran al día los equipos contra incendios y que el personal estuviese capacitado para utilizarlos. La posibilidad de que un evento como éste se repita es casi nula, gracias a que estas familias no se guardaron en casa a llorar su pérdida, sino salieron a la calle y nos hicieron comprender el peligro de programas sociales de creación de guarderías sin protocolos de seguridad y supervisión. Desde entonces, he escuchado una veintena de historias, en diferentes estados de la República, en que mujeres antes de entregar a sus bebés en guarderías exigen revisar los sistemas de seguridad y contra incendios. Eso no ocurría antes en este país.

Está claro que la muerte de esas criaturas no fue intencional, pero el incendio aledaño, según la evidencia, sí lo fue. Por lo tanto hay responsables y si entre ellos están funcionarios públicos y un ex Gobernador, se les debe juzgar. Eso es lo que exigen las familias de ABC, y junto con ellas la sociedad civil. Nadie puede reparar su pérdida, pero sin duda podemos honrarles por habernos educado sobre el estado de las guarderías y el bienestar de nuestros hijos e hijas.

@lydiacachosi

Frente a este problema lo que distingue a los regímenes es su capacidad para dirimir problemas sin recurrir a la fuerza, y a los políticos competitivos su capacidad para resolver sus diferencias sin que se conviertan en un problema público. Esto último es muy importante, toda vez que la ciudadanía vota por opciones que sean confiables –y las diferencias que son públicas generan desconfianza–.

Nadie está diciendo que las facciones al interior de los partidos sean civilizadas. Pero las opciones más competitivas son aquellas que logran resolver sus conflictos internamente y mantienen una imagen de unidad hacia el exterior. Lamentablemente hay quienes confunden esto con vida democrática o libertad en el debate.

En estos días el presidente del PAN, Gustavo Madero, destituyó a Ernesto Cordero como coordinador de su grupo parlamentario en el Senado y colocó a Jorge Luis Preciado en su lugar. Las críticas hacia uno y otro bando han arreciado y muchos asumen que es la debacle de este instituto político. Se argumentará aquí que esta jugada, aun con sus riesgos, podría representar el inicio del fin del calderonismo.

¿Generaría costos electorales al PAN?

En una de sus últimas declaraciones como coordinador de los senadores del PAN, Ernesto Cordero declaró que su remoción no terminaría con los problemas al interior del grupo parlamentario y podría generarle costos al PAN en 2013. Dejemos a un lado el hecho de que anunciar esto es una forma de escupir hacia arriba, toda vez que atenta también contra sus propios intereses. ¿Se sostiene la afirmación?

Es cierto que el PRI ha construido en los estados una maquinaria política sólida. Incluso como se argumentó en este espacio hace unas semanas, el control que tienen los gobernadores sobre las legislaturas locales les permite definir a su antojo a los institutos electorales.

Sin embargo, también es cierto que el PAN ha demostrado ser un partido poco competitivo en la mayoría de las entidades gracias a su nulo espíritu de cuerpo. Abundan las historias de grupos parlamentarios enfrentados internamente a tal grado que entre ellos se atacan en el Pleno, por ejemplo. O de grupos políticos en una pugna tan fuerte que la victoria de uno implica que el otro no lo apoye. Y no hablemos de la poca capacidad que han tenido para articular liderazgos de base o reclutar nuevas generaciones.

Aunque el pleito en el Senado puede impactar en los resultados electorales, hay algunos elementos que pueden disminuir su impacto. Ningún Senador calderonista que tenga ambiciones locales va a atentar públicamente contra su partido de aquí a mediados de julio. A manera de hipótesis, la reducción en el padrón de militantes y la pérdida de poder de aquellos dirigentes que se beneficiaban de inflarlo puede llevar a un partido más cohesivo externamente.

Si el addendum del Pacto por México significó que la federación no puede intervenir directamente en las elecciones locales, los gobernadores de las entidades gobernadas por el PAN pueden tener mayor margen de acción. O en todo caso este acuerdo puede ser el pequeño golpe de pulgar que se necesite en entidades competidas.

En todo caso, algo es cierto: si el PAN mantiene sus cotos e incremente aunque sea marginalmente su presencia en otros estados, los calderonistas se unen al rinoceronte negro a la lista de especies oficialmente extintas.

¿Se diluye el partido con el Pacto?

Otra acusación común es que el PAN se desdibuja como oposición con el Pacto por México. Se ha argumentado en este espacio que la gran virtud de este acuerdo ha sido mezclar las demandas de los tres principales partidos en una dinámica de negociación. Y de hecho Preciado mencionó desde el primer día que se recoge el 90% de las propuestas de su instituto político.

En todo caso el problema del PAN estará en la forma en que anuncie sus propios logros. O como se diría coloquialmente, en cómo “cacaree el huevo”.

Bajo esta óptica, el argumento de que el PAN se desdibuja es un recurso útil para quienes se encuentran fuera de las negociaciones. Léase: los calderonistas. La razón es simple: si los azules avanzan en su agenda y logran comunicar eso, se habrán llevado la dirigencia nacional que se renueva en diciembre. Con ello controlarían las candidaturas para 2015.

¿Sacó Madero al priista que lleva adentro al destituir a Cordero? No: gústele a quien le guste, es facultad suya nombrar y remover al coordinador del grupo parlamentario. Y muchas remociones han sido igual de arbitrarias, como la de Santiago Creel durante el sexenio pasado. En todo caso, los priistas guardarían mejor las formas hacia el exterior.

¿Peligra el Pacto por México con este incidente? Quizás hubiese peligrado más si Madero no hubiera actuado, toda vez que un partido cada vez más dividido internamente le resta capacidad de negociación. En todo caso veremos el éxito o fracaso de esta táctica en el control de daños que haga Preciado con los disidentes. Y como veremos más adelante tiene muchos elementos para lograrlo.

¿El PRI apoya a Madero? Desde hace años a todos los partidos les importa quiénes estén dirigiendo a los demás institutos políticos, toda vez que eso facilita las negociaciones o enrarece el ambiente. Naturalmente no lo van a decir en público.

¿Puede hacer algo Cordero? Si, y solamente si, hay un periodo extraordinario antes de septiembre, antes de que termine su periodo como presidente de la Mesa Directiva. En ese escenario haría lo que estuvo haciendo durante el año anterior: obstaculizar los procesos de toma de decisiones a través de sus facultades de conducción de las sesiones y asignación de comisiones dictaminadoras.

¿El Pacto por México margina al Congreso?

Cuando los grupos parlamentarios del PAN y del PRD presentaron su iniciativa de reforma política sus dirigentes señalaron que el Pacto se estaba negociando “en lo oscurito” y lejos del Congreso. Aunque popular, el planteamiento es inexacto.

Aun cuando se guarden las fórmulas, las diversas iniciativas que han salido del Pacto han sido modificadas por el Congreso. Incluso algunas están detenidas por desacuerdos entre las cámaras. Sin embargo esto no es un punto de veto absoluto.

Por otra parte las dirigencias políticas tienen el poder de agenda, pues ellos son quienes tienen la capacidad de definir el futuro político de los legisladores. Para decirlo de otra forma, la regla de la no reelección inmediata le resta autonomía al Poder Legislativo. Los partidos terminarán imponiendo su agenda, aunque con algunas concesiones.

En este sentido, el discurso del desdibujamiento del Congreso es otra vez un recurso de los grupos políticos o legisladores que quedan fuera de las negociaciones por sus relaciones políticas.

También se ha señalado que la regla que faculta al presidente del PAN a nombrar y remover a los coordinadores de los grupos parlamentarios es obsoleta. En todos los órganos legislativos la conducción de una bancada, como los demás roles, son resultado de una carrera que inicia, se desarrolla y culmina en una misma cámara. En otras palabras, llegan a ese puesto quienes han ganado espacios y articulado su liderazgo.

Los partidos en México son clave en la designación de los coordinadores de los grupos parlamentarios, toda vez que estos puestos son la correa de transmisión entre la bancada y el instituto político. Naturalmente se guardan algunas formas y equilibrios internos, pero el coordinador está supeditado a la dirigencia central y su permanencia dependerá de qué tan eficaces operadores sean.

Por lo tanto la diferencia del PAN frente al PRI y al PRD es que deja explícito un procedimiento que de alguna u otra forma también siguen sus pares. Y esto, gústele a quien le guste, es lo factible con las reglas del juego vigentes.

¿Podrá escalar el conflicto?

Hasta el momento, 24 senadores del PAN se han manifestado en rebeldía contra la destitución de Cordero. Sin embargo, el martes pasado se reunieron sólo 16: el resto dijo estar en sus estados apoyando los procesos locales. ¿Significa que se convertirán en una piedra en el zapato de Preciado durante el resto de la Legislatura?

Aunque el PAN es el partido que habla más de principios y valores, también es cierto que todo ser humano va a tender al pragmatismo si están en juego sus ambiciones y supervivencia. ¿Qué Tomás Moro, santo patrono de los políticos, murió por defender “lo correcto” frente a Enrique VIII (esto es, oponerse a su divorcio con Catalina de Aragón y a la fundación de la Iglesia anglicana)? La respuesta, podrían decir, es que es un ideal al que todos debemos anhelar.

Si los partidos son determinantes en la definición de las carreras políticas, entonces pueden bloquear las ambiciones locales de los senadores. Incluso, si deseasen apretar la tuerca, podrían remover a algunos rebeldes de las comisiones a las que pertenecen o presiden, perdiendo perfil mediático y quizás algo de sobresueldo.

Es posible que bajo este argumento algunos senadores calderonistas no se hayan reunido con sus compañeros el martes: saben que la moneda está en el aire hasta julio. También hay muchos legisladores cuyas carreras se han marcado por el pragmatismo e incluso el trasfuguismo político, lo cual es normal en un ámbito de actividad donde la negación sistemática es vital para sobrevivir.

En todo caso, si Madero y Preciado juegan bien sus cartas para agosto sólo quedarán en la resistencia aquellos senadores con vínculos familiares con Felipe Calderón o aquellos que le deben todo al ex presidente.

¿Fin de la crisis del PAN?

Aunque todavía no sabemos qué va a pasar, esta editorial buscó dar algunos elementos por los cuales el CEN podría ganarle la partida a Calderón, asumiendo que sepa mover sus fichas. Sin recursos y patronazgo el calderonismo puede estar viviendo sus útimos momentos.

Sin embargo, esto puede ser el inicio de la verdadera crisis del PAN. De salir triunfante, la coalición que encabeza Madero no es tan estable como se piensa. En ella están las personas que todavía pueden repartir patronazgo y recursos: los gobernadores. También está el ala conservadora del partido. Y a la mezcla se agregan a todos los descontentos del calderonismo.

Lo anterior significa que los procesos de toma de decisiones van a ser mucho más descentralizados que hace doce años, y más controlados por grupos que puedan asignar cotos a sus afiliados.

También enfrentan retos como la poca capacidad que han tenido par cooptar jóvenes o el tejer redes electorales eficaces. En todo caso, la elección de la nueva dirigencia en diciembre puede ser difícil aún con los calderonistas en la lona, toda vez que será el primer paso en la lucha hacia 2015.