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El juicio contra el exgerente de DESA, David Castillo, no basta para alcanzar la justicia en el homicidio a la defensora Berta Cáceres, dice colectivo.
Cáceres, también maestra y defensora de los derechos indígenas como integrante de la comunidad lenca, tenía 44 años cuando hombres armados irrumpieron en su hogar hacia la medianoche del 2 de marzo de 2016. Dispararon contra ella y el activista mexicano Gustavo Castro, quien sobrevivió y ha sido testigo protegido del caso.
Castro presentó una denuncia penal contra la jueza Victorina Flores por el delito de “abuso de autoridad”.
Con Hernández Rodríguez suman ocho las personas detenidas hasta ahora por el asesinato de Berta Cáceres en la ciudad de La Esperanza, departamento occidental de Intibucá, donde vivía.
La activista participaba en el Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que lideró la ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo. Urquía fue hallada muerta el día de ayer a causa de golpes en la cabeza.
El año 2015 ha sido el peor de la historia para los defensores medioambientales: más de tres personas murieron asesinadas a la semana por resguardar su tierra, sus bosques y sus ríos, recursos naturales arrebatados por “industrias destructivas”, afirmó la organización internacional Global Witness en su reciente informe “En terreno peligroso”.
Dan de baja a militar hondureño implicado en asesinato de Berta Cáceres.
En América Latina existe una realidad similar entre los países: “Nuestros territorios están siendo bastante ambicionados por las empresas trasnacionales y nacionales, para generar riquezas para el modelo económico. En nuestros países, donde hay tantas fuerzas represivas que se han creado para, supuestamente, dar seguridad el objetivo real es reprimir las manifestaciones y expresiones de rechazo a todos estos proyectos, con lo que peligra nuestra vida [la de defensores del medio ambiente]. Es algo que pasa reiteradamente en nuestro continente”, denunció Berta Zúñiga, hija de la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada el pasado 2 de marzo.
Un informe de las investigaciones sobre el asesinato de la activista Berta Cáceres detalla la confesión de uno de los cinco detenidos por el crimen, por el cual, dijo, recibieron 500 mil lempiras (22 mil dólares).
La Justicia de Honduras impuso hoy prisión preventiva y auto de formal procesamiento a los cuatro presuntos implicados en el asesinato, el 3 de marzo, de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, informaron fuentes judiciales.
La ambientalista asesinada el mes de marzo es la bandera de un foro contra el despojo de los indígenas en México, en el que también se aprovechará para lanzar a una campaña para exigir al gobierno hondureño que permita la entrada de la CIDH en la investigación de su asesinato.
Cuatro supuestos implicados en el asesinato, el 3 de marzo pasado en Honduras, de la ambientalista y defensora de derechos humanos Berta Cáceres fueron detenidos hoy por las autoridades.
El activista Gustavo Castro exigió a las autoridades del Estado de México, encabezadas por el gobernador Eruviel Ávila, desistirse de los falsos cargos y poner en libertad inmediata al defensor de los bosques Ildefonso Zamora, quien permanece preso desde hace cinco meses acusado de un delito que no cometió en represalia por su lucha contra la tala ilegal en el estado.
La CIDH ofreció hoy un grupo de expertos a Honduras para investigar el asesinato de la activista Berta Cáceres pese al revés que ha sufrido la misma experiencia en México, con la negativa del Gobierno a que continúen las pesquisas sobre el caso Ayotzinapa.
El mexicano Gustavo Castro, testigo en el crimen de la ambientalista Berta Cáceres, abandonó hoy Honduras, luego de que una juez le suspendió las medidas judiciales que prohibieron su salida del país, informó la prensa local.
El ciudadano mexicano Gustavo Castro Soto, testigo en el caso del asesinato de la dirigente ambientalista e indígena Berta Cáceres, podrá abandonar Honduras, luego de que el Ministerio Público pidió a la Justicia hondureña suspender la medida que le impedía abandonar el país.