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La deuda pendiente del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) con los empresarios que tenían inversiones en Tajamar asciende a 3 mil millones de pesos; misma que se heredará a la siguiente administración, pues la actual se ha desentendido del caso.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está obligada a presentar en los próximos días el estudio que servirá de hoja de ruta para la restitución del mangle en Tajamar, de lo contrario, será acreedora a una sanción económica y podría entrar en desacato judicial, informó el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Quintana Roo.
La CNDH, explica el comunicado, detectó irregularidades relacionadas con la aprobación de modificaciones y prórrogas de las autorizaciones en materias de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“¿Te quieres aventar un tiro o no?, va, cabrón, deja esa madre -la cámara-”.
Los activistas involucrados en la lucha por el manglar aseguran que el caso “es un icono que simboliza el abuso de poder, la ilegalidad, el desarrollo no sustentable, la destrucción de la naturaleza, y la destrucción de los valores éticos y morales que queremos dejarles a los jóvenes y los niños”.
El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se debe abstener de ejecutar la autorización de impacto ambiental otorgada al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para llevar a cabo el anteproyecto Malecón Cancún.
Luego de diversas visitas de inspección a diversos predios en Malecón Cancún Tajamar, dice este comunicado, la PROFEPA constató que se encontraban desprovistos de vegetación y rellenos con material pétreo.
Los magistrados decidieron analizar el amparo promovido por 113 niños en contra del proyecto que pretendía construir un centro comercial y condominios en el manglar.
La administración de Enrique Peña Nieto ha sido una “tragedia” para el medio ambiente. El mandatario mexiquense, de acuerdo con activistas, ha dejado a la naturaleza sin protección a fin de dar paso al beneficio económico. Con el ecocidio en Tajamar, en Quintana Roo, pasando por los estragos de la siembra de organismos genéticamente modificados y los daños provocados por la minería, hasta la evidente pérdida de la población de la vaquita marina, el Presidente ha dejado claro que el cuidado de los recursos naturales no es prioridad en su Gobierno.
Hace un año el Malecón Tajamar fue devastado con la finalidad de dar paso a desarrollos inmobiliarios impulsados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y aunque gracias a la lucha social el ecosistema ha ido recuperándose, activistas exigen que el espacio sea abierto a los ciudadanos y no a los empresarios.
El año que está por concluir se vio mermado por distintos hechos que demostraron –de acuerdo con especialistas– el desinterés del Gobierno mexicano en temas de medio ambiente y conservación de especies. Del caso Tajamar a daños provocados por la minería, las autoridades exhibieron que el interés económico rebasa en prioridades al público.
De acuerdo con activistas, el caso de Tajamar no está perdido. Lo único que pasó, dicen, es que dentro de este proceso se perdió la confianza la Profepa porque no cumplió su trabajo a tiempo y además espero el término de las elecciones para anunciar que el desmonte en la zona fue “legal” y proteger al PRI, partido que […]
De proyectos turísticos, mineros, agroindustriales, residenciales, petroquímicos, que han acabado, o amenazan con acabar, con recursos naturales y dañan el medio ambiente, está repleto el país. Sin embargo, no es algo nuevo: sexenio tras sexenio, durante los últimos 16 años, cada Presidente alienta estos abusos al no actuar tajantemente contra las megaobras que contaminan e incluso saquean a pueblos originarios sus tierras; esto, dicen organizaciones civiles, muestra que en México los intereses económicos pueden más que salvaguardar el ambiente y la salud de la población.
La lucha que comunidades y activistas han emprendido en contra de obras, empresas y gobiernos derivan en procesos largos, a veces a favor, que las mantiene latentes. Ejemplo de ello son los conflictos que encendieron las alarmas esta semana en pobladores en el Estado de México: San Francisco Xochicuautla y San Salvador Atenco, ambos con más de siete años de litigio. Sin embargo, no son los únicos: en el país existen al menos 200 conflictos contra megaproyectos, de acuerdo con datos de la Coordinadora Nacional de Afectados Ambientales.
Los Supercívicos entregaron más de 125 mil firmas a la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que a México le sea retirada la sede de la Conferencia de las Partes (COP13) de la Convención sobre la Diversidad Biológica.
La devastación del manglar Tajamar sí tuvo irregularidades y las autoridades ambientales incumplieron con sus responsabilidades para castigar a los culpables, de acuerdo con una nueva suspensión definitiva a los trabajos en la zona otorgada por el juzgado segundo de distrito de la ciudad de Cancún la semana pasada, señaló la organización Greenpeace.