Enrique Peña Nieto anunció la implementación de diversos instrumentos de financiamiento a través de la Bolsa Mexicana de Valores, pero algunos de éstos acumulan deuda. ¿Sabe usted cuáles son y cómo operarán?

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– Rumbo a la segunda mitad del sexenio, el Presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer en su Tercer Informe de Gobierno la implementación de instrumentos financieros a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para atraer la inversión en infraestructura y el sector energético. Sin embargo, ante la incertidumbre sobre en qué proyectos se invertirá y cómo se llevarán a cabo, especialistas alertaron que algunos de estos mecanismos sólo generarán más deuda.

Se trata de la Fibra E, los Certificados de Proyectos de Inversión (CerPi), las Asociaciones Público Privadas (APP) y los Bonos de Infraestructura Educativa. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, “dichos instrumentos tienen la finalidad de impulsar la inversión, la creación de empleos y con ello el crecimiento económico, al promover un mayor dinamismo de la infraestructura y atender a las necesidades sociales básicas, como la dignificación de las escuelas públicas”.

En el decálogo de las medidas que anunció Peña Nieto para el desarrollo social y económico de México, en el apartado número cinco detalló que se impulsará la “renovación de la infraestructura educativa con la emisión de bonos y otros instrumentos financieros en la BMV para levantar capital por al menos 50 mil millones de pesos entre 2015 y 2018”.

Al respecto, Eduardo Villegas Hernández, investigador del departamento de economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa, comentó que “solamente por definición, un bono significa deuda, porque el Gobierno está recibiendo capital y tiene que pagar cierto interés”, pero para Peña Nieto esto significa “un innovador instrumento de ingeniería financiera, que permitirá multiplicar, en los próximos tres años, los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, de las entidades federativas que se sumen a este programa”.

Asimismo, el primer mandatario anunció la implementación de otro tipo de vehículo financiero que atraerá la inversión privada, pero para al sector energético: “la colocación en los mercados de dos instrumentos financieros que permitan levantar capital para proyectos de infraestructura, de los que el primero se llamará Fibra E”, según aclara la medida número nueve.

En ese sentido, el Presidente de este país se comprometió también a lanzar los Certificados de Proyectos de Inversión que “permitirán a los fondos de pensiones, aseguradoras y otros inversionistas institucionales (nacionales y extranjeros) invertir en una amplia gama de proyectos, en todos los sectores de la economía”.

Además, la BMV cuenta con los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes), que sirven para también fondear proyectos de infraestructura, con lo que también el Gobierno pretende atraer a los inversionistas nacionales y extranjeros.

Para Benjamín García Martínez, académico de la Facultad de Economía, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “todos ellos son instrumentos financieros que utilizará el Gobierno federal, los certificados son una oportunidad, pero aún hay que ver cómo se desarrollarán porque hasta el momento sólo se ha dicho que son para energía e infraestructura, pero no abundan en su operación”.

LOS INSTRUMENTOS

FIBRA E

Durante la presentación del Fideicomiso de Inversión en Energía Infraestructura (Fibra E), Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda,  dijo que en México “hay grandes oportunidades de inversión, particularmente en sectores como el de energía e infraestructura derivado de las reformas estructurales”.

“El primer instrumento de inversión se llamará Fibra E, con él, los inversionistas participarán en proyectos en materia energética y de infraestructura en condiciones similares a las que ofrecen las fibras inmobiliarias que han sido muy exitosas en los últimos años”, explicó Peña Nieto en el marco del la presentación del Tercer Informe de Gobierno.

Lo anterior, se hará mediante el esquema Fideicomiso de Bienes Raíces a través de la BMV, el cual pretende aglomerar a todos los inversores que de deseen participar, según explicó  Videgaray Caso.

De acuerdo con la dependencia federal, se estima que la Fibra E llegue a captar 70 mil millones de dólares hacia 2020, mientras que para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se esperan 27 mil millones de pesos.

Al respecto, el académico de la UAM explicó que “las fibras son fideicomisos donde se recibe la aportación de capital y es un instrumento híbrido de financiamiento”.

Eduardo Villegas comentó que “como el Gobierno no tiene recursos para invertir recurre a estos esquemas donde puede tener una participación que le permita administrarla (la Fibra)”, por lo que los beneficios que atraiga serán mayores si sube el valor de la inversión “entonces para los inversionistas es atractivos”, sin embargo reconoció que los rendimientos comenzarán a verse hasta en unos años más.

Por su parte, la SHCP informó que, conforme a las disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), “las Fibras E y sus sociedades promovidas serán transparentes para efectos fiscales, de manera que el impuesto correspondiente se pagará a nivel de cada inversionista en las fibras E, de acuerdo con su participación y según su régimen tributario”.

En ese sentido, Benjamín García agregó que “cuando se exenta a las empresas del impuesto, los rendimientos que se generan son mayores porque se otorgó este beneficio fiscal que al final no representa más que un incentivo”.

BONOS EDUCATIVOS

En el caso de los bonos educativos, Peña Nieto informó que se destinarían para mejorar la infraestructura de escuelas de educación básica y adelantó que este proyecto de inversión se implementaría quizá en noviembre o a principios de 2016 en las zonas de escasos recursos, pero analistas coinciden que esto atrae deuda para el Gobierno federal.

Jorge Gordillo Arias, director de análisis económico de CI Banco, dijo a este medio que este instrumento “sí atrae deuda porque el Gobierno dice que lo va a descontar de sus partidas que tiene cada uno de los estados, entonces con eso están garantizados los bonos, pues sí, pero de alguna manera el hecho de que se haga de recursos para irlos pagando en el futuro, para mí eso es deuda aquí y en china. Sea un crédito bueno o malo”.

Sin embargo, para Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los bonos educativos no representan un pasivo federal y dijo que los apoyos que se obtengan se destinarían para arreglar entre 35 mil y 50 mil escuelas; explicó que “los recursos presupuestales que ya existen, es traer recursos que sabemos que van a existir en el futuro, al presente”.

“En el esquema, hasta donde está diseñado, es que funcione igual que la fibra, pero personalmente no me queda claro cuál es el elemento generador de los rendimientos a diferencia de la infraestructura para energía donde claramente el usuario tendrá que pagar para el uso de ésta. Francamente no veo yo ese mecanismo”, añadió Leticia Armenta Fraire, directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey.

CERTIFICADOS DE INVERSIÓN

De acuerdo con el Tercer Informe, el segundo instrumento para atraer la inversión son los Certificados de Proyectos de Inversión (Cerpis) que “permitirán a los fondos de pensiones, aseguradoras, inversionistas institucionales, nacionales y extranjeros invertir en una amplia gama de proyectos en todos los sectores de la economía”.

Durante una comparecencia que duró alrededor de seis horas, el representante de Hacienda dijo frente a los diputados que dichos vehículos financieros “están trabajándose, por instrucción del Presidente de la República, los nuevos Certificados de Proyectos para Inversión en infraestructura, que permitirán invertir, lograr una mayor atracción de fondos de capital privado”, pero no dio más detalles al respecto.

Los analistas consideran hasta el momento es lo único que se sabe de los Cerpis, ya que ni la Hacienda, ni Peña Nieto han explicado qué proyectos hay o dónde se planean utilizar específicamente estos certificados que también se manejarán a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

En ese sentido, el académico de la Facultad de Economía de la UNAM comentó que “el proceso de meter a bolsa muchas cosas que no son de tanta liquidez es atractivo porque lo que le permite es atraer grandes recursos y uno de los grandes compradores son las afores ya que éstas invierten a largo plazo por lo que son rentables por mucho tiempo”.

Detalló que los Cerpis “no son propiamente deuda, son instrumentos particulares que atan flujos futuros a alguien que está dispuesto a invertir en esos inmuebles o proyectos de desarrollo y recibir el usufructo de la utilidad o resultado de esos proyectos”.

 ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

De acuerdo con el decálogo anunciado por Peña, “de manera complementaria para detonar una mayor inversión de la IP a partir del 2016 se impulsarán más proyectos de infraestructura en la modalidad de asociación público-privada (APP)”.

Este instrumento es uno de los que más ha generado polémica ya que de acuerdo con la opinión de especialistas y algunos legisladores las APP atraerán mayor deuda para los estados además de que podría “abrir paso” para actos corruptos.

En diciembre de 2011, el Senado de la República aprobó la ley de Asociaciones Público Privadas y fue creada bajo la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. En aquel momento el mandatario explicó que “este nuevo instrumento jurídico nos permitirá contar con un marco legal más sólido en materia de este tipo de asociaciones, impulsará mayores inversiones y, de manera destacada, dará mayor certidumbre en la realización de proyectos que involucren la participación conjunta de los sectores público y privado”.

Para el Diputado federal Manuel Clouthier Carrillo dicho modelo traerá más riesgos para la economía del país ya que “las APP son más riesgosas que las candidaturas”.

El legislador independiente explicó que esta medida de financiamiento traerá más corrupción en la licitación de los contratos, deuda pública disfrazada y riesgo de lavado de dinero, si no se vigila con quién hace negocios el Gobierno.

Por su parte, Alejandro Cabrera Sigler, presidente de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) en Querétaro, expresó estar de acuerdo con las Asociaciones Público Privadas “se aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas en el estado, entonces (buscarán) inyectar algo de infraestructura con esos esquemas. Ahí estaremos levantando la mano, estaremos participando, tomando ejemplos de estados donde ya se está ejerciendo con éxito”.

Pero el representante de los constructores reconoció que debe haber un tope de participación ya que esto representaría parte de la deuda estatal, “así que con que el presupuesto sea el doble del que se tiene ahora para infraestructura, y que se contrate en APP, eso puede ser un número razonable para que Querétaro pueda crecer en infraestructura, y pueda ser algo fácil de liquidar y de sostener en los compromisos financiero”.