Una consulta fiscal que tuvo un costo de 29 millones de pesos, que jurídicamente era innecesaria y que resultó finalmente fallida, ha sido el pretexto que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ha utilizado para profundizar su confrontación con el Gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estrategia mediática con la que el mandatario de Jalisco pretende catapultarse -y en la que tratará de involucrar a otros gobiernos estatales-, para promoverse y posicionarse en su ambición de ser candidato presidencial por Movimiento Ciudadano o por una coalición opositora en el 2024.

Mientras el mandatario de Jalisco articula sus ambiciones, diversos informes corroboran el desorden, dispendio e irresponsable discrecionalidad con las que maneja los recursos que le han sido confiados por los jaliscienses.

La consulta fiscal, propuesta por el Gobernador de Jalisco, y diseñada y articulada por la Secretaría estatal de Planeación y Participación Ciudadana que encabeza Margarita Sierra Díaz de Rivera, utilizó como simple oficina administrativa y operativa al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que preside Paula Ramírez, pero sólo alcanzó a mover la estructura burocrática de las administraciones estatal y municipales de Movimiento Ciudadano en la entidad, en una victoria pírrica de operación política, que el mandatario jalisciense celebró como un gran triunfo.

Durante ocho jornadas, en cuatro fines de semana, del 27 de noviembre al 19 de diciembre del 2021, se les preguntó a los jaliscienses: ¿Estás de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de Coordinación Fiscal y la manera en que la federación distribuye los impuestos, para que se decida si Jalisco se mantiene o se sale del Pacto Fiscal?

Acudieron a las urnas 388 mil 816 adultos con credencial para votar, de los cuales 368 mil 558, el 94.77 por ciento, votó por el sí. El problema es que, para que la consulta fiscal fuera vinculante se necesitaba la participación del 33 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores con corte al mes de octubre, que según datos del Instituto Electoral de Jalisco incluía seis millones 56 mil 753 ciudadanos.

Esto significa que para que la consulta fuera jurídicamente válida tendrían que haber acudido a las urnas por lo menos un millón 998 mil 728 ciudadanos. Con respecto a este piso mínimo de participación acudió a las urnas el 19.45 por ciento.

No era necesaria la consulta, pues tanto el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, sus diputados locales y federales, así como los dos senadores de Movimiento Ciudadano -Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo- tienen la facultad jurídica para proponer y promover una Convención Hacendaria o la revisión del Pacto de Coordinación Fiscal. Para cumplir con sus deberes no se necesitaba una consulta tan cara y tan fallida.

Para promocionar la consulta sobre el pacto fiscal, Alfaro Ramírez esgrimió el argumento de que Jalisco aporta ocho de cada 100 pesos a la economía nacional, pero que el Gobierno federal solo le regresa dos.

Al usar para esta comparación la recaudación tributaria en lugar del Producto Interno Bruto (PIB), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía concluye que de cada 100 pesos que aportó Jalisco en 2020 al presupuesto federal -vía impuestos como el ISR y el IVA-, la Federación le regresó alrededor de 83 pesos, publicó el periódico El Informador de Guadalajara el pasado 22 de octubre del 2021.

Citado por el mismo diario, el doctor en economía por la facultad de Paris, Francia, y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Ignacio Román Morales, argumentó que era equivocada la comparación del aporte al PIB con lo que realmente recauda el Gobierno federal en el Jalisco. Recordó que el PIB comprende todo el consumo, valor de todos los bienes, servicios e inversiones del país, más el gasto público, monto que, dijo, no se puede comparar con la carga tributaria.

Jalisco ocupa el lugar 18 a nivel nacional en materia de autonomía fiscal con una recaudación propia menor al 10.6 por ciento de su gasto. Está en el grupo de entidades que más dependen de las aportaciones federales, advirtió Mariana Campos Villaseñor, coordinadora del programa de Gasto Público en la organización México Evalúa, en información publicada por el periódico El Informador de Guadalajara el pasado martes 7 de diciembre del 2021.

Sobre los amagos del Gobernador Alfaro de sacar a Jalisco del pacto fiscal, Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades, del Tecnológico de Monterrey, sostuvo que es cómodo echar la culpa al Gobierno central de no entregar los recursos que les corresponden a la entidad, pero sin ser más eficientes en su recaudación propia. El investigador se pronunció a favor de revisar el pacto, pero sin eludir responsabilidades.

“Para efectos de campaña suena bien decir que un Estado se va a salir del pacto fiscal, pero habría que hacer cuentas y ver también los gastos de la Federación en los estados. Lo inteligente no es si se van a salir, sino cómo hacemos una Federación que funcione mejor, cómo hacemos que los estados cobren más y que den mejores resultados”, argumentó De la Madrid.

INEFICIENCIA Y DISPENDIO

La ineficiencia y el dispendio en el uso de los recursos públicos es un signo característico del Gobierno de Enrique Alfaro.

El pasado lunes 29 de noviembre del 2021 el Instituto Mexicano para la Competitividad presentó su “Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021”, que evidencia el dispendio y desorden en el gasto de la administración de Jalisco.

Analiza el IMCO las principales partidas y variaciones del gasto público de los 32 poderes ejecutivos estatales y pregunta: “¿Qué sabemos del gasto administrativo en los estados?”.

Concluye: “En 2020, 17 entidades sobrejercieron su presupuesto asignado para gasto Administrativo (…) El Poder Ejecutivo de Jalisco, a pesar de haber presupuestado 25 mil 645 mdp en 2020, terminó por gastar 43 mil 699 mdp, es decir 70.4 por ciento más de lo autorizado”.

Aclara: “Gasto administrativo incluye el pago de sueldos y salarios, honorarios y prestaciones del personal al servicio del Poder Ejecutivo del estado; la compra de insumos y suministros como artículos de oficina, materiales de limpieza, alimentos y utensilios, medicinas, suministros médicos, uniformes, gasolina y diésel; además, el pago de servicios básicos (agua, luz, gas, internet, telefonía fija y celular), servicios profesionales, viáticos, publicidad oficial, ceremonias oficiales, entre otros”.

Exhibe otra grave deficiencia en la administración estatal: “Jalisco sobresale en el rubro de servicios personales al gastar 82.3 por ciento más de lo aprobado. Dicha entidad desembolsó 36 mil 897 mdp, a pesar de tener aprobados solamente 20 mil 235 mdp. Esta variación se debe al aumento en partidas como remuneraciones adicionales y especiales de funcionarios públicos (131 por ciento), otras prestaciones sociales y económicas (116 por ciento) y pago de estímulos a servidores públicos (16 por ciento). Al revisar la evolución para dicha entidad, se advierte un patrón repetitivo de variaciones mayores al 80 por ciento desde 2015, lo que es evidencia de una inadecuada planeación presupuestaria”.

Para 2022 el Gobierno federal le aportará a la administración de Enrique Alfaro 107 mil millones de pesos y el presupuesto total de egresos de la entidad será de 137 mil millones de pesos. En promedio, en el periodo 2019-2022, el Gobierno federal ha aportado a Jalisco el 82 por ciento de su presupuesto anual.

Enrique Alfaro pretende llevar la discusión sobre el Pacto Fiscal a todos los foros posibles en el país que puedan servirle de cajas de resonancia para enfrentarse al Gobierno federal, pues ya anda en precampaña rumbo a la candidatura presidencial para el 2024.

Esa es la realidad de su exacerbado histrionismo, pues es un político que se acostumbró a crecer en medio del conflicto y para sobresalir necesita, siempre, tener alguien con quien pelear.

Pedro Mellado Rodríguez

https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado

Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

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