Ayer, el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el cual se instruye a todas las dependencias, incluidos los órganos desconcertados, a transferir la totalidad de documentos relacionados con “violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como actos de corrupción” al Archivo General de la Nación (AGN).

Carlos Ruiz Abreu, director del Archivo General de la Nación, detalló que están obligados a recibir toda la documentación que les manden las instituciones del Ejecutivo Federal: “Tengo la instrucción de que abramos todos los expedientes que tengamos que abrir. Esta memoria debe ser conocida por todos, es una instrucción y una convicción propia”, anunció.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que ya se abrieron los expedientes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la Policía Federal para que todos los mexicanos, y sobre todo los investigadores, puedan tener acceso a los documentos del espionaje en México.

“Todos los expedientes que estaban resguardados, protegidos, se van a poner a consideración, se van a abrir, para que los ciudadanos puedan tener acceso a ellos”, anunció esta mañana López Obrador.

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que habrá “transparencia en lo general, sólo en las limitaciones que establece la Ley: lo que tiene que ver con protección a niños, a familiares, lo que pueda afectar, dañar, la dignidad de las personas”.

“Va a haber cuidado en la entrega de documentos en general. Pero estamos hablando de archivos políticos, es lo que manejaba el Estado para perseguir a opositores, esa era la federal de seguridad, que luego fue el Cisen… hay datos desde tiempos de el Presidente Venustiano Carranza, quien empezó la investigación política, el espionaje político a opositores”, destacó López Obrador.

PIDE PERDÓN A VÍCTIMAS 

El Jefe del Ejecutivo Federal dijo que la apertura de los expedientes es también “un homenaje a quienes fueron víctimas del régimen pasado”.

“Desde luego siempre recordarlos con muchos respeto, siempre, a los que han sido víctimas de represión y más a los que perdieron la vida, los que fueron asesinados y nuestro reconocimiento permanente”, dijo.

“Y perdón en nombre del Estado, eso siempre lo voy a estar repitiendo como representante del Estado Mexicano. No vamos nosotros a callarnos ni vamos a solapar actos autoritarios, represivos, eso es una forma de reconocerles, homenajear a quienes fueron víctimas de autoritarismos”, añadió.

López Obrador no descartó que a partir de la apertura de los archivos puedan generarse denuncias de víctimas, pero dijo que eso “dependen si existe la voluntad de hacer una denuncia, si procede, si las pruebas son válidas, si se trata de actos vigentes, si no prescriben, pero ese es otro asunto”.

Sin embargo, destacó, que “lo importante aquí es decir: ‘vivimos durante décadas sometidos por un régimen autoritario que limitaba las libertades; que perseguían a luchadores sociales, que etiquetaba, estigmatizaba a quienes no pensaban como lo decidía el régimen”

“Ese comportamiento fue creando una actitud y un ambiente autoritario que llevó muchas veces a la represión. Eso es lo que está de por medio”, añadió.

López Obrador dijo que hay evidencia en estos archivos de que en la represión al movimiento de 1968, la operación fue dirigida por el Estado Mayor Presidencial, quienes estuvieron en la zona antes que el Ejército.

El Presidente insistió “que no todo lo que ahí se dice es cierto: hay muchos inventos, acomodaban la información a conveniencia”.

“Mucha gente fue reprimida sin que se les comprobara nada, era nada más lo que suponían los policías políticos. Fue una etapa negra en la vida pública del país, y nunca más espiar a nadie”, añadió.

El Subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo Aburto, informó que la conformación de estos documentos data de hace muchos años y es parte de un acervo histórico de la Nación, prácticamente desde 1918 –en la época del Presidente Venustiano Carranza–, hasta llegar a la creación de la Dirección Federal de Seguridad, surgida en 1948, y el Cisen desde 1989.

Carlos Ruiz Abreu, director del Archivo General de la Nación. Imagen tomada de transmisión en vivo

En 2001 se habló de que habría una apertura de documentos de movimientos políticos y sociales, en específico de 1968. Sin embargo se hizo una entrega “simulada” el 19 de febrero de 2002, que no tenía información del Cisen. Entregaron 4 mil 223 cajas de archivos de la DFS y la DGIPS.

En 2007, diversos periodistas se dieron cuenta de muchos de los archivos estaban bajo el resguardo del Cisen.

Ayer, el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el cual se instruye a todas las dependencias, incluidos los órganos desconcertados, a transferir la totalidad de documentos relacionados con “violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como actos de corrupción” al Archivo General de la Nación (AGN).

Las dependencias federales, órganos administrativos desconcertados y entidades de la Administración Pública deberán transferir los documentos al AGN en un plazo no mayor a 30 días.

Zoé Robledo dijo que la apertura se hará de manera ordenada y también habrá un proceso de digitalización para lograr concretar este derecho a la memoria histórica del país.

Participarán en este proceso especialistas y también jóvenes pertenecientes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Carlos Ruiz Abreu, director del Archivo General de la Nación, detalló que están obligados a recibir toda la documentación que les manden las instituciones del Ejecutivo Federal.

“El Archivo puede recibirlos sin ningún problema. Vamos a llevar a cabo un proceso archivístico que no se tuvo en el pasado. Tenemos 90 años del archivo, pero esta información la mayoría está organizado de una manera por policías, por gente que no tenía ninguna actividad en archivística”, expuso.

El funcionario explicó que hay cajas donde los policías no sabían que hay ahí. Por ello se llevará un proceso: identificar qué hay y ordenar. Con el objetivo de que las personas puedan localizar lo que buscan de manera sencilla.

Se tienen 180 días para coordinarse con todas las instituciones públicas para decirles cómo deben transferir los documentos.

También destacó que no toda la información está ordenada. “Tengo la instrucción de que abramos todos los expedientes que tengamos que abrir. Esta memoria debe ser conocida por todos, es una instrucción y una convicción propia”, anunció.

Zoé Robledo recalcó que a las dependencias se les está solicitando toda aquella información que tenga que ver con: persecuciones políticas, violaciones a derechos humanos y corrupción.

Precisó que las reservas serán muy específicas y podrán alcanzar sólo hasta cinco años. Dijo que serán en torno a datos personales.

Carlos Ruiz Abreu explicó que se está ya construyendo el proyecto para que se realice lo más pronto posible.

Dijo que se está haciendo una diagnóstico y creen que la documentación está intacta. “No se llevaron nada, ahorita es el recuento que he hecho”, dijo. “Pronto sabremos qué tanto pudieron extraer de documentos, pero por eso la resguardaban. Yo creo que está en este momento toda la documentación, son miles de expedientes, miles de cajas”, añadió. Adelantó que les llevará poco tiempo saber cómo está la documentación.