Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– Críticos, políticos y expertos en el sector de las telecomunicaciones coinciden que las leyes secundarias de la reforma aprobada el año pasado alientan la censura y no combaten a los monopolios.

De acuerdo con el borrador de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que ya circula en el Senado de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob) se encargará de vigilar el contenido de las emisiones de televisión y radio para asegurarse de que se ajusten a la equidad y otras regulaciones.

Para algunos expertos, esto abriría la puerta al tipo de censura que existía cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó antes.  La propuesta de ley ” huele a autoritarismo “, señaló Javier Corral, Senador del Partido Acción Nacional, y uno de los principales opositores a las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones.

Otros coinciden con él. Así lo dice hoy incluso la prensa extranjera: un reportaje de Los Ángeles Times publicado hoy pone en alerta sobre el regreso de un PRI autoritario, basado en esta misma reforma.

“Un número creciente de críticos al interior de México están leyendo la letra chiquita del plan de telecomunicaciones y encontraron muchas cosas de qué preocuparse.  Por un lado, la cada vez más poderosa Secretaría de Gobernación se encargará de vigilar el contenido de las emisiones de televisión y radio para asegurarse de que ‘se ajustan a la equidad y otras regulaciones’. Algunos mexicanos temen que abriría la puerta al tipo de censura que existía cuando el PRI gobernó antes, sin restricciones y con una débil oposición”, dice el Times.

Este día, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), que agrupa a académicos y científicos de las principales instituciones del país,  dijo que la propuesta del Ejecutivo Federal regula de manera desequilibrada y no simultánea a los agentes económicos preponderantes de telecomunicaciones.

La Asociación señaló por medio de un comunicado de prensa que la Ley deja a Televisa sin controles suficientes, además de que subordina las facultades y atribuciones autónomas y técnicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda.

“México no puede volver a perder la oportunidad de integrar a sus ciudadanos a la Sociedad de la Información y el Conocimiento y de ofrecerles las ventajas sociales de un sistema de medios de comunicación democrático acorde a las nuevas necesidades del país y el avance tecnológico”, dijeron académicos y científicos que suscribieron el documento.

“Mientras que la reforma constitucional de 2013 garantiza derechos humanos de nueva generación, a través del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión y del derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la iniciativa de ley compromete su cumplimiento y alcances”, dijeron los integrantes del AMIC.

El Senador Corral lo viene advirtiendo desde hace tiempo. La propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto es regresiva, ha dicho, y atenta contra el espíritu original de la reforma constitucional Telecom, porque disminuye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y al mismo tiempo le entrega un gran poder a Segob, que preside  Miguel Ángel Osorio Chong, entre ellas las facultades de vigilar los contenidos de los medios de comunicación y solicitar el bloqueo temporal de “señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública”.

“En la práctica quizá [Hugo] Chávez fue más autoritario, o ahora [Nicolás] Maduro, pero sí lees la ley venezolana de radio y televisión, lo que allá es el Servicio de Radiodifusión Abierta, te darás cuenta de que no encuentras disposiciones similares que le otorguen tantas facultades al Ministerio del Interior”, refirió Corral en entrevista para SinEmbargo.

En días pasados el Senador Corral y el líder moral del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas, acordaron ir juntos contra las leyes secundarias en telecomunicaciones, por considerar que la iniciativa del Jefe del Ejecutivo federal es una “presión autoritaria y de evidente protección al actual esquema monopólico de la Televisión”.

Corral dijo que se trata de una especie de frente ciudadano “amplio, plural, que haga conciencia en la sociedad sobre las enormes pérdidas sociales que representaría su aprobación, en términos del ejercicio de derechos fundamentales, como de Libertad de Expresión, derecho a la información, y la negación de un acceso efectivo a las nuevas tecnologías, a una competencia verdadera en la Televisión abierta, así como la ausencia de una diversidad y pluralidad de contenidos informativos”.

En este sentido, Raúl Trejo Delarbre, especialista en telecomunicaciones, refirió ayer que el sector de las telecomunicaciones actualmente se encuentra en un momento crítico en su materia normativa, ya que aunque la aprobación de la reforma constitucional dejó entrever que las fuerzas políticas del país ya se habían puesto de acuerdo en este asunto, resulta desconcertante la propuesta de leyes secundarias enviadas.

Trejo Delarbe dijo en entrevista para Radio Fórmula que la propuesta de ley reglamentaria del Presidente Peña Nieto, desconoce decenas de normas de la reforma constitucional. Dijo que no toma en cuenta a los medios públicos, deja bajo el mando del gobierno al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que debería ser autónomo y privilegia a las televisoras al establecer reglas de preponderancia más débiles en este sector.

“Están muy bien las reglas para telefonía, pero son notablemente laxas las que se establecen par las televisoras y consorcios de radiodifusión, no hay derecho de las audiencias, el manejo de contenidos queda en manos de Gobernación. Vaya, es una iniciativa de ley salpicada, repleta de irregularidades”, comentó a la radiodufusora.

Opinó que lo único que han conseguido estas irregularidades es hacer que el consenso alcanzado para esta reforma se haya perdido por completo, por lo que el tema de las telecomunicaciones en nuestro país se ha convertido nuevamente en un problema al que no se le ha dado una solución adecuada para nuestro país.

También este lunes, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México (AMARC), así como otras asociaciones civiles y activistas, dijeron que la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión contiene disposiciones que agravian a los ciudadanos y contravienen la reforma constitucional aprobada en junio pasado.

“Con ese documento, evidentemente definido por el interés de las corporaciones televisivas, el gobierno y el PRI infringen los compromisos que adquirieron con otras fuerzas políticas, pero sobre todo con la sociedad, cuando aprobaron la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, denunciaron.

Por medio de un comunicado de prensa afirmaron que la Ley discrimina a los medios comunitarios e indígenas al impedir que tengan diversidad de opciones de financiamiento, incluyendo la posibilidad de tener espacios comerciales, y se les deja en una alta incertidumbre jurídica al mantener criterios discrecionales para acceder a las frecuencias.

Además precisaron que se les piden los mismos requisitos que a los medios de uso público, “lo cual es un absurdo porque no se le puede exigir lo mismo a una comunidad indígena que a una institución del Estado, en un absurdo jurídico de tratar como iguales a los desiguales”. En el documento hecho dijeron que con esta Ley se permitiría a las autoridades ordenar la cancelación de los servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas durante eventos de protesta y otros.

“Vulneraría la privacidad de los usuarios al ampliar las facultades de intervención de comunicaciones, geolocalización en tiempo real sin controles, además de obligar a empresas de telefonía a conservar datos personales de los usuarios en un registro de comunicaciones, incluso de manera indefinida, y permitir el acceso a los mismos sin autorización judicial ni otras salvaguardas”, indicaron.

A su vez la AMIC denunció este martes que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión “soslaya la protección y salvaguarda de la identidad, la privacidad y los datos personales por parte de las empresas y portales de Internet (distintos de los concesionarios de acceso a Internet), en una era de espionaje gubernamental e infiltraciones de empresas proveedoras de bienes y servicios que obtienen ingresos, a partir del manejo poco escrupuloso de los datos personales. Permite bloquear, inhibir y anular señales de telecomunicaciones con el riesgo que conlleva”

Acusó que en materia de comunicación e igualdad de género, esta iniciativa no promueve el derecho humano de las mujeres a comunicar, “lo que involucra garantizar su acceso y participación paritaria en las empresas de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y en particular su influencia en los procesos de toma de decisión. Tampoco señala mecanismos que garanticen la erradicación de estereotipos que promueven la violencia de género en los contenidos mediáticos”.

Sin embargo, el día de ayer  el PRI, el PAN y algunos legisladores del PRD aprobaron de manera en unos minutos la ruta de la  iniciativa de telecomunicaciones del Ejecutivo federal en el Senado. En la reunión de comisiones unidas, este lunes se aprobó por 11 votos a favor, dos en contra y sólo una abstención, la lista de 51 invitados para participar en los foros de consulta.

Se informó que de éstos, 29 son empresas y concesionarios y se excluyen a los propios comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Constituye un proceso de simulación y ya existe un acuerdo previo”, denunció el Senador Javier Corral, del PAN, quien votó en contra del calendario presentado por su correligionario, Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, quien ha dicho con anterioridad que la ley propuesta promovería la competencia muy necesaria y que debería venir a votación a finales de mes.