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Los secretarios Pedro Joaquín Coldwell y Luis Videgaray Caso presentaron ayer nueve paquetes con las leyes secundarias de la Reforma Energética. Foto: Cuartoscuro

Por David Martínez y Shaila Rosagel

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– Durante 120 días el Congreso de la Unión el Congreso de la Unión se mantuvo en espera de que Presidencia de la República enviara las iniciativas que impondrán los nuevos modelos de contratación para las empresas privadas, nacionales e internacionales, en los sectores petrolero, eléctrico y de gas, que darán forma a la Reforma Energética. Ayer, la espera terminó.

El Senado de la República y la Cámara de Diputados ya tienen en su poder las iniciativas en materia energética del Presidente Enrique Peña Nieto, que crearán ocho nuevas leyes, reformarán 13 más y expedirán el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Académicos y expertos en asuntos económicos y energéticos, consultados por SinEmbargo, sostuvieron que las iniciativas presentadas por el Presidente Peña Nieto confirman los tipos de contrataciones, órganos regulares y expectativas de los 21 artículos transitorios de la reforma constitucional, aprobada de forma fast track por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, en diciembre del año pasado.

“De aprobarse en sus términos, sería la aplicación en toda la extensión de la palabra de lo planteado a nivel de reforma constitucional”, sostuvo el doctor Gregorio Vidal, profesor-investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Con un análisis preliminar, los expertos señalaron que esta legislación secundaria implica una intención depredatoria de los hidrocarburos, sin que existan programas reales de administración de los recursos y de la riqueza que se generará.

“El llamarle Reforma Energética es un exceso, porque no hay ningún programa que esté vinculado a las reformas hechas que permitan efectivamente empujar fuentes alternativas significativas de energía, para cuidar el uso del petróleo para otras aplicaciones, no hay un programa  de inversiones relevantes para agarrar y transformar nuestro petróleo y poder venderlo incluso al extranjero ya transformado”, afirmó el investigador de la UAM.

Asimismo, mantiene el mismo espíritu privatizador de los recursos naturales, así como el plan de venta de hidrocarburos al extranjero, con ganancias en el corto plazo, pero que dejará en indefensión energética a México en el largo plazo.

Por su parte, el maestro Horacio Omar Jiménez Sandoval, profesor-investigador de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, consideró “ingenua” la promesa de que bajará los precios de gasolina, gas y otros energéticos, como prometió el gobierno federal.

“No confío y creo que es ingenuo pensar que esta reforma genere precios menores, en ningún caso. Vamos a tener más opciones y vamos a ver gasolinas de otros colores, pero no necesariamente precios menores como ha pasado en todos los casos de privatización de nuestro país”, sostuvo el académico.

Por su parte, Salvador Mora Velázquez, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que el discurso del Presidente Peña, a través de los secretarios de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y de Hacienda, Luis Videgaray Caso, para insistir que Petróleos Mexicanos (Pemex) no se privatizará, sólo busca legitimar la Reforma Energética.

“Desde luego que no pueden contravenir la reforma constitucional que se propuso en 2013, donde se reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Mexicana, con las leyes secundarias veremos reglas que abran aún más el sector de hidrocarburos. El discurso de ayer en realidad busca legitimar las reformas”, dijo el académico de la UNAM.

El especialista expuso que la población debe estar atenta sobe hasta dónde ser profundizará la apertura de contratos con la iniciativa privada y las implicaciones que tendrá para Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Me parece que al fin del camino hay dudas sobre hacia dónde va a caminar Pemex y CFE, dejarán de ser organismos públicos descentralizados, tenemos que tener cuidado por ello”, apuntó.

LAS INICIATIVAS

El Presidente Peña Nieto envió al Senado de la República nueve paquetes de iniciativas que crean ocho nuevas leyes y reformas 13 existentes. Tres de esas iniciativas serán turnadas a la Cámara de Diputados “por ser asuntos de materia tributaria y de impuestos”.

De esta forma se crean:

  • La Ley de Industria Eléctrica.
  • Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
  • Ley de Energía Geotérmica.
  • Ley de Petróleos Mexicanos.
  • Ley de Hidrocarburos.
  • Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
  • La Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos.
  • Además se el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

También se reforman:

  • La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
  • Ley de Aguas Nacionales.
  • Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
  • Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
  • Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
  • Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
  • Ley de Inversión Extranjera.
  • Ley Minera.
  • Ley de Asociaciones Público Privadas.
  • Ley Federal de Derechos.
  • Ley de Coordinación Fiscal.
  • Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
  • Ley General de Deuda Pública.

De todas estas iniciativas, la Ley de Hidrocarburos reviste una importancia singular, porque establece las modalidades de contratación para que empresas privadas puedan realizar actividades “de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos de exploración, extracción y distribución de hidrocarburos”.

Los tipos de contratos que podrán permitirse, entre otros, son de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia. Las concesiones no fueron aprobadas por el Congreso. En todos los casos, dice, el gobierno federal podrá elegir el tipo de contrato que más convenga al país, dependiendo de las características y ventajas de cada zona.

“En realidad se trata de diferentes términos que al final funcionan como una concesión, ya sea por licencias o por contratos, en todos los casos el Gobierno está otorgando el permiso para extraer el recurso, para explotarlo y transformarlo, y bueno pues pone en una circunstancia muy desfavorable a Pemex frente al dinero fresco y la última tecnología que manejan las empresas trasnacionales”, aseguró Horacio Omar Jiménez Sandoval, profesor-investigador de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey.

Según la reforma constitucional los contratos y las asignaciones que el Estado suscriba con empresas productivas del Estado o con particulares, serán otorgados a través de mecanismos que garanticen la máxima transparencia.

La legislación secundaria debe incluir:

  • a) Que los contratos cuenten con cláusulas de transparencia, que posibiliten que cualquier interesado los pueda consultar;
  • b) Un sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación, en su caso, de los costos incurridos y demás contabilidad involucrada en la operación de los contratos, y
  • c) La divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos.

Otro punto que deberá tenerse en la mira es la fortaleza de las Comisiones Nacional de Hidrocarburos y la Reguladora de Energía.

La primera, la Comisión Nacional de Hidrocarburos será la encargada de asesorar a la Secretaría de Energía; también estará dentro de sus tareas realizar las “licitaciones, asignación de ganadores y suscripción de los contratos para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos”; y la regulación en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, entre otras.

De entrada, esta Comisión ya empezó con el pie izquierdo, ya que el nombramiento de Juan Carlos Zepeda Molina como su presidente, fue calificado como ilegal por el Senador Manuel Bartlett, quien alegó que la Ley estipula que el presidente del organismo tiene que “poseer el título de ingeniero o equivalente en alguna disciplina relacionada con la industria petrolera”, y Zepeda Molina es economista de formación.

Asimismo, el Senador Adán Augusto López señaló que el Presidente debe comprobar más de 10 años de experiencia en la industria petrolera, requisito que tampoco cumple Zepeda Molina, de acuerdo al curriculum entregado al Senado.

Por otra parte, la Comisión Reguladora de Energía deberá regular el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; en materia de electricidad, le corresponde la regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución.

Mediante la legislación secundaria también se creará la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Este deberá regular y supervisar las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos.

SUJETAS A CAMBIOS

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Videgaray y Coldwell dieron detalles del paquete energético. Foto: Cuartoscuro

Los coordinadores parlamentarios y los presidentes de las comisiones de Energía de ambas cámaras celebraron tener en sus manos la legislación secundaria, pero inmediatamente anunciaron que la propuesta del Presidente Peña sufrirá modificaciones, pensamiento que compartió, incluso, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado.

“Quiero dar mi testimonio de seguridad, de que esta reforma secundaria será muy debatida, como lo pide el PRD [Partido de la Revolución Democrática] y lo pide el PAN [Partido Acción Nacional], que vamos a sujetarnos a la legalidad del Senado de la República, bajo las normas que nos rigen en este órgano colegiado, y que tendrá los cambios que requiera”, afirmó Emilio Gamboa Patrón, líder de los senadores priistas, en conferencia de prensa conjunta con sus homólogos del PAN y PRD.

En tanto, el Revolucionario Institucional rechazó que la legislación secundaria contenga intereses ocultos o “letras chiquitas” respecto a las nuevas modalidades de contratación para el sector de hidrocarburos. Por el contrario, se comprometió a que el procesamiento de las iniciativas será abierto y transparente.

“Cuando hemos discutido la Reforma Energética, la peculiaridad de estos contratos es que tienen que ser públicos, o sea no hay letras chiquitas escondidas, son contratos a los que debe tener acceso toda la sociedad mexicana y creo que uno de los pivotes importantes de esta legislación es la transparencia que se le está dando a todo el procedimiento”, afirmó el Diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía de San Lázaro.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchyna, adelantó que la iniciativa presidencial se procesará mediante un “análisis integral, serio y responsable” y estará abierta a ser mejorada con los comentarios y opiniones de expertos en el sector.

“Queremos también tener reuniones de trabajo con diferentes sectores de la sociedad, que son actores básicos de este nuevo modelo energético, para encontrar los diferentes puntos de opinión, las diferencias y por qué no decirlo, la posibilidad de enriquecer una iniciativa que a juicio de un servidor es una respuesta responsable del Ejecutivo federal”, afirmó el Senador Penchyna.

No obstante, el legislador olvidó mencionar que durante el proceso de dictaminación de la reforma constitucional en materia energética también se abrió un espacio para foros públicos, mismos que fueron calificados por la oposición como una “simulación” porque los ponentes se dedicaban alabar la propuesta presidencial, por lo que los partidos de izquierda abrieron sus propios “foros alternos”.

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN

Sólo unas horas después de que se presentaran públicamente, la oposición pidió a los legisladores que no atiendan como un asunto de emergencia las iniciativas de leyes secundarias de la Reforma Energética, sino que les dediquen el tiempo necesario para procesarlas de forma seria y responsable.

“Por qué tanta urgencia, sin un mensaje para el país, en lugar de investigar la corrupción que hay en Pemex antes de revisar las leyes secundarias, quieren hacerlo sin un debate serio, solo para decirles a las empresas petroleras que el país ya está en venta”, dijo Jesús Zambrano Grijalva, presidente del PRD.

Zambrano calificó como irresponsable al Presidente Peña al enviar al Senado de la República el paquete de leyes secundarias en materia energética, cuando el Congreso se encuentra en un “momento crítico”.

“Lo único que está haciendo es fomentar un proceso legislativo irresponsable, pareciera que no hay más iniciativas que las del Ejecutivo, cuando hay que recordar que el PRD fue el  primero en presentar un conjunto de propuestas para reformar las leyes existentes para modernizar, sin privatizar”, agregó el líder partidista.

El Diputado del PRD, Luis Espinosa Cházaro, secretario de la Comisión de Energía, anunció que los diputados se sentarán a revisar el contenido de la propuesta con calma y con un análisis profundo, aunque recalcó, su confianza en revertir la Reforma Energética no está en la discusión parlamentaria, sino en una consulta a la ciudadanía.

“Y vamos a continuar con la ruta de la Consulta Popular, que será la ruta para revertir estas reformas”, dijo el legislador.

Por su parte, la izquierda más radical adelantó que las propuestas energéticas de Peña destruirán la soberanía nacional del país, generarán corrupción nacional e internacional, así como el debilitamiento del Estado.

Martí Batres Guadarrama, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), auguró consecuencias “nefastas” para la vida de México, debido a la importancia de los hidrocarburos para el país.

Adelantó que Morena mantendrá su lucha contra la reforma energética a través de tres ejes: la denuncia por traición a la patria en contra del Presidente Enrique Peña Nieto, el respaldo a una solicitud de amparo que solicitaron los senadores de izquierda y el impulso de una Consulta Popular en 2015.

“En esta etapa realizaremos acciones que se enmarcan en la Ley, nuestro plan de lucha está en base a las leyes, después daremos a conocer si habrá movilizaciones o no”, dijo Martí Batres.