La lista de denuncias y violaciones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por sus violaciones a la ley electoral es tan grande, que bien merecería otro tratamiento que las simples multas que le ha aplicado el Instituto Nacional Electoral (INE).

La petición ciudadana en la plataforma internacional Change.org para quitarle el registro al partido fundado por Jorge González Torres en 1986, y luego heredado a su hijo Jorge Emilio González Martínez, el “Niño verde”, es ya histórica, de acuerdo con Alberto Herrera Aragón, coordinador de Campañas en México de esa página de peticiones en línea que es ya una nueva herramienta de expresión de los mexicanos frente a los abusos de gobiernos, funcionarios públicos, partidos, empresas y causas sociales en general.

Hasta el pasado 30 de abril, la petición al INE para quitar el registro del Verde y retirarlo de la próxima contienda electoral sumaba más de 140 mil firmas, un récord en la historia de esa plataforma en el país, por lo que Alberto Herrera expuso a SinEmbargo que “resulta lamentable que el Instituto Nacional Electoral al día de hoy no haya dado ni una sola respuesta a la petición, cuando se está hablando de 140 mil firmas de esta naturaleza”.

Esas firmas fueron entregadas el miércoles pasado al Consejo General del INE, también con la exigencia pronta y con fundamentos del Instituto sobre el caso del Verde, un partido que, de acuerdo con especialistas, ha situado a los electores frente a la dicotomía de votar por un partido ilegal frente a un conjunto de partidos legales, más allá de las preferencias que cada quien tenga.

En el documento presentado por los ciudadanos –que son los verdaderos patrones del INE aunque ese Instituto no los trate así–, se incluye un listado de conductas y prácticas ilegales con las que el Partido Verde Ecologista de México se ha beneficiado y por las que, consideran, debe retirársele el registro:

–Uso de recursos públicos y privados ilegales.

–Contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300 mil spots en televisión de manera ilegal.

–Transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado Mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales.

–Contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todas las entidades del país.

–Compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente todas las salas cinematográficas del país.

–Propaganda ilegal en tortillerías.

–Contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa.

–Distribución en todo el país, de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales.

–Campaña ilegal para la entrega de beneficios a ciudadanos, consistente en la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en distintas entidades del país.

–Uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse.

–Invasión de nuestra privacidad ya que, sin autorización alguna, somos molestados ilegalmente en nuestras casas a través de llamadas telefónicas para anunciarse.

–Impresión y distribución de 4 millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la ley.

–Uso ilegal de nuestros datos personales, del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacernos llegar propaganda.

–Desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales para suspender su propaganda ilegal.

El pasado 28 de abril, este sitio digital publicó una entrevista con Benito Nacif Hernández. En esa charla con la periodista Ariadna Ortega, el Consejero del INE respondió a una pregunta sobre las voces que piden el retiro del registro del Partido Verde y cuál sería el procedimiento para que esto sucediera.

“Hay diferentes causales para el retiro del registro, la más conocida es porque los partidos políticos no obtienen el mínimo de apoyo en las urnas para mantener su registro. Ahora, el retiro del registro es una decisión de enorme trascendencia, significa quitarle al electorado una opción que se ha construido de acuerdo a lo mismo que establece la Ley, entonces es una sanción extrema que sólo tiene que aplicarse en situaciones verdaderamente extremas”, dijo.

–¿No estamos en una situación extrema entonces?, se le preguntó.

“Pues mira yo no puedo pronunciarme ahora en ningún sentido porque tendríamos que analizar las quejas que se presentan, instruirlas, investigarlas y presentar  las resolución con sus propuesta de sanciones en el Consejo General. Lo que sí me gustaría dejar en claro es que cuando se propone quitarle el registro a un partido político se está proponiendo una sanción extrema, quizá la pena máxima que le puedas aplicar a un partido político”.

Y bueno, si los consejeros del Instituto consideran que la del Verde no es una “situación extrema”, poco podemos esperar de la fiscalización en el INE y la aplicación de la justicia.

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