Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña se realizaron 34 consultas a los pueblos indígenas para la construcción de megaproyectos, la mayoría de ellas violaron por lo menos uno de los ocho estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la OIT. Estas prácticas podrían repetirse con el actual Presidente, alertaron el Consejo Consultivo de la CNDH y la ONU. En estos cinco meses que lleva la nueva administración se han realizado una serie de consultas que ponen en duda el respeto a las comunidades, como la que se realizó a mano alzada el 28 de marzo en Juchitán, Oaxaca.
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– Las 34 consultas realizadas a los pueblos indígenas en México para construir megaproyectos en sus territorios durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto violaron uno, dos, tres y hasta los ocho estándares internacionales incluidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), arrojó el informe “De la consulta a la libre determinación de los pueblos”.
Estas prácticas violatorias a la libre determinación de los pueblos que se realizaron en los sexenios pasados podrían repetirse con las consultas de este nuevo Gobierno de izquierda, así lo alertaron el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ambos organismos coincidieron en que el Gobierno federal debe priorizar los derechos de los pueblos indígenas en sus proyectos anunciados, como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto en Santa Lucía, que se realizarán en nueve entidades federativas y 108 municipios con población indígena.
En estos cinco meses que lleva la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador se han realizado una serie de consultas que ponen en duda el respeto a las comunidades indígenas, como la que se realizó a mano alzada el 28 de marzo en Juchitán, Oaxaca, para conocer la viabilidad del proyecto del Tren Transísmico.
“En Juchitán habían más de 10 mil personas y como hay esa tendencia a obstaculizar, le pregunté a los 10 mil que representaban a todas las corrientes. Había organizaciones sociales, era muy plural y por unanimidad más de 10 mil levantaron la mano a favor del proyecto. Es de sentido común, cómo no va a querer que se rehabilite el tren para que haya comunicación en el Istmo”, justificó el Presidente esta semana en su conferencia matutina.
Dijo también que se consultó en la región y la gente respondió que aprobó el proyecto.
El investigador y doctor en Derecho Rodrigo Gutiérrez, coautor del informe “De la consulta a la libre determinación de los pueblos”, señaló en entrevista que las consultas que se han realizado en lo que va de este sexenio no han contemplado a los indígenas, sólo a la población en general.
“Ojalá que se haga de acuerdo a los estándares internacionales porque el actual Gobierno ha hecho una consulta general y ha dicho que los consultará conforme al derecho internacional”, pidió.
El informe, publicado este 2019, expone que la mayoría de consultas realizadas en los sexenios de Calderón (2006-2012) y Peña (2012-2018) se hicieron cuando ya había un programa o un proyecto, incluso cuando ya estaban en construcción las obras.
“Es hora de que el Estado mexicano cambie esa relación, no podemos seguir no viendo a los pueblos. Puede que los pueblos indígenas ocupen sólo el 25 por ciento del territorio nacional, pero resulta que en ese porcentaje está el 80 por ciento de la biodiversidad.
Ellos le prestan un servicio al país, están protegiendo los bosques, el agua, y si nosotros no los incluimos en las decenos vamos a acabar con la naturaleza”, destacó el investigador y doctor en Derecho Rodrigo Gutiérrez, coautor del informe.
En marzo pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al rey de España y al Papa Francisco disculpas por la Conquista de México, y anunció que pediría perdón por los “abusos cometidos” a los pueblos indígenas tras la independencia de 1819.
Pedir perdón a los pueblos indígenas como lo ha expresado el Presidente es bueno, dijo el investigador, “pero no se debe quedar en un perdón y seguir haciendo lo mismo, se deben respetar sus derechos”.
El coordinador del área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más importante del país, señaló que “prácticamente todas las consultas que nosotros analizamos incumplen con las normas y estándares de derecho constitucional e internacional establecidos por los derechos humanos”.
Esos estándares se refieren a que la consulta debe de ser previa; libre (que no se puede hostigar a los pueblos u ofrecer programas estatales durante el periodo de consulta); que no se puede encarcelar a los líderes; debe ser informada (dotar de información suficiente y apropiada, que sea en el lenguaje de los pueblos); que se haga de acuerdo con los procedimientos de los pueblos; que sea de buena fe y sea culturalmente adecuada.
El informe destaca que a lo largo de los años los gobiernos han cometido atropellos y despojos en contra los pueblos indígenas bajo el discurso de desarrollo.
“Se han tomado decisiones sobre los lugares donde viven sin preguntarles. Con el discurso del desarrollo y el empleo les han cruzado carreteras, los han desplazado para que en el lugar donde viven se construyan presas, los han convencido y obligado a firmar acuerdos para que acepten proyectos, es una gran historia de vejaciones, de imposiciones, de no tomarlos en cuenta, de no respetarlos”, explicó el académico de la UNAM.
Destacó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se cometieron más violaciones a los derechos de los pueblos porque entró la Reforma Energética, que involucraba proyectos de infraestructura. “Con Peña fue muy radical el proceso de despojo”, contó.
En México, 25.7 millones, el 21.5 por ciento de la población nacional, se identifican como indígenas, según la Encuesta Intercensal elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015. Otros datos arrojan que el 40.3 por ciento de los indígenas se han sentido discriminados por pertenecer a los pueblos originarios.
CNDH Y ONU ALERTAN POR CONSULTAS
En su más reciente sesión de trabajo, el Consejo Consultivo de la CNDH acordó hacer un pronunciamiento público para que los proyectos de desarrollo anunciados por el Gobierno federal, como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto en Santa Lucía, a realizarse en nueve entidades federativas y 108 municipios con población indígena, consideren en todos los casos la celebración de la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
Los megaproyectos anunciados por el Gobierno impactarán áreas de gran importancia ecosistémica y cultural.
La CNDH destacó la región donde se pretende llevar a cabo el Tren Maya, en la que existen diversas áreas naturales protegidas, como los Parques Nacionales Palenque y Tulum, el Área de Protección de Flora y Fauna Cañón del Usumacinta, las Reservas de la Biósfera Los Petenes y Sian Ka’an, así como la Reserva de la Biósfera Calakmul, área considerada como la mayor reserva de bosque tropical del país, caracterizada por albergar ecosistemas con gran riqueza biológica y por contener uno de los agrupamientos de zonas arqueológicas de la cultura maya más importantes.
Por ello, el Consejo Consultivo de la CNDH exhortó al Ejecutivo Federal a poner en marcha las recomendaciones del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como para revisar y, previa generación de los mayores consensos, asumir los términos de la Recomendación General No. 27/2016, en la que se solicita presentar una Iniciativa de Ley al Congreso de la Unión sobre el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas del país.
También llamó a que el Estado mexicano ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe –Acuerdo de Escazú—, cuyo objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
El Consejo Consultivo hizo un llamado para que las instituciones responsables de los proyectos de desarrollo implementen, de manera inmediata, un Programa de Promoción sobre el Derecho de Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y Culturalmente Adecuada, dirigido en lo general a la población indígena y afromexicana del país; y, en lo particular, a los pueblos y comunidades que habitan en los territorios considerados para la ejecución de las obras referidas.
Jan Jarab, representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, sostuvo esta semana un conversatorio en el Senado con el objetivo de crear una agenda legislativa garante de los derechos a la libre determinación, al territorio y a los modelos propios de desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
En la reunión, el representante de la ONU destacó que el modelo de desarrollo basado en megaproyectos frecuentemente no toma en cuenta las necesidades y aspiraciones de los pueblos y está poniendo en riesgo sus territorios, sus formas tradicionales de vivir y de crear desarrollo y su continuidad como pueblos.
“Este modelo se caracteriza por la extracción intensiva de recursos y la producción de bienes para implementar proyectos energéticos, extractivos, turísticos y agroindustriales”, detalló.
Sobre las consultas, dijo que existe la ausencia o falta de cumplimiento con los estándares internacionales: “Hasta el momento, lamentablemente, hay muy pocos ejemplos de buenas prácticas en el área de consulta y destacan más bien los vicios (de forma y de fundo) en su implementación”.
Puso como ejemplos casos como el acueducto en territorio Yaqui de Sonora hasta la soya transgénica en Campeche o la energía solar en Yucatán.
“Las consultas que no son previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas, y sobre todo las consultas que carecen de buena fe, terminan perjudicando aún más los derechos de los pueblos indígenas a su libre determinación, instrumentando carencias crónicas para dividir a las comunidades, causando conflictos internos”, aseguró el representante de la ONU.
