El documento señala que en este sexenio el Estado podría levantar la prohibición de las drogas para reducir su consumo y que habrá, en cambio, “suministro de dosis con prescripción” y supervisión médica personalizada. Pero para ello, sólo refiere que tendrá que “negociarse” con Estados Unidos y con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) no ahonda en los mecanismos y recursos específicos que serán utilizados para la consecución de sus metas. Tampoco refiere cómo serán los procesos para efectuar las políticas que plantea.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- Para el año 2024 en México, la delincuencia organizada “estará reducida y en retirada” y los índices delictivos (asaltos, homicidios, robos y secuestros) “se habrán reducido en 50 por ciento” en comparación con 2018, se lee en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto plantea un México en donde los jóvenes ya no serán el “semillero” de grupos delictivos. Una tierra sin el estigma de la violencia, sin desapariciones forzadas, e incluso, sin violaciones a los derechos humanos.

Para lograr la meta, la estrategia del Gobierno federal se enfocará en la “incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos de conductas antisociales”. Esto es, a través de programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Asimismo, la nueva administración propone recuperar el principio de reinserción social en el sistema penal, acabar con la denominada “guerra contra las drogas” que inició en 2006, así como adoptar “estrategias de prevención y tratamiento de adicciones”, además de impulsar “procesos regionales de pacificación” (con instituciones de verdadera procuración de justicia) y “medidas contra el lavado de dinero e inteligencia policial”.

Mientras las estrategias son llevadas al cabo, el PND refiere el uso de la Guardia Nacional en todo el país como “policía de paz y proximidad”, así como las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad del Ejecutivo federal para dar seguimiento “preciso y puntual” a los hechos delictivos.

A pesar de los lineamientos, el PND no ahonda en los mecanismos y recursos específicos que serán utilizados para la consecución de sus metas. Tampoco refiere cómo serán los procesos para efectuar las políticas que plantea.

Por ejemplo, el documento señala que en este sexenio el Estado podría levantar la prohibición de las drogas para reducir su consumo y que habrá, en cambio, “suministro de dosis con prescripción” y supervisión médica personalizada. Pero para ello, sólo refiere que tendrá que “negociarse” con Estados Unidos y con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por otro lado, el PND asegura que para 2024 los delitos de “cuello blanco” (fraudes financieros) habrán “desaparecido”. La corrupción política y la impunidad, asimismo, “habrán quedado reducidas a casos excepcionales, individuales e inmediatamente investigados y sancionados”.

Para tales efectos, la nueva administración planea tipificar la corrupción como un delito grave, prohibir las adjudicaciones directas y establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos.

Estas medidas incluirán la eliminación del fuero de los altos funcionarios, colaboración internacional para erradicar a los paraísos fiscales y monitorear (en línea y en tiempo real) el dinero para adquisiciones gubernamentales.

En materia institucional, el Gobierno de AMLO presentará una iniciativa de Ley para combatir los conflictos de interés y “centralizará las instancias de contraloría”. Esto último implicará reforzar a las secretarías de la Función Pública y de Hacienda, así como sus respectivos órganos, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera.