El Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa. Foto: Cuartoscuro

El Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa. Foto: Cuartoscuro

La primera palabra técnica que aprendí cuando comencé a hacer periodismo fue bursatilización. En el largo pasillo que ocupa la redacción del periódico local donde me estrenaba como reportera, parecían cómodos pronunciando diariamente aquella madeja de letras que en esos meses de 2010 inundaba las columnas y las notas de los periódicos del estado.

En Veracruz, segundo bastión del PRI después del Estado de México, esa palabra era la marca difusa en el suelo que borraba los límites entre el final del gobierno de Fidel Herrera, en el que la corrupción había sido la norma y el inicio de otro, el de Javier Duarte, donde la muerte de civiles –especialmente periodistas- se convirtió en el referente de los titulares de prensa fuera de las fronteras de control de los jefes de comunicación de las dependencias locales.

Del gobierno de Herrera, hoy instalado como cónsul de México en Barcelona sin tener experiencia diplomática, un alto funcionario que no dependía del Gobernador pues lideraba un poder autónomo, me contó en ese momento que le pedían desviar fondos mensualmente a todas las dependencias.

Les ponían una cuota que debían cumplir como prioridad en el orden del gasto. Cada institución debía arreglárselas para justificarlo. A pesar de que ya entonces mi fuente era uno de los políticos más conocidos del Estado, me confirmó en un susurro lo que era un secreto a voces. Lo hizo en un sitio privado, asegurándose de que nadie lo escuchara.

Días después me envió un mensaje para que viajara a otra ciudad, a un edificio de oficinas. Una secretaria, que apenas me miró, dijo que recogiera un sobre amarillo que estaba sobre la mesa. En el autobús de regreso a casa encontré adentro del sobre los primeros datos que guiaron mi cobertura de los siguientes dos años, sobre los desvíos de recursos públicos que llevaron a que Veracruz descendiera en su calificación crediticia y aumentara su deuda pública en más de mil por ciento.

Las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que en 2004, cuando Herrera asumió la gubernatura, la deuda estatal significaba el uno por ciento del Producto Interno Bruto Estatal. En junio de 2014, última cifra oficial disponible, había aumentado cuatro veces, hasta el 4.6 por ciento.

La clave estaba allí: esperaban a que vinieran las lluvias, se paseaban frente a las cámaras por las zonas de desastre, pedían dinero para resarcir a las víctimas, y luego no lo usaban para obras en las zonas que habían sido afectadas por huracanes e inundaciones, sino en pagar a los proveedores. Luego reestructuraban la deuda, con mayores intereses.

Los errores parecían de primaria, pero eran “a propósito”, me explicó en 2011 Javier Cobos, especialista de una de las principales calificadoras de crédito del mundo, que fue despedido a petición del gobierno de Veracruz, después de haberles otorgado una calificación en la que explicaba los manejos irregulares.

Todo comenzó con una bursatilización a 30 años que la entidad pidió en 2006, cuando Herrera era Gobernador y Duarte era su secretario de finanzas. El término significó allí pedir un préstamo multimillonario sobre un dinero que el gobierno recibiría de forma segura durante un largo periodo de tiempo, por medio de la tenencia vehicular.

Significó también no utilizarlo para lo que había sido solicitado –obra pública- sino para pagos de proveedores y otros aún más oscuros, que hasta la fecha no se han documentado a cabalidad. Fue la gran hazaña de Javier Duarte como el joven pupilo de Herrera, quien logró que varios bancos prestaran millones de dólares a la entidad.

Durante los dos años siguientes publicamos largos reportajes sobre las cifras reales de la Deuda Pública Estatal, cuya suma global ya en mayo de 2012 era de 53 mil 595 millones de pesos en pasivos financieros. A la deuda con bancos y la bursatilización había que sumar los pasivos de organismos descentralizados, me explicó entonces Javier Cobos, ya instalado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.

Esto implicaba sumar la deuda con bancos, el dinero que debían a los proveedores y los “organismos descentralizados”. En ese momento, la crisis más seria era del Sistema Estatal de Pensiones. Luego se añadió la de la Universidad Veracruzana, de la que habló ampliamente la rectora de la casa de estudios en una entrevista con SinEmbargo.

En esos primeros años del gobierno duartista, antes de que hiciera crisis los asesinatos de periodistas, en Veracruz varios colegas publicamos reportajes en los que abordamos que las cifras de la deuda estaban maquilladas, que la obra pública era nula, porque el propio Herrera sólo había construido 2 mil puentes, aunque había inaugurado y anunciado 10 mil.

El congreso estatal aprobaba montos de deuda a largo plazo, pero el gobierno de Duarte pedía más dinero a corto plazo, con intereses altísimos que luego debían “reestructurar”. Una de las reporteras que abordó el tema con mayor énfasis crítico fue Regina Martínez, la corresponsal del semanario Proceso, que fue asfixiada hasta la muerte en su casa en Xalapa en abril de 2012 y cuyo asesinato permanece impune.

Los retiros inexplicables en efectivo y cuentas que no surgieron únicamente con Duarte. En diciembre de 2011, su gobierno debió devolver, por medio de los bancos Santander y Bancomer, 2 mil 500 millones de pesos de la Secretaría estatal de Educación, por gastos no justificados durante 2010, el último año del gobierno de Herrera.

Al año siguiente, en una sola cuenta igualmente de Santander, funcionarios del gobierno de Duarte retiraron en efectivo poco menos de 3 mil millones de pesos en Xalapa, según denunció este fin de semana el ex Presidente Felipe Calderón, en un mitin de campaña a favor de Miguel Ángel Yunes en Veracruz.

Cuando Ciro Gómez Leyva le preguntó a Calderón por qué no lo había exhibido antes, éste replicó que lo había hecho en otros foros, pero nadie le había hecho caso.