En 17 meses en México, del 1 de enero de 2021 al 23 de mayo de 2022, han ocurrido 412 masacres, en las cuales han sido abatidas mil 811 personas.

Todavía llega a la memoria aquel 8 de septiembre de 2021, cuando en una conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para probar uno de sus cada vez más comunes “otros datos”, pidió que se transmitiera en la pantalla de su presentación, la portada del periódico Reforma. Cuando apareció la imagen, de manera espontánea y natural, el Presidente la señaló con su mano izquierda y exclamó: ¡Ahí están las masacres!” para proseguir a burlarse con una sonora risa.

La nota del diario capitalino daba cuenta en ese año y hasta ese día de septiembre habían acontecido en el país, 45 masacres, definiendo este acto criminal como un evento en que son asesinadas entre cinco y veinte personas en un solo hecho de sangre.

La palabra masacre define un acto premeditado para asesinar a varias personas, el periódico Reforma únicamente consideró en aquel momento, los hechos delictivos donde fueron abatidas cinco o más personas; en el semanario ZETA, de donde provienen las cifras inicialmente expuestas en esta columna, se considera masacre cuando se trata de hechos de violencia en los que se ejecuta a tres o más personas.

En el 2021, fueron contabilizadas 326 masacres en México, mientras que, del 1 de enero de este 2022 al 23 de mayo, se registraron 86. La mayoría de estos actos de violencia extrema tienen origen en el narcotráfico y el crimen organizado, en los enfrentamientos entre las diferentes células delincuenciales de los cárteles de la droga, o entre estas mismas entidades delictivas.

Este fenómeno criminal ha llegado a tal nivel de violencia, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por más que lo intente eliminar o minimizar de su narrativa diaria, en por lo menos dos ocasiones ha debido abordarlo. Marzo de 2022 fue un mes en que el tema de las masacres no pudo ser evadido en Palacio Nacional, menos cuando dos actos sangrientos ocurrieron en Michoacán.

El 1 de marzo se informó en medios locales y nacionales, de la masacre en San José de Gracia, Michoacán, con el “fusilamiento” de 17 personas, cuyos verdugos desaparecieron los cuerpos, pero no la evidencia de la violencia. Particularmente trascendió un video donde se aprecia cómo las personas fueron dispuestas en una pared y frente a ellos un grupo armado. Los 17 eran dolientes que acudieron a un velorio de un familiar de un lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación, que cuando se alertó sobre su presencia, el “jefe de la plaza”, del mismo CJNG, ordenó que fuesen asesinados.

Poco más de 20 días después, también en Michoacán, en la localidad de Las Tinajas, hombres armados irrumpieron en una celebración donde se llevaban a cabo peleas de gallos, y abrieron fuego contra los presentes. Asesinaron en el acto a 20 personas, tres mujeres, diecisiete hombres. Una vez más el hecho delictivo fue atribuido a una vendetta entre cárteles de la droga.

Pero en esta ocasión, finalmente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema, “fue una masacre -dijo utilizando el término que le ha provocado risa en el pasado- de un grupo contra otro en un palenque clandestino donde estaban; llegaron y ahí balacearon a los asistentes, que hubo, desgraciadamente, muchos muertos”.

Sin embargo, no ha habido un compromiso, o una política pública, por parte del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para ya no digamos acabar, sino contener este tipo de hechos violentos. Ni una estrategia por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, ni operativos por parte de la Fiscalía General de la República.

De hecho, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha convertido en una instancia que se concentra en llevar la estadística de la inseguridad, basada normalmente en los “otros datos”, que en una entidad preventiva de la inseguridad como solía ser en administraciones anteriores, mientras la FGR, está más enfocada en los casos políticos o con tintes personales del Fiscal General, que en combatir la inseguridad.

México ya era el país de los más de 100 mil ejecutados en la administración de López Obrador, y se convirtió en el país de los cien mil desaparecidos recientemente, y en uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo, y ahora en el de las masacres.

Hechos de terror de parte de la criminalidad organizada y el narcotráfico, que generalmente, permanecen en la impunidad, puesto que, identificados los cárteles, ubicados los participantes de los crímenes, ni los primeros están desmantelados, ni los segundos son procesados.

Las masacres, más allá de la risa que puedan provocar en el mandatario nacional, son hechos de violencia que, como los asesinatos, las desapariciones, o las extorsiones, vulneran a la sociedad, y en las cuales se deberían aplicar, no digamos los abrazos, ni siquiera los balazos, sino investigación, inteligencia y Estado de Derecho. Pero no, lo que impera, es la impunidad.

Adela Navarro Bello

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