Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).— La falta de justicia ante ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas en Guerrero se debe principalmente a que el sistema de justicia ha sido influenciado por un Poder Ejecutivo “autoritario” y sin contrapesos y a que la policía, encargada de investigar y perseguir los delitos, está “profundamente implicada en la perpetración de atrocidades”.

A esa conclusión llegaron los investigadores nacionales e internacionales de la Open Society Justice Initiative, parte de la Open Society Foundations, en su informe Justicia fallida en el estado de Guerrero, elaborado conjuntamente con los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan y presentado este martes.

El documento -resultado de más de dos años de investigación- cuestiona la falta de justicia frente a los mencionados delitos, que califica como “atrocidades”, en una entidad que figura entre las de mayores tasas de homicidios, con 19 mil 434 asesinatos entre 2005 y 2014 y en la que en septiembre pasado fueron desaparecidos forzadamente 43 normalistas en un mismo evento.

Al señalar como principal causa de estas “atrocidades” un asunto político, la Justice Initiative se refiere no sólo al autoritarismo del poder ejecutivo, sino también a que la investigación de los delitos está en manos de una policía penetrada por la criminalidad y una procuraduría que actúa como “un mero apéndice del poder ejecutivo […] más interesada en ignorar las denuncias de atrocidades que en investigarlas”, y que el Congreso estatal omite actuar como contrapeso del poder ejecutivo.

Pero apunta que a esa causa política se suman otras deficiencias y limitaciones, como la falta de preparación de la policía para investigar y perseguir los delitos y un marco legal insuficiente (específicamente para casos de tortura).

En ese contexto, concluye, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el subsecuente mal manejo de la investigación del hecho no resulta sorpresiva. Por el contrario, lo que ocurrió ese día puso de manifiesto el clima de violencia arraigado en Guerrero, y las “fallidas” investigaciones posteriores se ajustan a los patrones, prácticas e incentivos establecidos desde tiempo atrás en la entidad y reflejan el “fracaso” de las autoridades estatales para reaccionar de forma creíble y eficiente al caso.

Y no sólo las autoridades estatales. “Con múltiples deficiencias para la investigación de atrocidades en su propio sistema de justicia, el Gobierno federal también ha fracasado en actuar como mecanismo de control eficaz en la espiral de violencia e impunidad que prevalece en el estado”, señala el documento.

Para los investigadores de la Justice Initiative, en parte el caso de los normalistas de Ayotzinapa trascendió porque desmintió tajantemente la narrativa que el gobierno había tratado de sostener de que las víctimas de la violencia eran delincuentes y significaban una señal de éxito de la estrategia implementada por Felipe Calderón. Por el contrario, apuntaron, ese caso sólo reflejó una situación generalizada de “pervertidas prácticas que resultan del tráfico de drogas, la militarización, la pobreza, la ilegalidad y la corrupción en Guerrero”.

En una entrevista con la agencia de noticias Efe, el director ejecutivo de Iniciativa de Justicia de la Fundación la Sociedad Abierta, James Goldston, dijo que el estado de Guerrero es “un ejemplo extremo de las fallas del sistema de justicia” en México y que como resultado de la violencia masiva e impunidad que está experimentando “el pueblo no tiene fe en el sistema de justicia”.

GUERRERO, DONDE LA JUSTICIA HA FALLADO

La investigación de la Justice Initiative comenzó desde 2012, con la intención de indagar las “atrocidades” cometidas desde 2006 cuando el gobierno federal desplegó a las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia organizada.

Aunque seleccionó cinco estados para su investigación (Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Guerrero), fue en éste último donde identificó “mayores retos políticos y estructurales para investigar, perseguir, sancionar y reparar casos de atrocidades y violaciones masivas de derechos humanos”, así como una de las tasas más altas de homicidios en el país y una impunidad generalizada para resolverlos.

No obstante, en las cifras también hay deficiencias, de acuerdo con el documento.

El informe refiere que la Fiscalía General del Estado de Guerrero reportó 19 mil 434 homicidios entre 2005 y 2014, pero la existencia de fosas comunes y clandestinas no investigadas, muchas de ellas descubiertas tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, “sugieren firmemente que el número real de homicidios es mucho más alto”.

Además, de los delitos reportados no todos son investigados y mucho menos sancionados. Por ejemplo, de 2005 a abril de 2015 la Fiscalía inició 7 mil 965 averiguaciones previas por homicidio doloso, pero sólo hubo mil 601 acusaciones formales (es decir 20 por ciento de las averiguaciones) y apenas 764 sentencias condenatorias (9.6 por ciento de las averiguaciones previas).

Lo mismo ocurre con las desapariciones forzadas y los casos de tortura. A pesar de que existen 134 casos de desaparición forzada o involuntaria de 1990 a 2014, nunca se han presentado cargos contra alguien por ese delito. En los casos de tortura, la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero documentó 54 casos de 1994 a 2014, pero tampoco existe una sola orden de aprehensión, mucho menos una consignación.

El informe también señala que la policía es usada para intimidar y reprimir oponentes políticos o para reaccionar a los delitos mediante el uso de la fuerza, y que hay “fuertes indicios” de la infiltración de la delincuencia organizada en algunas instituciones estatales, incluida la policía.

Asimismo, expone, las familias de élite mantienen el poder y control de las instituciones públicas, por lo que éstas han abandonado a la población rural, indígena y pobre del estado. Ello a su vez ha facilitado el reclutamiento de los cárteles y abonado al descontento popular.

A eso se le suma una falta de control de los funcionarios encargados de investigar los delitos, porque las instancias que deben hacer cumplir la ley son dependientes del poder ejecutivo, el cual “ejerce un autoritarismo acompañado de clientelismo, nepotismo y corrupción descarados”.

Completa ese poco alentador cuadro la percepción de que el poder judicial es “un premio otorgado al mejor postor”, mientras que el Congreso local no actúa como contrapeso del poder ejecutivo, no cuestiona las acciones “sospechosas o absolutamente ilegales” que han afectado al sistema de justicia, y tampoco rectifica las deficiencias del marco jurídico, en especial respecto a la tortura.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

El informe de la Justice Initiative no únicamente ofrece una radiografía de las fallas en el sistema de justicia en Guerrero, sino que hace una serie de recomendaciones al futuro Gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al nuevo Congreso estatal, que entrará en funciones el 13 de septiembre.

Las propuestas se agrupan en cinco áreas fundamentales de actuación para revertir la fallida situación que prevalece en la entidad: fortalecimiento de la rendición de cuentas y mecanismos de control del sistema de justicia; fortalecimiento del marco legal referente a los delitos de tortura y desaparición forzada; fortalecimiento de la seguridad; creación de equipos integrales y multidisciplinarios para la investigación de desapariciones; y la localización, exhumación e investigación de las fosas clandestinas y comunes localizadas en Guerrero.