El 13 de mayo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Economía a revisar la política de compras de gobierno a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), con el fin de darles mayor promoción como proveedoras de empleo y cumplir con tres de sus 266 compromisos firmados en campaña. Cuando faltan 91 días para terminar su sexenio y pese a que en el papel sólo falta por cumplir su compromiso número 67 en este ámbito, los recursos que destinó el Gobierno federal para el fortalecimiento de las MiPymes fueron mermando año con año al caer hasta en casi un 50 por ciento en órganos como el Instituto Nacional del Emprendedor y el Fondo Nacional del Emprendedor.

Alejando Salcedo, presidente nacional de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios, calcula que durante este sexenio se han cerrado más de 350 mil micro y pequeñas empresas por falta de créditos, apoyos de programas públicos, la sobrerregulación en la apertura de negocios y el tema de la inseguridad.

Pese a que las micro, pequeñas y medianas empresas aportan el 42 por ciento del PIB y generan el 73 por ciento de los empleos del país, este sector no puede acceder a los contratos del Gobierno debido a los requisitos que tienen que presentar y que sólo los grandes conglomerados del país cumplen, así lo denunciaron a SinEmbargo. 

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– En 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó a las dependencias del Gobierno federal a implementar cinco medidas para facilitar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en las compras de la administración pública federal, todo con la finalidad de cumplir con tres de sus 266 compromisos firmados en campaña.

Cuando faltan 90 días para terminar su sexenio, una de sus tres promesas hechas a los pequeños empresarios falta por saldar: crear un fondo de mil millones de pesos anuales, con créditos blandos y programas de apoyo concurrentes que permitan a las MiPymes incorporar Tecnologías de la Información y Comunicaciones en sus procesos.

Al inicio de su mandato, Peña Nieto firmó ante Notario Público 266 compromisos de campaña para darles cabalidad durante su Gobierno, de ellos, tres tenían como objetivo el impulso de las MiPymes:

–Compromiso 5: Créditos de la Banca de Desarrollo para mujeres emprendedoras.

–Compromiso 28: Crear el Instituto Nacional del Emprendedor para el Crédito, Formación y Capacitación de los Emprendedores.

–Compromiso 67: Crear un fondo de 1,000 millones de pesos anuales, con créditos blandos y programas de apoyo concurrentes que permitan a las MiPymes incorporar Tecnologías de la Información y Comunicaciones en sus procesos.

A pesar de que en el papel sólo falta por cumplir su compromiso número 67 en este ámbito, los recursos que destinó el Gobierno federal para el fortalecimiento de las Mipymes fueron mermando año con año al caer hasta en un 50 por ciento.

Por ejemplo, los recursos que se destinaron al Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía (SE) creado el 14 de enero de 2013 por decreto presidencial, disminuyeron en 46.53 por ciento de 2013 a 2018. Lo mismo ocurrió con el presupuesto del Fondo Nacional del Emprendedor (FNE), cuyo montó cayó en 44.61 por ciento en el mismo periodo.

El Inadem, que es dirigido desde mayo de 2017 por Alejandro Delgado Ayala –luego de que Enrique Jacob Rocha dejó el cargo para unirse a la campaña electoral de Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador del Estado de México–, tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional.

Desde su creación, en el año 2013, sólo dos veces ha visto aumentar sus recursos. En 2014, el Inadem recibió 10 mil 200 millones de pesos para su ejercicio, mayor a lo aprobado un año anterior cuando fue de 7 mil 738 millones de pesos.

Para los años 2015 y 2016 la cifra disminuyó en 9 mil 188 millones y 8 mil 112 millones de pesos, respectivamente. Pero en 2017 su presupuesto se redujo a la mitad: 4 mil 116 millones de pesos.

Aunque en este 2018 su presupuesto aumentó, no logró alcanzar la cifra con la que arrancó el sexenio, sólo se le destinaron 4 mil 137 millones de pesos.

El mismo caso se registra con el presupuesto del Fondo Nacional del Emprendedor, cuyo objetivo es incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a la productividad e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores estratégicos.

En 2013 recibió recursos por 7 mil 113.95 millones de pesos, mismos que aumentaron a 10 mil 245.24 millones de pesos en 2014.

Para 2015, la cifra bajó a 7 mil 369.36 millones de pesos y subió ligeramente a 7 mil 861 millones de pesos el año siguiente.

En 2017 y este 2018, los recursos disminuyeron a la mitad: 3 mil 760.75 millones de pesos y 3 mil 940 millones de pesos, respectivamente.

EMPRESARIOS SIN APOYOS

De acuerdo con los expertos, el obstáculo más importante que enfrentan las MiPymes en México es crecer tanto en el aspecto económico como en el número de sus trabajadores, para que no sólo empleen a la familia.

“El obstáculo más importante (de las MiPymes) es crecer, y por crecer no sólo me refiero a aumentar las ventas y utilidades, también a aumentar el número de trabajadores afuera del círculo familiar. El problema de las pequeñas y medianas empresas, y Santiago Levy lo pone muy bien en su nuevo libro, es que tienen restricciones importantes para crecer, son empresas que están diseñadas para mantenerse chicas todo el tiempo y eso tiene sus efectos en el desarrollo”, explicó a Manuel J. Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en entrevista con SinEmbargo.

Santiago Levy, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), menciona en su libro “Esfuerzos mal recompensados: La elusiva búsqueda de la prosperidad en México”, que la mala asignación de los recursos del Gobierno que impactan negativamente en las empresas y trabajadores.

En el libro, que es un análisis inédito de data sobre millones de empresas extraído de los censos de las últimas dos décadas, el autor argumenta que “cuando hay mala asignación, las empresas improductivas sobreviven y las productivas mueren o no crecen”.

A pesar de muchas reformas, las empresas informales han crecido más que las formales, capturando una proporción mayor de la inversión y del empleo, precisó Santiago Levy en su libro.

Para Manuel J. Molano, quien ha realizado investigaciones sobre competitividad, mercado laboral, inversión y pequeñas empresas, el Gobierno no sólo debe a apoyar a las MiPymes con capital financiero, es más importante capacitarlos para conectarlos con la productividad de las grandes empresas.

“Buena parte del problema del pequeño empresario mexicano es que no está capacitado para ser empresario, es empresario por necesidad, porque no hubo un empleo, pero se requiere capacidades para serlo y conexiones para formar parte de la red de proveduría de esas grandes empresas”, señaló.

TRABAS PARA CRÉDITOS DEL INADEM

Alejando Salcedo, presidente nacional de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme), calcula que durante este sexenio se han cerrado más de 350 mil micro y pequeñas empresas por falta de créditos, de apoyos de programas públicos, por la sobrerregulación que existe en la apertura de negocios y por el tema de la inseguridad con el cobro y derecho de piso.

“En este sexenio las micro, pequeñas y medianas empresas tuvimos muchos problemas. Hubo cierre de negocios por la cuestión económica, la inseguridad y por falta de créditos y de apoyos reales. Nosotros calculamos que durante todo este sexenio cerraron más de 350 mil pequeños negocios y eso dejó un déficit de más de un millón de empleos directos”, destacó Salcedo.

Sobre los apoyos del Gobierno federal por parte del Inadem, el empresario denunció que el Instituto sólo se creó para beneficiar a un pequeño grupo de empresas, y que la mayoría de los recursos se canalizaron más en las medianas empresas, en lugar de las micro y pequeñas.

“Nosotros estuvimos en esa transición de lo que fue el Fondo Pyme a lo del fondo del Inadem, y tuvimos malas experiencias. Por ejemplo, durante los sexenios panistas nos aprobaron más de 75 proyectos con un recurso superior a los 27 millones de pesos, pero en este sexenio no obtuvimos ninguno”, expuso.

Realmente fue un programa que hizo el Presidente Peña Nieto sólo para beneficiar a sus cuates empresarios, dijo Salcedo, “su comité de evaluación, que iba a evaluar con cierto puntaje cada una de las líneas de acción que llevaba cada proyecto que se aprobaba, hizo inviable que las Pymes tuvieran acceso a los fondos”.

Alejando Salcedo, presidente nacional de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios, estima que durante el sexenio de Peña Nieto erraron más de 350 mil pequeños negocios y eso dejó un déficit de más de un millón de empleos directos. Foto: Cuartoscuro

Explicó que desde el 2014 la Alampyme le solicitó al Instituto Nacional del Emprendedor información sobre el número de pequeñas y medianas empresas beneficiadas por los apoyos del programa dirigido a este sector, pero hasta la fecha no les han otorgado esos datos.

“Eso nos da a entender que realmente fue nulo el apoyo y la aportación a este sector, en programas de apoyo a empresas para infraestructura y desarrollo como los clúster, fueron beneficiadas las grandes empresas como Bimbo, Cemex, General Motors”, puntualizó.

Alejandro Salcedo explicó que a General Motors de Silao le otorgaron 400 millones de pesos del fondo bajo el argumento de que era un clúster de 70 pequeñas y medianas empresas. “Es algo ilógico porque esas empresas no son nacionales, son transnacionales”, detalló.

Los microempresarios coinciden en que las reglas de operación de los programas federales están diseñadas para desalentar las solicitudes.

“El Gobierno federal crea programas que al final terminan siendo instrumentos políticos. Nosotros no hemos participado para obtener licitaciones, pero sí para apoyos del Gobierno, los cuales son difíciles de conseguir y necesitas casi casi padrinos para obtenerlos”, señaló Alfredo Neme Martínez, presidente del Consejo Nacional de la Alimentación A.C, y empresario inmobiliario y de centrales de abasto.

Por ejemplo, dijo, “cuando lanzamos el programa para centrales de abasto y logística, obvio la logística se llevó todo el dinero porque son empresas que están más estructuradas que los comerciantes de abastos, y para presentar un proyecto es complicado”.

En la imagen: Alejandro Delgado Ayala, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem). Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.

Neme Martínez, quien también fue presidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (CONACA), dijo que esa organización participó en seis o siete convocatorias para obtener apoyos del Gobierno durante este sexenio, y sólo obtuvieron uno, que fue un estudio para un mercado de pescados y mariscos.

“En este sexenio hubo un retroceso para las Pymes, en el papel logramos avanzar en algunas leyes, donde inclusive los gremios participamos en la aseguración de nuevas políticas públicas, pero en la realidad es que no nos tomaron en cuenta para nada”, lamentó el también ex presidente de La Federación Latinoamericana de Mercados Mayoristas.

A pesar de que se habló de la lucha contra el hambre para erradicar la pobreza, dijo Alfredo Neme. “Nosotros nunca logramos participar a pesar de que dimos muchas propuestas a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Teníamos proyectos para poder entregar papa y nopales a todos los CEDIS de Diconsa y Liconsa a un costo de ocho pesos. Nunca lo logramos concretar porque el Gobierno utilizó el dinero para otra cosa”.

Para el empresario, mientras no se involucren a las Pymes seguirá pasando lo mismo. “Hay programas donde no se nos toma en cuenta. Ojalá que los tortilleros, panaderos, dueños de tienditas podamos participar en las políticas públicas, creo que todo sería diferente”.

La falta de difusión de los apoyos que otorga el Gobierno federal a los microempresarios, a través del Inadem, provoca que algunos de ellos desconozcan que existen programas a los que pueden acceder.

“No tengo la menor idea de que sea el Inadem”, reconoció José Alcaraz Álvarez, empresario dueño de GSE Global Solutions & Exports y miembro de Alampyme, “hay muy poca difusión, siempre se manejan de manera discrecional estos programas. Como empresario me gustaría conocer incentivos fiscales o financieros que nos permitan un mayor crecimiento”.

Para Alcaraz Álvarez, los mayores obstáculos que enfrentan las Mipymes en México es la corrupción y la burocracia en los distintos trámites que tienen que realizar las empresas para cumplir con la normatividad, por ejemplo, en el caso de las importaciones y exportaciones.

LICITACIONES SÓLO PARA LAS GRANDES EMPRESAS

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, en México hay más de 4.2 millones de microempresas que aportan 41.8 por ciento del empleo total. Las pequeñas suman 174 mil 800 y representan 15.3 por ciento de empleabilidad; por su parte, las medianas llegan a 34 mil 960 y generan 15.9 por ciento del empleo.

A pesar de que las micro, pequeñas y medianas empresas aportan el 42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 73 por ciento de los empleos del país, este sector no puede acceder a los contratos otorgados por el Gobierno debido a los requisitos que tienen que presentar y que sólo los grandes conglomerados del país cumplen.

En este año electoral, la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios, que integra a más de 16 mil micro y pequeños empresarios del país, denunció la corrupción entre los gobiernos y las grandes empresas.

“En este sexenio sólo se benefició a las grandes empresas, a las familias que siempre han ostentado el poder económico del país, nosotros como pequeños y medianos empresarios no tuvimos gran apoyo”, dijo el empresario Alcaraz Álvarez.

Dijo que su empresa Global Solutions & Exports ha impugnado algunos procesos de licitaciones donde hubo presumibles actos de corrupción y los ha ganado, por ello, mantiene contratos con el Gobierno federal.

“Todas las empresas que participamos en concursos para licitaciones nos enfrentamos al procedimiento de la burocracia y a la corrupción”, dijo Alacaraz, y precisó que aunque las licitaciones están abiertas a todas las compañías, para una Pyme es más difícil cumplir con los trámites.

“Los servidores públicos transmiten información a las grandes empresas de manera ilegal. Hace falta proyectos que incuben empresas y una capacitación para poder participar en las licitaciones públicas”, refirió.

La Alampyme coincidió en que en este sexenio la participación de las Pymes en los contratos del Gobierno fue escasa o casi nula.
“Se dijo que en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 iban a generarse compras de Gobierno para las micro, pequeñas y medianas empresas, pero nunca se tuvo ese acceso. Si algunos pudieron venderle al gobierno fue el 0.01 por ciento”, mencionó Alejandro Salcedo.

El presidente de Alampyme contó que en alguna ocasión en el Estado de México les dijeron que había temas de cambio de Gobierno que ya se tenían comprometidos con ciertos sectores empresariales, “eso explica cómo las grandes inversiones de infraestructura ya se tienen negociadas”.

A pesar de los obstáculos que los microempresarios tuvieron en este sexenio, son optimistas con el cambio del nuevo Gobierno.

“Tenemos propuestas para el siguiente Gobierno para cómo modificar la parte tributaria para las Pymes. Debemos tener realmente una banca de desarrollo porque Nafin solamente es una banca de desarrollo para algunos cuantos y que cualquier cosa nos canalizan al primer piso, a la banca comercial. Nos piden estar en números negros con utilidades de más de un año y medio y se hace inviable el tema de créditos”, enfatizó el empresario.

Actualmente, enumeró, “las micro, pequeñas y medianas empresas presentamos una alta regulación en procesos administrativos; tenemos un alto índice de incremento fiscal, un elevado alto pago de impuestos; una regulación en el tema del Infonavit, somos rehenes del alto costo en el atraso de pagos del Infonavit y del Seguro Social, no podemos retrasarnos un día porque ya tenemos 40 por ciento de multas sobre capital y si tú no pagas en 15 días ya tienes embargo”.

Los empresarios coinciden en que si se destinara un 20 por ciento de las compras del Gobierno a la planta productiva local, “tendríamos una reactivación muy importante, eso es parte de los que estamos proponiendo para el próximo Presidente, Andrés Manuel López Obrador”.