La mayoría de los integrantes de estas caravanas son haitianos, quienes tiene meses estando en México, razón por la que también protestaron en Tapachula. Acusan de lentitud en la resolución de sus solicitudes de asilo.
Tapachula, Chiapas, 1 de septiembre (AP).- Un nuevo grupo de migrantes partió el miércoles de la ciudad de Tapachula hacia el norte de México a pesar de que continúan los operativos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) para que no avancen más de 100 kilómetros.
El grupo, formado por unas 200 personas entre las que hay niños, dejó la ciudad ubicada cerca de la frontera con Guatemala, aunque todo apuntaba a que la reacción del Gobierno sería la misma.
En los días previos, las fuerzas federales han dejado caminar varias horas a los migrantes o incluso todo el día y han aprovechado su cansancio o la lluvia para dispersarles, generalmente con equipos antidisturbios y, en algunas ocasiones, con uso excesivo de la fuerza.
El Gobierno insiste en que la golpiza ocurrida el sábado ante las cámaras de varios medios de comunicación y por la que fueron suspendidos dos agentes del INM fue un hecho aislado.
“No se han violado los derechos humanos de migrantes”, aseguró el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador el miércoles durante su informe del tercer año de Gobierno.
“El caso excepcional de hace unos días, en que dos funcionarios de migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió y fueron dados de baja y puestos a disposición del Órgano Interno de Control correspondiente”, agregó.
No obstante los operativos de contención continúan. La misma madrugada del miércoles, horas antes de que saliera el nuevo grupo de Tapachula y del discurso del mandatario, un centenar de personas que ya habían caminado 100 kilómetros hacia el norte y se encontraban en la localidad de Mapastepec fueron sorprendidas por la Guardia Nacional y agentes migratorios mientras descansaban y se guarecían de la lluvia.
Algunas corrieron a esconderse con niños en sus brazos mientras otras eran detenidas y subidas a camionetas, y otras más se enfrentaron con las fuerzas de seguridad y fueron sometidas e inmovilizadas.
El INM no ha informado cuántas personas han sido detenidas ni cuál ha sido su destino, pero Enrique Vidal Olascoaga, del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano —formado por varias organizaciones no gubernamentales —, le dijo a la AP que algunas fueron llevadas a Tapachula y las dejaron en la calle en plena madrugada, y otras fueron abandonadas en dos puntos de la frontera con Guatemala. Uno de ellos, La Mesilla, se encuentra a más de cuatro horas en coche.
“Lo que hacen es botarnos en la frontera de México con Guatemala”, comentaba resignado el nicaragüense Mariano García Flores, que en el operativo perdió de vista a su hermano y a su sobrino.
En un comunicado el martes por la noche, el INM se limitó a indicar que estaba revisando el estatus migratorio de quienes fueron objeto de los operativos “de control y verificación”, en los que aseguró que no hubo separación de familias.
“A mi esposo y mis dos hijos se los llevaron; no quiero seguir sola”, dijo Araceli Gámez, una mujer hondureña que se encontraba en Mapastepec y que estaba dispuesta a entregarse a las autoridades de migración.
La mayoría de los integrantes de estas caravanas, mucho más pequeñas que las multitudinarias que tuvieron lugar en años pasados y que partieron de Centroamérica, son haitianos —aunque también hay cubanos y centroamericanos— que llevan meses en México y que optaron por salir de Tapachula en protesta por la lentitud en la resolución de sus solicitudes de asilo.
Pero la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) está desbordada, ya que en los siete primeros meses del año ha recibido más de 77 mil solicitudes, más que en todo 2019, y unas 55 mil sólo en Tapachula.
Además, la oficina está más saturada de trabajo, que también ha sido escenario de las protestas de los migrantes, porque con la pandemia se suspendieron los plazos obligatorios para dar respuesta a las peticiones y hay personas que llevan más de un año esperando.
Muchas de estas personas malviven en condiciones insalubres en una ciudad que tiene los albergues saturados —la mayoría gestionados por la sociedad civil_, y donde no tienen posibilidad de trabajar, lo que los hace más vulnerables.
El Gobierno mexicano ha insistido en que seguirá con su política de contención de los inmigrantes. El Secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, enfatizó el viernes que el objetivo “principal” del operativo del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional es “detener toda la migración” y “cubrir la frontera norte, la frontera sur con efectivos”.
No obstante, el miércoles el INM informó en un comunicado que busca “sumar esfuerzos” con agencias de la ONU y la Iglesia católica —que han sido muy críticos con su actuación estos días— “a fin de instalar un campamento humanitario en el estado de Chiapas, donde se brinde atención a la población migrante de origen haitiano”. Según la nota, también se inició un proceso de diálogo “con el propósito de favorecer a dichas personas (con) una vida digna”.
