Aunque hay 12 entidades que ya cuentan con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM) los feminicidios, la trata y las desapariciones de mujeres continúan en ascenso. ¿Es la alerta la que no funciona, o son los funcionarios corruptos que no cumplen los protocolos? Se preguntan las organizaciones civiles que han luchando durante años por las alertas y por evidenciar la violencia feminicida en el país.

Los ministerios públicos, los policías, los procuradores y los jueces que no están haciendo su trabajo por “omisión o colusión” con los feminicidas tienen nombre y apellido y deben ser denunciados a partir de ya por todas las organizaciones que trabajan en el tema, pide María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios (OCNF), en entrevista con SinEmbargo.

Organizaciones del Estado de México, Morelos y Puebla coinciden en que hace falta articularse y buscar que la presión hacia el Estado mexicano y los gobiernos sea más contundente.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Las organizaciones que luchan en distintos estados del país por poner un freno a la violencia de género a través de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) deben denunciar con nombre y apellido a los policías, ministerios públicos, procuradores y jueces que encubran por omisión o colusión a los feminicidas, tratantes y abusadores de mujeres, dijo María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos  (CNDH) presentó un diagnóstico sobre el funcionamiento de la Alerta en las entidades en donde ya se implementa como en el Estado de México y Morelos, y concluyera que se debe revisar y replantear el mecanismo, pues los resultados “no son los deseables”, la activista destacó que la alerta ha fallado porque el sistema de justicia en México está plagado de funcionarios corruptos que no hacen las diligencias ni las investigaciones como ya está previsto en el protocolo del mecanismo.

“Yo llamo a las organizaciones a que den nombres, a decir policías, ministerios públicos tienen nombre. Si no empezamos a sancionar a los responsables que están poniendo en riesgo a las mujeres por omisión, colusión, negligencia, no lo vamos a lograr, es la única manera, porque si no, no les pasa nada. Al Ministerio Público, al Fiscal corrupto los ascienden a subprocuradores. ¿De qué sirve ir a protestar, si no logramos nada? Se debe sancionar a las autoridades responsables, porque al final no les pasa nada”, dijo Estrada.

Los feminicidios van a la alza en todo el país. La desaparición de jóvenes y niñas. La trata de personas; sin embargo, en las entidades donde ya hay una alerta de género de acuerdo con los datos, el problema no ha disminuido.

Actualmente existen 28 procedimientos de Alerta de Violencia de Género: en 12 entidades ya fue declarada por violencia feminicida; en nueve hay un proceso de solicitud; mientras que en siete no se emitió el mecanismo. El Diagnóstico que realizó la CNDH como parte del grupo de trabajo que da seguimiento a la alerta destacó que las dinámicas operativas le restan eficacia y eficiencia a la implementación de la alerta.

En el Estado de México de acuerdo con el documento de la CNDH, el Consejo Nacional de Procuración de Justicia Estatal no registra información sobre averiguaciones previas iniciadas por los delitos de feminicidio y homicidio.

“No se  cuenta  con  registros  sobre  causas  penales  ingresadas  por  el  delito de  feminicidio  en  procesos abiertos.  Con relación a las averiguaciones previas y procesos abiertos por los delitos de homicidio y feminicidio, se  aprecia  un  descenso  considerable  en  las  causas  penales  ingresadas  por  homicidios  en  procesos  abiertos, sin embargo, sigue sin presentarse información sobre feminicidio”, dice el diagnóstico.

Xóchitl Arzola Vargas, de la organización Mujeres en Cadena del Estado de México, dijo a SinEmbargo que hay muchas recomendaciones al Estado mexicano de instancias internacionales, pero ninguna se aplica.

“En el tema de las organizaciones civiles nos ha faltado un poco la relación para poder presionar de mejor manera al Gobierno federal, y a los locales, para emprender acciones reales para acabar con la violencia feminicida en el país. Muchas de las organizaciones las han estado infiltrando, han empezado algunas y algunos a quererse apropiar del tema, a querer ser los únicos en tener voz, pese a que muchos coincidimos en poner un freno a la violencia de género. No termina de cuajar porque al final la parte humana nos toca y empieza esta cuestión que no permite llegar más allá”, explicó.

ALERTA DE GÉNERO Y PROTOCOLOS

La activista dudó de la alerta porque no funciona. En el Estado de México luego de dos años de su emisión, los feminicidios son más y más terribles en saña.

“Ya se empieza a reproducir en otros estados, pero el mismo esquema. Hemos visto que no sólo la violencia en estos estados aumenta, sino que hay nuevos municipios y estados que se han estado sumando. Se debe replantear el modelo que no está sirviendo. Se requiere una gran reforma de Estado en donde se involucre el Gobierno, la sociedad civil, los organismos autónomos para que juntos podamos combatir este problema”, dijo.

Pero para María de la Luz Estrada la alerta de género es una herramienta que sirve para evidenciar lo que está sucediendo en cada una de las entidades. Una alerta nacional por ejemplo, sólo invisivilizará la problemática de cada estado.

“Yo creo que el esfuerzo de muchas de las alertas es evidenciar lo que está pasando. En la Ciudad de México hemos hecho énfasis en investigación criminal. Estamos teniendo un tema muy delicado de trata, de feminicidios, una situación  muy delicada de negligencia y colusión para no investigar y dejar los casos. Se tiene que focalizar el problema y las acciones para erradicarlo”, dijo.

Arzola Vargas ejemplificó en el Estado de México: la alerta no funciona porque no se aplica como indica el protocolo. Los ministerios públicos siguen esperando las 72 horas para iniciar la búsqueda.

“Esas 72 horas que son la muerte para una mujer. Hay municipios que en 20 minutos ya están en la Ciudad de México, en 40 minutos en Hidalgo y en unas cuantas horas en Guerrero y Michoacán y ya no sirve el protocolo”, explicó.

La CNDH es clara también en su planteamiento: la unidades de investigación con perspectiva de género “enfrentan problemas para su consolidación”; el tipo penal de feminicidio no se acredita ni se investiga.

José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, consideró que la alerta emitida en esa entidad ha representado un papel importante para que la sociedad tome conciencia sobre la problemática.

“Lo fundamental de la Alerta es tomar conciencia y motivar la respuesta organizada, pero no modifica las condiciones estructurales que genera la violencia feminicida. La alerta es una herramienta, pero no lo es todo. Hay que combinarla con otros puntos, con acciones concretas en términos legales y acciones políticas de fondo que permitan ir a la raíz de este tipo de violencia”, argumentó.

ORGANIZACIONES DEBEN ARTICULARSE

La semana pasada la CNDH solicitó emitir una declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Puebla, pues en lo que va del año suman 83 los feminicidios en esa entidad.

El tema no es nuevo para Puebla: la entidad ya solicitó la alerta desde 2016 y el proceso continúa explicó Mariel Guzmán Cortés, del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).

“El primer proceso para emitir la Alerta de Género en Puebla no está cerrado, se dio un nuevo paquete de recomendaciones que constaba de ocho; están en un  periodo de seis meses para cumplir con las nuevas recomendaciones”, dijo.

Del diagnóstico de la CNDH lo que destaca para las organizaciones locales es que aunque se han incrementado los homicidios de mujeres en la entidad, las investigaciones por feminicidio han disminuido.

Guzmán Cortés también destaca la necesidad de buscar sanciones para los funcionarios públicos que no están investigando adecuadamente los casos.

“Algo importante, que también destaca el diagnóstico, es que no hay sanciones para los servidores públicos. Está poniendo el dedo en la llaga en donde se deben ver reflejados los cambios de manera estructural. Cómo se están llevando a cabo las investigaciones, hay un incremento de homicidios de mujeres, pero no hay investigación al respecto”, dijo.

La activista destacó que se necesita voluntad política para combatir la violencia en contra de la mujer en todas sus expresiones. Del lado de las organizaciones, la sociedad civil debe intentar articularse, pues aunque a nivel local los activistas se reúnen, a nivel nacional no hay una cohesión real entre todos.

“Sí hay reuniones, conversatorios, pero no hay una instancia a nivel nacional que nos convoque a todos. Estamos muy inmersos en la dinámica estatal y la cuestión es que deben unirse las organizaciones con la academia, institutos para articular acciones contundentes”, explicó.