Enrique Peña Nieto, el todavía Presidente de México, ha engañado con la verdad.

En diciembre de 2014 su Gobierno de la República y el Poder Legislativo a su servicio modificaron la Ley y crearon la Fiscalía General de la República, al menos en papel y en discurso, una institución con autonomía y poder de investigación que sucedería a la Procuraduría General de la República, tan anquilosada, corrupta e ineficaz, particularmente en la lucha contra el crimen organizado-en todas sus variantes- y el combate a la corrupción.

Meses después, en mayo de 2015, la Cámara de Diputados publicó la Reforma Constitucional que habría de dar el banderazo a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Un año después, el mismo titular del Poder Ejecutivo y sus senadores comparsas, modificaron el 15 de junio de 2016 la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para institucionalizar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, una institución con “autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la Ley considera como delitos en materia de corrupción”.

El Presidente así “le dio” a la sociedad organizada los instrumentos que pide para combatir la corrupción, pero al mismo tiempo ha hecho con sus aliados incondicionales en las cámaras legislativas todo lo políticamente posible para que ese sistema no funcione.

A poco más de un año que concluya la administración de Peña Nieto, ni hay Fiscalía General, ni hay Fiscal Anticorrupción, y por tanto los delitos y sanciones por actos de corrupción contra servidores públicos y particulares producto de la reforma al Código Penal Federal no se pueden perseguir, porque no hay un Fiscal nombrado para ello (ese fue un transitorio).

De hecho estamos peor. No hay Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, al haber despedido el encargado de despacho de la PGR al titular de esa área, Santiago Nieto Castillo, el 20 de octubre, luego que éste diera a conocer que había recibido presiones por parte de uno de los imputados en el caso de los sobornos de la brasileña Odebrecht, pero además íntimo amigo y ex colaborador del Presidente, Emilio Lozoya Austin.

Sin Fiscal General, sin Fiscal Anticorrupción, sin Fiscal de Delitos Electorales, todo lo que queda es la PGR y la Secretaría de la Función Pública para investigar no sólo a Emilio Lozoya por las acusaciones que los ejecutivos de Odebrecht han hecho sobre su persona, proporcionando incluso tiempos, cuentas de banco, instituciones financieras y transferencias por más de 10 millones de dólares, sino los delitos que cometan el resto de los funcionarios en este el último año de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República.

Y bueno, estando la PGR en poder de Elías Beltrán, un ex colaborador de Raúl Cervantes, el ex Procurador, y cuya primera acción, por encima de dar a conocer alguna investigación exitosa contra alguno de los cárteles de México o sus capos, y de hecho antes de dar seguimiento a la indagación del caso Odebrecht que según Cervantes ya estaba en su etapa final, fue despedir al Fiscal que, precisamente, investigaba el caso.

De la Secretaría de la Función Pública, también en manos de una ex empleada de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, la segunda titular de la PGR en la administración peñanietista, y quien como Fiscal se distinguió por no concluir investigaciones, por no indagar a los de casa, y colgarse de las aprehensiones que sobre capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán hicieron las Fuerzas Armadas en colaboración con corporaciones antinarcóticos de los Estados Unidos, poco se puede esperar.

Es decir, Ni Beltrán ni Gómez gozan de autonomía como resultado de sus cargos de la Presidencia de la República, ambos responden al titular del Ejecutivo y no al compromiso de procurar justicia, combatir la corrupción y dar certeza jurídica para luchar contra la impunidad.

En estas condiciones, con un Instituto Nacional Electoral que en la revisión de gastos de campaña de 2012 no detectó los depósitos de compañías filiales de Odebrecht a la campaña del PRI, como lo demostró en una amplia y documentada pieza el organismo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y que es probable que inicie una investigación cinco años después tras la denuncia presentada por miembros del PRD, pues el panorama para la justicia no es el más alentador.

Lo que sí queda claro es que al Presidente eso del combate a la corrupción no es un compromiso propio, lo ha sido en materia de leyes, reglamentos y oratoria, pero no de activación del sistema para perseguir a varios miembros de su gabinete, empezando quizá por Lozoya, cuyos caminos llevan a Peña.

Después de haber denunciado públicamente la desaseada forma en que fue despedido, y de solicitar audiencia en el Senado de la República para presentar su caso, y haber pedido a los mismos senadores que en ellos estaba su reinstalación al frente de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo se retractó. Lo hizo siete días después de haber sido despedido, presionado y quién sabe qué tantas más acciones de represión política o personal en su contra.

El comportamiento de Nieto no fue ni errático, pasó de un extremo a otro. De ser un combatiente a favor de la democracia y contra la corrupción y la impunidad, de hacerse acompañar por actores sociales, políticos de oposición al PRI y sus aliados, y exigir lo que en derecho creía le correspondía, la titularidad de la FEPADE para continuar con la investigación de los sobornos a Lozoya, se convirtió en un personaje gris, que dejando colgado el acompañamiento que logró de la sociedad organizada, redactó una carta retirando su objeción al despido y su petición al Senado de analizar su caso para reinstalarlo.

Los senadores que alargaron la toma de la decisión en el Senado y aquellos que tomaron la Tribuna Legislativa, los primeros para que se consumara el despido de Santiago Nieto, los segundos para votar por una reinstalación, ahora no analizan nada. El Presidente de la República intentó deslindarse del despido diciendo que el caso estaba en la Cámara Alta, y del encargado de despacho de la PGR que corrió al Fiscal poco se sabe. Del caso Odebrecht, por supuesto, nada.

Las presiones sobre Nieto Castillo no se dudan, como tampoco que en base a ellas haya tomado la decisión de retirarse del pleito de su vida. Su conocida cercanía con Raúl Cervantes, el ex Procurador, habrá tenido algo que ver, sino su cantada enemistad con el Presidente al no subordinarse al despido.

Lo que este caso de corrupción, presión e impunidad le dice claramente a México es que en este país, y con esta Presidencia, los corruptos están a salvo, por encima de cualquier institución. Legislaciones van y vienen y los corruptos ahí permanecen. Justo ahí se ve la crisis de justicia que vive el País, donde su estructura investigadora carece de tres Fiscales esenciales para perseguir a los funcionarios que cobijados con el fuero y la complicidad de Peña Nieto transan con la seguridad del delincuente que sabe de antemano que podrá escabullirse entre los huecos de un Gobierno fallido.

 

 

 

 

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