Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– El Senador latino Ricardo Lara, del Distrito 33 de California, Estados Unidos, presentó este día una resolución en la que solicita a la Cámara Alta de California que se sume a las denuncias internaciones y condenen la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos desde el pasado 26 de septiembre.
La resolución es presentada este día en la Ciudad de Sacramento, California.
De acuerdo con el documento, el Senador considera que, luego de la conferencia de prensa donde el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam donde anunció que los jóvenes fueron ejecutados e incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes del cártel Guerreros Unidos, las manifestaciones a nivel mundial no han cesado.
El Senador demócrata nació en Los Ángeles y encabeza la bancada latina.
Afirma que a partir de esto, tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los parlamentos del Reino Unido y el Europeo así como la organización Human Rights Watch se han pronunciado a la condena por lo tanto:
“Se resuelve por el Senado del estado de California, que el Senado sume su voz a la de la comunidad internacional que condena la desaparición y muerte de los estudiantes universitarios de México como una violación a los derechos humanos; y asimismo ofrece todo el apoyo para todos aquellos que en México defiendan los derechos humanos en contra de la corrupción y la violencia”.
La resolución del legislador Lara dice que el Senado estadounidense debe urgir al gobierno de México para continuar con el diálogo con la comunidad internacional e incluso Estados Unidos para hablar con organizaciones defensoras de derechos humanos sobre una reforma en el tema.
Ricardo Lara, demócrata, también considera el hecho de que en México hay entre 25 mil y 26 mil desaparecidos desde 2006 y menciona que la mayoría de estos son personas vulnerables como migrantes, indígenas, mujeres y niños.
Menciona la declaración de José Manuel Vivanco, director de la división de América de Human Rights Watch, quien describió este hecho junto con la masacre en Tlatlaya en el Estado de México donde fueron ejecutadas 22 personas, como “las peores atrocidades que hemos visto en México en años”.
Ricardo Lara, es hijo de padres mexicanos nacidos en los estados de Sinaloa y Nayarit.
El 7 de noviembre, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch dijo que las desapariciones forzadas de 43 estudiantes en Iguala, estado de Guerrero, y el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, estado de México ” son las peores atrocidades que hemos visto en México en años, pero no se trata de incidentes aislados”.
“Por el contrario, estos homicidios y desapariciones forzadas reflejan un patrón más amplio de abusos y son en buena medida consecuencia del persistente fracaso de las autoridades mexicanas para abordar este problema”, abundó.
El gobierno mexicano debería llevar a cabo investigaciones exhaustivas de ambos episodios, pidió Human Rights Watch.
UN INSULTO A LAS FAMILIAS
El fin de semana, el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, fundado en 1968 en la memoria del ex Fiscal General de Estados Unidos, condenó “la decisión de las autoridades mexicanas de cerrar su investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes”, e instó a la Procuraduría General de la República (PGR) a “reabrir la investigación y enjuiciar y castigar a los responsables de estos actos atroces”.
El Centro Robert F. Kennedy es una de las más activas e influyentes organizaciones de defensa de las libertades civiles y los derechos del hombre en el mundo.
Kerry Kennedy, presidenta del Centro, declaró en un comunicado que “el gobierno ha fallado en investigar exhaustivamente estos crímenes horrendos, y está fallando en proteger a quienes acompañan a las víctimas”.
“Es un insulto a las familias de los desaparecidos cerrar la investigación con tantas preguntas sin respuesta, tales como el posible papel de los militares en las desapariciones o el homicidio relacionado del compañero de estudios Julio César Mondragón, además de no aclarar las inconsistencias probatorias. Mientras tanto, los que trabajan a nombre de las familias de los estudiantes lo hacen en un entorno cada vez más peligroso”.
La organización dijo que la PGR ha afirmado que todas las líneas de investigación se han seguido y agotado. “La teoría operativa de la PGR es que el ex Alcalde de Iguala y su esposa ordenaron a la policía municipal entregar los estudiantes a una banda criminal, que a su vez incineró los cuerpos de los estudiantes en un depósito de basura cerca de Cocula”.
“Sin embargo, esta teoría se basa en pruebas forenses limitadas y una dependencia excesiva en unos cuantos testimonios, que en algunos casos se contradicen. Aún no se ha esclarecido el papel de varios sospechosos claves, por ejemplo los agentes de la policía Felipe Florez Velázquez y Francisco Salgado Valladres, así como el líder de la banda criminal, Ángel Casarrubias Salgado y 11 de las 15 personas que al parecer estaban en Cocula en el momento de los hechos”.
