El ex funcionario Guillermo Padrés, acusado de los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, fue detenido e ingresado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, en noviembre de 2016, sin embargo su defensa se mantuvo trabajando en su liberación.
Ciudad de México, 2 de febrero, (SinEmbargo).- Un Juez federal de Toluca aceptó las hipotecas de dos inmuebles en favor de Guillermo Padrés para hacer efectiva su libertad bajo fianza, por lo que en las próximas horas podrían abandonar la prisión.
Las hipotecas fueron presentadas a las 09:00 horas de este sábado al Juez Juan Miguel Ortiz Marmolejo, titular del juzgado Séptimo de Distrito de Proceso Penales Federales en Toluca.
Los inmuebles son: uno de 7 mil metros cuadrados, conocido como Rancho Tres Puertas, ubicado en Cananea, Sonora y propiedad del suegro de Padrés. Su costo es de 31 millones 664 mil pesos.
El otro tiene un precio de 11 millones 783 mil pesos y es propiedad de José Arturo Dagnino Acuñ, cuñado del ex Gobernador. Se localiza en el Fraccionamiento Centenario de Hermosillo y cuenta con un tamaño de 8 mil 800 metros.
Este medida se suma a la que la defensa obtuvo el pasado jueves, en aquella el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México aceptó la hipoteca de otros inmuebles en favor de la garantía de 100 millones de pesos por su libertad provisional.
Según información de Reforma, Ortiz Marmolejo se comunicará con Madero González para acordarla liberación del ex Gobernador. Se espera que salga de prisión la noche de este sábado o el domingo por la mañana.
En caso de concretarse, Padrés podrá afrontar sus dos juicios en libertad tras tres años en el Reclusorio Oriente.
El ex funcionario es acusado de los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero razón por la cual fue detenido e ingresado en el Reclusorio Oriente de la capital mexicana en noviembre de 2016, sin embargo su defensa se mantuvo trabajando en su liberación.
El 17 de agosto de 2018, Padrés Elías obtuvo la libertad por el delito de defraudación fiscal, a cambio del pago de una garantía de 100 millones de pesos, además de que no podrá salir del país y deberá presentarse al juzgado para firmar cada semana en el libro de procesados.
