En el sexenio del ahora ex Presidente Enrique Peña Nieto no hubo año en que el gasto en publicidad oficial respetara el tope legal aprobado por el Poder Legislativo. La Auditoría Superior de la Federación encontró que en 2018 la Segob fue laxa con las peticiones y autorizó ampliaciones con datos generados en 1960 y 1985.
Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación (Segob) aprobó, durante 2018, solicitudes de ampliación presupuestal para publicidad en medios de comunicación, bajo el argumento de “contingencia”, que sí está previsto en la Ley, pero con argumentos que no representaban “contingencia” alguna. De acuerdo con la Ley en la materia, las dependencias pueden solicitar más recursos para informar sobre alguna emergencia fortuita, pero la Segob autorizó ampliaciones con datos generados en 1960 y 1985.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que, a las irregularidades anteriores, se sumó que las dependencias federales no hicieron uso de los tiempos oficiales en los medios de comunicación, que están a su servicio para utilizarse en el transcurso del año.
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública de 2018, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, la Segob –entonces al mando del priista Alfonso Navarrete Prida, quien fue titular del 10 de enero de 2018 al 30 de noviembre de 2018, luego de cinco años en las manos del también priista Miguel Ángel Osorio Chong– no se fijó en la justificación de las “contingencias” de las oficinas de Gobierno y aprobó los aumentos presupuestales.
La ASF encontró que la Unidad de Comunicación Social de Gobernación debió tener las justificaciones de las dependencias para comprobar que se trataba de emergencias, ya que, de no ser estrictamente para eso, debían estar contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para ser aprobadas por la Cámara de Diputados.
“Debió incluirse en el proyecto de PEF 2018 para ser aprobado por la Cámara de Diputados y no requerirlo bajo un supuesto de carácter ‘contingente’ […] No se señalaron los criterios en que se basó la valoración para acreditar el incremento de los recursos presupuestarios con la documentación presentada por la Unidad de Comunicación Social”, concluyó el documento que hace unos días la ASF entregó a la Cámara de Diputados.
En las observaciones descritas se infiere que la Dirección General de Normatividad de Comunicación (DGNC) de la Segob autorizó incrementos de recursos presupuestarios en las partidas presupuestales 36101 “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” y 36201 “Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios” en 20 dependencias, sin que se cumpliera con las especificaciones marcadas en la Ley.
Por tal razón, el 20 de enero de 2020, la ASF solicitó la intervención a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que realizara las investigaciones correspondientes y en su caso, las sanciones administrativas “derivadas de los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a los entes públicos siguientes: Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Servicio Geológico Mexicano, Fondo de Cultura Económica, Liconsa, Consejo de Promoción Turística de México, Comisión Reguladora de Energía, Secretaría de Relaciones Exteriores, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Marina, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua y Consejo Nacional de Población”, por lo detectado en las “justificaciones”.
Los sobreejercicios en el presupuesto del gasto público fueron la constante. En 2013, la variación entre el presupuesto ejercido respecto del aprobado es superior en casi 50 por ciento, en 2014 fue de 35 por ciento, en 2015 de 80 por ciento, para 2016 de 133.58 por ciento más y en 2017 se gastó 200 por ciento más, 7 mil 160 millones 622 mil 278 pesos extras.
LAS “CONTINGENCIAS”
La ASF enlistó los argumentos para pedir más dinero para la publicidad. Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pidió dinero para el Programa de Protección, Atención y Defensa de los Mexicanos versión pasaportes, lo que debió incluirse en la propuesta de Presupuesto si es que en realidad se necesitaba, pero que no significó una contingencia.
Pasó lo mismo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que dijo que quería más dinero para el “reforzamiento de la difusión del programa de ahorro voluntario y el programa de atención a trabajadores”.
Lotería Nacional (Lotenal) pidió dinero a la Segob para la “Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios” porque quería “generar mayores ingresos”. Segob autorizó a pesar de que no informó cómo llevaría la difusión de mensajes comerciales ni las líneas de acción de la estrategia de ventas para generar mayores ingresos.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó la ampliación de presupuesto las campañas “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” para la campaña “Leales por México”, versiones “Nos preparamos por ti”, “Siempre cerca de ti”, “Reconstruyendo a México” y “Más allá de México”.
La dependencia argumentó que el dinero era para una “contingencia”, dada la magnitud de los eventos hidrometeorológicos de la temporada y se lo aprobaron, aun cuando se presentó información de fenómenos naturales pasados y cuya temporalidad de ocurrencia no se encontraba determinada; por lo tanto, debió incluirse en el proyecto de PEF 2018 y no requerirlo bajo un supuesto de carácter “contingente”.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) solicitó ampliación para la “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” para las campañas “Desarrollo Productivo del Campo Mexicano”, pero la Segob no tuvo la “constancia de valoración” y autorizó “sin evidencia justificativa y comprobatoria de la valoración”.
El Servicio Geológico Mexicano (SGM) pidió para la “Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios”, cuando el monitoreo sísmico es su actividad sustantiva. No informó cómo llevaría la difusión de mensajes comerciales o las líneas de acción de la estrategia de ventas para “generar mayores ingresos”. Pero el gasto se le autorizó.
El Fondo de Cultura Económica (FCE) pidió también bajo el argumento de la “Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios”. Tampoco indicó las formas de cómo lograrlo.
La Secretaría de Marina (Semar) dijo a la Segob que quería difundir mensajes sobre programas y actividades gubernamentales para la campaña “La Marina cerca de ti, versión: en la tierra, en el aire y en el mar” y atender una situación de carácter “contingente”, citando datos del sismo de 1985 y el tsunami generado por este, que causaron miles de decesos y daños por varios miles de millones de dólares. La Segob le autorizó el aumento presupuestal con antecedentes documentales que datan, justo, de 1985.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) también alzó la mano y pidió dinero para “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” para la campaña “Prevención de accidentes laborales”. Argumentó que era una “contingencia para reducir accidentes y enfermedades en los centros de trabajo”, con estadísticas de años anteriores. Aun así, la Segob autorizó la ampliación del dinero público a esa dependencia.
La Semarnat dijo que necesitaba dinero para la campaña “Protección de los Océanos”, versión “Mares y costas de los océanos”, por “contingencia por la contaminación de mares y costas, consecuencias de la contaminación marina de los océanos en México, el cambio climático y el tráfico ilegal de especies”. Presentó documentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)… pero de 1960.
En este caso, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que una información de 1960 no significaría contingencia alguna, pero la Secretaría de Gobernación decidió otorgar ese dinero.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) pidió más dinero para la campaña “Inversión con la Reforma Energética”, versión “Reforma Energética”, con vigencia del 12 de febrero de 2018 al 29 de marzo de 2018, y la campaña “Gas LP”, versión “AmiGasLP, AmiGasLP Etapa 2”. Esta oficina no sustentó las razones de su “contingencia” y tampoco hubo necesidad: la Segob le autorizó gastar el dinero público.
Finalmente, de la revisión a la documentación proporcionada a la ASF, no se encontró evidencia de las dependencias que solicitaron acceso a tiempos oficiales para la difusión de sus campañas, siendo que éstas ejercieron recursos presupuestarios para actividades de comunicación social en radio y televisión.
En esto incurrieron el Conapred, Conavim, el INM, la Policía Federal, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Sedena, la Semar, la Sedesol, el Fondo Nacional para las Artesanías y Liconsa.
