Aunque nuestro federalismo es superior a la fachada que tuvo durante el porfiriato y buena parte de la larga estadía del PRI en el poder, no deja de estar rezagado. Su atraso lastra todas las agendas que los gobiernos deben atender con alto sentido de autonomía y colaboración, en ese orden.

Desde el balcón chihuahuense y de tarde en tarde me permito recordar la obra La Constitución y la dictadura, de Don Emilio Rabasa, con el que se puede coincidir o discrepar, pero no por ello regatearle observaciones muy valiosas que hizo de la Constitución liberal de 1857 y el rol que jugó durante la dictadura del oaxaqueño Díaz.

Rabasa elaboró el retrato de un federalismo entre comillas, hecho de procónsules y compadres del dictador que hasta tenían el descaro de haber gobernado varias entidades, desde luego en diversos tiempos. En aquel entonces la dependencia de los estados iba de lo político a lo económico y hacendario, y del privilegio excluyente de los latifundistas a la dominación militar de todas las regiones. Observar ese hecho le permitió al autor afirmar que “el vigor del centro se cree que ha de fundarse en quebrantar toda fuerza que no sea la suya”. Cambiando lo que haya que cambiar, vivimos bajo esa divisa, que aniquila el fortalecimiento ciudadano, sustento de la mejor opción para desconcentrar la vida nacional, energizándola, y construir unidades fincadas en el reconocimiento de las grandes tareas nacionales que parten de tomar en cuenta la premisa de que somos muchos Méxicos y que esa pluralidad fortalece.

A partir de la elección de 2018 se propala por todo el país que vivimos un cambio de régimen, incluso se sustenta que estamos en la transformación número cuatro, desdeñando otras que acontecieron aparentemente como silenciosas, dentro de ellas la emergencia de la mujer en todos los órdenes de la vida nacional, tal como vibra en estos días cruciales en esta materia.

Pero ese cambio de régimen, que puede estar en ciernes, debe ir en dirección de un nuevo federalismo, destino que no vemos en el horizonte a partir del nombramiento de súper delegados en las entidades como un poder perturbador y paralelo al propio de los estados. Entiendo que se está experimentando y que falta tiempo para ver si ese modelo funciona, a mi juicio, modelo incorrecto.

Los próximos meses, y particularmente durante 2021, se elegirán los candidatos que aspiran al poder local en prácticamente la mitad del país. Será el mejor momento para ver qué hay de ese cambio de régimen en el ámbito que escribo. El telón de fondo es lo que ya he reseñado: un centro todopoderoso que se impone con sus cuadros y sus agentes.

En el caso de Chihuahua hay ciertas particularidades que conviene tomar en cuenta. La entidad en no pocos momentos ha sido una región sujeta al tutelaje, al intervencionismo y en ocasiones a la administración directa desde el centro, como se vió cuando se impuso la caída de Óscar Ornelas en 1985 y la llegada de Saúl González Herrera como garante del fraude electoral de 1986, que violentó la voluntad ciudadana para imponer a Fernando Baeza Meléndez, derrotando con malas artes a Francisco Barrio Terrazas, que tuvo que esperar seis años para ocupar el cargo y también contar con el beneplácito de la Presidencia imperial de Carlos Salinas. Hay otros ejemplos más elocuentes, pero me basta con este para explicarme.

En este sentido, MORENA está ante un gran reto que terminará por marcarlo para un plazo largo: federalista o burdamente centralista, lo que contrasta al menos en un aspecto con el modelo liberal de descentralización, que en el papel se ha querido exhibir desde 1824.

Si por la víspera se sacan los días, no corre aire fresco en esta materia. En primer lugar porque al interior del partido de López Obrador sólo se mueven proyectos de poder regional que para nada toman en cuenta las circunstancias y las querellas de la región. Han de tener en cuenta que acá hay una derecha conservadora con una vasta experiencia electoral que va a ir por todo para no soltar el poder y construir una plataforma hacia el 2024. Tiene como cobijo al PAN, pero sobre todo la voluntad inquebrantable de ir en frente único con la vieja oligarquía local y compacta para impedir el proyecto de la Cuatroté, especialmente para bloquear la llegada de un procónsul, a nombre del cual, quien realmente gobierne en Chihuahua sea el mismísimo presidente de la república.

Dirán que es una conjetura, pero el sondeo directo que he realizado en gran parte de la región me dicta que esto es así y se complementa con más de un solo hecho duro, dentro los cuales escojo el siguiente:

Rafael Espino de la Peña, recientemente nombrado para ocupar un cargo en un consejo de PEMEX, brinca de ahí y recorre el estado, construye redes, hace compromisos, celebra costosas reuniones en lugares lujosos, pero encima de eso lanza el mensaje abierto de que la candidatura le pertenece por un dictum de Andrés Manuel López Obrador. Cito textual una declaración del pretendiente:

“…me he mantenido desde hace varios años con Andrés Manuel y ahora me dio su confianza para representar el proyecto en Chihuahua, y por eso aquí estamos recorriendo el estado, desde hace varias semanas hemos organizado encuentros y la gente está feliz con la idea y el proyecto que estamos adelantando”. (El Heraldo de Chihuahua, 23/2/2020).

Ni la burla perdona. Hasta dice que la gente está feliz, cuando la realidad grita, hasta por debajo de las piedras, absolutamente lo contrario.

El dilema es: ¿gobernadores o procónsules?

Jaime García Chávez

https://www.sinembargo.mx/author/jaime-garcia-chavez

Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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