Organizaciones de la sociedad civil alertaron que la industria de la chatarra quiere bloquear el nuevo etiquetado de alimentos para proteger sus intereses económicos.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– Organizaciones civiles llamaron al poder Judicial mexicano a no otorgar a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Conacamin) una suspensión definitiva que retrasaría la publicación de la Norma 051, aprobada para regular el nuevo etiquetado frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas. Si el Juzgado Séptimo de Distrito de Materia Administrativa concede el recurso legal actuaría a favor de los intereses comerciales de las empresas de alimentos ultraprocesados y en contra del derecho a la salud de las y los mexicanos, advirtieron.

La Jueza Laura Gutiérrez Romo otorgó a la Conacamin la suspensión provisional de la NOM-051 el pasado 26 de febrero y este miércoles decidirá si concede la suspensión definitiva, ello implicaría que la norma no se podrá publicar hasta que se resuelva el amparo y se retrasaría la implementación del nuevo etiquetado.

La legislación a la que el sector empresarial se opone los obligara a advertir sobre los excesos de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio en sus productos a través de sellos octagonales de color negro en los empaques. El nuevo etiquetado también dicta a las empresas informar si los alimentos y bebidas que venden contienen edulcolorantes o cafeína y, de hacerlo, señalar que no se recomienda para el consumo de niños y niñas.

“La industria alimentaria busca proteger sus intereses comerciales aun cuando éstos violan el derecho a la salud de las y los mexicanos. No les importa que el país vive una epidemia de obesidad”, aseguró Quetzali Ramos, abogada experta en temas de salud en conferencia de prensa.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya ha alertado sobre esa epidemia, sus datos muestran que el sobrepeso y la obesidad en México afecta a tres de cada cuatro mexicanos.

Javier Zúñiga, coordinador legal en El Poder del Consumidor, opinó que el sector empresarial quiere frenar el nuevo etiquetado con “un proceso a modo, así han actuado históricamente las empresas en México y otras partes del mundo, cuando no obtienen lo que quieren con presión política recurren al poder Judicial”.

Foto: Montserrat Antúnez Estrada, SinEmbargo.

Las organizaciones que forman parte de la Alianza por la Salud Alimentaria desmintieron que la suspensión provisional otorgada a la Concamin signifique que hay dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso de discusión y aprobación de la norma, como afirmó ayer el organismo miembro del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado. La abogada Quetzali Ramos explicó que el recurso legal se otorgó sólo mientras se resuelve el juicio de amparo.

La Concamin argumenta que la discusión de la NOM-051 no fue transparente y en el proceso no se les tomó en cuenta, sin embargo, Ana Zúñiga, coordinadora de la coalición Contrapeso, recordó que en las discusiones iniciadas en agosto del año pasado el 60 por ciento de los participantes pertenecían al sector empresarial y su asistencia está comprobada en actas de asistencia que firmaron, por ello consideró que el amparo forma parte de una estrategia para retrasar la aplicación de la ley ya que la norma regulatoria tendría que publicarse a más tardar a mediados de abril, tiempo que podría prolongarse mientras se resuelve el proceso legal.

Ana Zúñiga enfatizó que el 98 por ciento de los numerales de la NOM-051 fueron aprobados por dependencias gubernamentales y respresentantes de la sociedad civil así como por el propio sector empresarial porque “no tuvieron opción, ellos no tenían evidencia científica de que fuera mejor para la ciudadanía no informarle sobre las sustancias dañinas en sus productos”.

La Alianza por la Salud Alimentaria defendió que el proceso de creación de la NOM-051 fue transparente porque en él participaron todos los sectores interesados. En ese sentido se pronunciaron también las secretarías de Economía, Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el pasado 26 de enero, luego de que se aprobaran las modificaciones finales a la norma.

Por ello, la Alianza por la Salud Alimentaria pidió al poder Judicial “actuar a la altura de las circunstancias” y anteponer el derecho a la salud, a la información y el interés superior de la niñez en su decisión.

Javier Zúñiga adelantó que organizaciones civiles presentarán un amicus curiae, un recurso que ofrece información adicional al poder Judicial, donde expondrán que el nuevo etiquetado ayudaría a enfrentar las epidemias de obesidad y diabetes en México. A ello se suma que la Secretaría de Economía impugnó ante las autoridades jurisdiccionales superiores el amparo provisional contra la NOM 051.

Mientras que en la conferencia matutina del Presidente André Manuel López Obrador el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo estar tranquilo respecto al amparo solicitado por la Conacamim porque los efectos positivos del nuevo etiquetado están probados científicamente y es una medida apoyada por la población en general y la sociedad civil, por lo que dependencias gubernamentales seguirán apoyándolo.

El etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas también ha sido respaldado por personas académicas y organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y agencias de las Naciones Unidas como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).