Por María Ballesteros, especial para SinEmbargo
Condado de Karnes, Texas, 2 de abril (SinEmbargo/La Opinión).– “No somos criminales, nuestros niños no son criminales”, sostiene un grupo de mujeres que desde el pasado lunes se mantiene en huelga de hambre en un centro de detención para familias que tiene el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en esta comunidad de Texas.
Las mujeres, algunas de las cuales dicen haber estado bajo custodia junto con sus hijos durante más de un año, advierten que mantendrán la huelga y no enviarán a sus hijos a la escuela, ni utilizarán los servicios del Centro Residencial Karnes, ubicado a unas 50 millas al sur de la ciudad de San Antonio, mientras no se escuchen sus demandas:
“Queremos LIBERTAD para todos”, escribieron a través de una carta firmada por unas 70 de ellas, aunque al parecer sólo unas 25 participan en la protesta por el prolongado encarcelamiento.
Las mujeres que firmaron la carta dicen que ya han sido entrevistadas por agentes de Inmigración y han establecido un miedo creíble de persecución si fueran deportadas, pero no se les ha otorgado fianza o las que se les ha fijado es demasiado alta y no pueden pagarla.
“Durante esta [huelga], ninguna madre trabajará en el centro de detención, tampoco enviaremos a nuestros hijos a la escuela, no utilizaremos ningún servicio de este lugar, hasta que sean escuchadas y aprobadas queremos nuestra LIBERTAD para todas”, se lee en la carta.
De acuerdo el Centro para Educación de Refugiados e Inmigrantes (RAICE, por sus siglas en inglés), inicialmente el grupo de mujeres en huelga era de entre 40 y 80, pero algunas desistieron cuando varias mujeres fueron aisladas. ICE dice no tener unidades aisladas en este centro.
PRIORIDAD DE DEPORTACIÓN
La mayoría de las mujeres en Karnes fueron detenidas el año pasado cuando decenas de miles de centroamericanos, principalmente menores de edad no acompañados y madres con hijos, cruzaron ilegalmente la frontera sur por la zona de Río Grande, al sur de Texas, para pedir asilo en Estados Unidos por la violencia e inseguridad en sus países.
“Lucharemos hasta que nos den nuestra libertad”, dijo una mujer hondureña en entrevista telefónica.
“Somos familias que hemos estado detenidas desde hace ocho meses y (ICE) no quiere dejarnos salir porque somos prioridad de deportación”, agregó pidiendo anonimato.
“Aquí hay mujeres que han estado en Estados Unidos durante años, regresaron a sus países, pero se devolvieron por la violencia. Les han dado fianzas y han sido liberadas. Cuando le decimos a ICE porque no nos liberan a nosotros, nos dicen que somos prioridad de deportación, pero nosotros somos madres, no criminales, nuestros hijos no son criminales”, agregó.
A partir del 20 de noviembre de 2014, las autoridades de inmigración dan prioridad a la deportación de personas indocumentadas que son un peligro para la seguridad pública y nacional, o que han cruzado recientemente la frontera.
La mayoría de estas madres son centroamericanas que llegaron de El Salvador, Guatemala y Honduras con sus hijos en busca de asilo en Estados Unidos.
Esos países se encuentran entre las naciones con las tasas de feminicidios más altos del planeta.
“Merecemos ser tratadas con cierta dignidad y que nuestros derechos, para el proceso de inmigración, sea respetado”, se leen en la carta dada a conocer por RAICE, una organización no lucrativa que ofrece asistencia legal a inmigrantes.
Las mujeres dicen que sus hijos no están comiendo bien durante el confinamiento y que “su salud se está deteriorando”, algo que las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha negado en el pasado.
ALTAS FIANZAS
Un portavoz de ICE indicó no estar enterado de que algún residente del centro de detención en Karnes esté participando en la huelga de hambre, pero que la agencia respeta la libertad de expresión de los residentes.
A principio de año un juez federal revirtió la política adoptada por la Administración Obama de mantener bajo custodia a los mujeres y niños indocumentados que buscan asilo como una forma de desalentar a otros, pero grupos defensores de los inmigrantes sostienen que las fianzas que se les están fijando llegan hasta los $15,000.
“Las políticas actuales han resultado en niveles sin precedentes de detención, y lo que es peor es a un retroceso hacia la práctica fallida de detención de familias, que debería ser abandonada inmediatamente y reemplazada por políticas que aseguran un sistema efectivo y más humano que refleje los valores de nuestros sistemas de justicia y legal”, indicó William C. Hubbard, presidente de la Asociación Americana de Abagodos (ABA), organización que esta semana envió una carta dirigida esta semana al Departamento de Justicia pidiendo un cambio en su política de detención de inmigrantes.
