Las ONGs piden la “renuncia inmediata” de los magistrados del Tribunal, en rechazo a que el Gobierno haya tratado como una controversia entre poderes la posición de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
Caracas, 1 de abril (EFE).- Cincuenta y una ONGs venezolanas pidieron hoy la “renuncia inmediata” de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en un comunicado conjunto.
En el texto señalan que el Estado de derecho en su país “no se solventa con la enmienda” de sentencias, en referencia a la renuncia del Supremo a asumir las funciones del Parlamento que se había atribuido.
Exigimos “la renuncia inmediata de todos los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”, así como “el inicio de oficio del procedimiento judicial que permita la determinación de las responsabilidades que correspondan a los magistrados de la Sala Constitucional”, expresa el comunicado.
Esta petición fue hecha en rechazo a que el Gobierno haya tratado como una controversia entre poderes la posición de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien denunció que las sentencias aclaratorias de la corte eran violatorias de la constitución y representaban una “ruptura del orden constitucional”.
Ortega acudió el sábado al palacio de gobierno para reunirse con el mandatario, según imágenes que difundió el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, en su cuenta de Twitter. En un video se escucha a Maduro y a la fiscal conversando de manera cordial sobre historia y figuras de la izquierda venezolana.
La fiscal es vista como una persona cercana a Maduro, por lo que sorprendió la crítica a un fallo del tribunal que inicialmente el presidente respaldó.
Más temprano, el presidente del tribunal, Maikel Moreno, negó el sábado que esa instancia judicial haya despojado a la Asamblea Nacional de sus funciones y sostuvo que reconocen la figura de la inmunidad parlamentaria. Agregó que los conflictos entre los poderes deben ser resueltos de acuerdo a lo que prevé la constitución.
El diputado opositor Juan Miguel Matheus dijo a The Associated Press que Maduro decidió rectificar ante la “presión internacional” y el “resquebrajamiento” que se produjo a lo interno del oficialismo, evidenciado con la denuncia de la fiscal Ortega.
Para las ONGs el calificativo del Ejecutivo constituye una simplificación de “graves hechos contra la Constitución”.
Aunque el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suprimió el sábado las acciones con las que había retirado sus poderes a la Asamblea Nacional y que desataron nuevas tensiones políticas en el país, eso no evitó manifestaciones en contra de las autoridades.
Bajo la consigna de “no más dictadura”, cientos de personas bloquearon la principal autopista de la capital venezolana, en la tercera jornada de protestas contra el máximo tribunal y el gobierno.
Guardias nacionales y policías cercaron la manifestación y lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes, quienes aprovecharon para montarse sobre una de las tanquetas que se colocaron para impedir el avance de la marcha.
Durante un acto con militares en la ciudad costera de La Guaira, Maduro admitió que se generó una “situación compleja”, pero que se superó en pocas horas. “Cada país debe resolver sus problemas. Nadie debe meterse en los asuntos de otro país”, agregó.
Mientras tanto las ONGs destacan que la restitución del Estado de derecho “no se solventa con enmiendas” de sentencias por lo que las organizaciones firmantes del comunicado piden además la derogación del actual Estado de Excepción y “el sometimiento a la consideración de la Asamblea Nacional de cualquier futuro decreto sobre la materia”, así como la derogación de “todas las actuaciones de la Sala Constitucional”.
Estas asociaciones demandan también “retomar de inmediato el cronograma electoral” y tomar las medidas necesarias para detener el aumento de la pobreza en Venezuela, “lo cual incluye garantizar el acceso a los alimentos y medicinas para toda la población, sin ningún tipo de discriminación”.
Por último solicitan a la comunidad internacional mantener su atención sobre Venezuela, ya que a su juicio el “golpe de Estado” sigue vigente.
El texto esta suscrito, entre otras organizaciones, por Espacio Público, Acceso a la Justicia, Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF), Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET).
-Con información de AP
