La Ley General de Biodiversidad que ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil, académicos y partidos de oposición, al considerar que omite la opinión de los pueblos, violenta derechos humanos y abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas.

Hoy representantes de la Coalición integrada por más de 200 organizaciones de la sociedad civil y cientos de personas que se oponen a dicha Ley, denunciaron que la Ley también permite la apropiación y patentamiento de genes, plantas y conocimientos ancestrales.

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- Rubén Albarrán, líder de la banda de rock Café Tacvba, Sergio Arau integrante de “Botellita de Jérez” y diversas personalidades, exigieron a través de redes sociales detener la Ley General de Biodiversidad.

Bajo el uso del hashtag #AltoLeyBiodiversidad, los usuarios de redes denunciaron que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista (PVEM) intentan aprobar la Ley sin previa consulta de la ciudadanía y de los pueblos indígenas.

“Protejamos nuestro planeta, nuestra casa, protejamos nuestros derechos, los de nuestros hijos y de las generaciones venideras. No permitamos que los intereses económico de la clase política y empresarial lo destruya todo, esta vez, con el intento de pasar en fast track la Ley General de Biodiversidad con la cual se intenta patentar y comercializar la naturaleza, despojar a los pueblo originarios, permitir la minería y otras actividades destructoras en áreas naturales protegidas. Por favor actúa, coméntalo, háblalo”, menciona Rubén Albarrán en un video.

Esta tarde, el Diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Arturo Álvarez Angli, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara “encabeza una intentona para que de manera ilegal se apruebe la Ley General de Biodiversidad (LGB)”, acusó la Coalición Ciudadana ante la LGB.

Cabe mencionar que la iniciativa promovida por la Senadora Ninfa Salinas, del mismo grupo parlamentario, ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil, académicos y partidos de oposición, al considerar que omite la opinión de los pueblos, violenta derechos humanos y abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas.

En conferencia de prensa desde el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), representantes de la Coalición integrada por más de 200 organizaciones de la sociedad civil y cientos de personas que se oponen a dicha Ley, denunciaron que la Ley también permite la apropiación y patentamiento de genes, plantas y conocimientos ancestrales.

“Los legisladores del PVEM y del PRI [Partido Revolucionario Institucional] han despreciado la oposición fundamentada y legítima de organizaciones sociales, académicos, expertos y agencias gubernamentales”, recriminó el analista ambiental Octavio Klimek.

Adelita San Vicente, de la Red Semillas de Vida, recordó que el pasado 22 de marzo, sin quórum, los legisladores del PRI y PVEM que pertenecen a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaled discutieron el dictamen, lo cual viola el Artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

A la reunión sólo acudieron 15 legisladores cuando según el mismo reglamento se requieren 16 presentes, es decir, la mitad de los 30 integrantes más uno, para cumplir con el reglamento de la Cámara.

No obstante, únicamente participaron, además del presidente Álvarez Angli, los diputados Ignacio Pichardo, Andrés Aguirre, Rubí Cardoso, Alberto Mata, Juan Antonio Meléndez, Elizabeth Ramírez, Ariel Burgos Ochoa, Perla Pérez Reyes, Miguel Ramírez,Vanessa Ruíz, Miguel Sulub Caamal y Yarith Tannos Cruz ​del PRI, además de Alma Lucía Arzaluz Alonso​ y Octavio Herrera Borunda​, del PVEM.

Por ello, subrayó: “El Diputado Angli, en contubernio con diputados del PRI y el Verde, trataron el jueves 22 de marzo de pasar el dictamen sin cumplir con el quórum suficiente […] Pretendieron pasar -de manera ilegal absolutamente- esta Ley que en su centro tiene algo tan importante como es la biodiversidad”.

Ante este panorama, la Coalición exigió que se atienda a la petición de someter la Ley a consulta con la sociedad civil, especialmente con los pueblos indígenas y las comunidades equiparables que serían directamente afectadas por dicha medida legislativa.

En ese sentido, Gustavo Sánchez Valle, de la Red Mocaf explicó que “se trata de una situación similar a la que actualmente se desarrolla en la discusión de la Minuta de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, también impulsada por el Partido Verde, la cual se encuentra en revisión por parte del Senado de la República como cámara revisora y en cuyo proceso los diputados y senadores promoventes se han negado sistemáticamente a abrir un proceso amplio de participación social y a convocar una consulta dirigida a pueblos y comunidades indígenas y comunidades equiparables, a pesar de que en México la mayoría de los bosques se encuentran en las tierras de este sector de la población”.

“Pretenden en un fast track aprobar un documento que atenta y violenta a los pueblos indígenas, a las comunidades locales y a todos los mexicanos. Por lo tanto, la exigencia es que se lleve a cabo una consulta libre, previa e informada”, dijo David Ruiz, de la Red Nacional Indígena.