Los empresarios consideran que la corrupción es un factor que ha frenado el crecimiento del país. Por su parte, la organización México Evalúa revisó una serie de indicadores de desempeño gubernamental de las administraciones estatales salientes como las de Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua. El análisis, publicado hoy, revisó entre otros temas, el gasto público y la rendición de cuentas. En donde Chihuahua, gobernada por el priista César Duarte, y Puebla, que encabeza el panista Rafael Moreno Valle, aparecen como las entidades en donde se observa más corrupción.

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).– El sector empresarial de México destacó que la corrupción y las vulnerabilidades en materia de Estado de Derecho son los mayores desafíos que enfrentan los mexicanos y están entre las causas originarias de la inseguridad pública y la violencia que han marcado al país en los últimos tiempos.

Además advirtieron que “son un elemento que ha afectado profundamente el principio de la confianza institucional y social, requisito del desarrollo económico, social y político”.

“Si no avanzamos en este tema, lo que logremos en otros campos, e incluso con otras reformas, se debilita y puede revertirse”, expresó Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Por ello, los empresarios solicitaron a las comisiones del Senado para que retomen de inmediato sus trabajos y logren concretar los acuerdos para que se convoque a un periodo extraordinario, con objeto de completar las layes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyo plazo de un año vence el próximo 27 de mayo.

Dijeron que las elecciones estatales de junio no deben ser un pretexto para postergar esta asignatura.

“México necesita esta reforma: verdaderos cambios de fondo y que se puedan aplicar en la práctica, para prevenir y disuadir los actos de corrupción y acabar con los niveles de impunidad que hoy se presentan. Y se requieren ya. Confiamos que en el Congreso y en la clase política prevalecerá una posición coincidente con el reclamo de transformación que hay en la sociedad”, demandaron.

El segundo periodo de sesiones terminó el pasado 29 de abril sin la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. Pese a que los partidos de oposición declararon en numerosas ocasiones su esperanza en que se convoque un periodo extraordinario en mayo para legislarlo, la bancada mayoritaria en la Cámara Alta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), desestimó la posibilidad de que éste se dé antes de las elecciones del próximo junio.

El CCE también destacó la Ley de Zonas Económicas Especiales, la cual, dijo, “es un instrumento de integración nacional para reducir brechas de desarrollo; y un fuerte motor de inversiones, tan necesario ante el escenario de debilidad económica internacional”.

Detalló que la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios es un paso muy oportuno que el Gobierno federal dio para atender a tiempo problemas que ya no se podía dejar crecer más.

“Hay entidades donde la deuda se incrementó más de 800 por ciento en un sexenio. Vamos en el sentido correcto, al comenzar por impedir el margen de discrecionalidad que ha permitido este tipo de desórdenes”, refirió el CCE.

También resaltó las adecuaciones a la Ley de APPs, a favor de la inversión, y que se hayan concretado asignaturas como una Miscelánea Procesal Penal y reformas en relación a la Justicia Militar.

El pasado 27 de abril, la Confederación Patronal de la República (Coparmex) entregó una carta al Senado donde exigió aprobar todas las leyes para el Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo la Ley 3de3, antes del 28 de mayo.

En la misiva, la confederación exigió discutir y aprobar los dictámenes de todas y cada una de las leyes que conforman el andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción.

Reclamaron que “no puede haber Estado de derecho en un país donde se antepone el interés de algunos sobre el interés público sin que haya consecuencias”.

De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2014 México perdió mil 100 millones de dólares en inversiones debido a la corrupción.

Este problema le cuesta al país 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a un billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos.

Por otra parte, la organización México Evalúa revisó una serie de indicadores de desempeño gubernamental de las administraciones estatales salientes, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua. El análisis incluyó, entre otros temas, la corrupción, el gasto público y la rendición de cuentas. En donde Chihuahua, donde gobierna el priista César Duarte, y Puebla, que encabeza el panista Rafael Moreno Valle, aparece como las entidades en donde se observa mayor corrupción.

El documento contempló también la educación y la seguridad entre los temas analizados.

CHIHUAHUA, EL MÁS CORRUPTO A NIVEL NACIONAL

Chihuahua ocupa el primer lugar a nivel nacional con el mayor número casos de corrupción reportados. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2013, en la entidad se reportan 44 mil 006 actos por cada 100 mil habitantes.

El estado, gobernador por César Duarte Jáquez, es la cuarta a nivel nacional con el mayor número de personas que afirmaron haber sido víctimas de corrupción, con 14 mil 675 víctimas por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a la percepción de corrupción, el 87.4 por ciento de la población en Chihuahua considera que la corrupción en el gobierno estatal es “muy frecuente” y “frecuente”, lo que posiciona al estado en el décimo tercer lugar donde se perciben mayores prácticas corruptas en el país.

La organización realizó una evaluación a la administración saliente, donde revisa también el gasto público del estado y la rendición de cuentas. El análisis detalla que Chihuahua duplicó en 2015 el nivel de deuda en términos de la cantidad de participaciones federales que entidad recibe anualmente. Pasó de 121.9 por ciento en 2009 a 239.8 por ciento en 2015.

Además la deuda pública per cápita de la entidad el año pasado fue de 11 mil 300.6, monto que es “considerablemente” mayor al promedio observado a nivel nacional, donde para el 2015 fue de 4 mil 214.9 pesos.

SEGURIDAD

La percepción de seguridad ciudadana en el estado de Chihuahua pasó de 8.5 por ciento en 2011 a 25.1 por ciento en 2015, año en que el 9.7 por ciento de ciudadanos, cinco puntos más que en 2011, dijo tener “mucha confianza” en la Policía Estatal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

El número de víctimas por actividades delictivas en el estado disminuyó un 37 por ciento, al pasar de 35 mil 828 en 2011 a 22 mil 395 (por cada 100 mil habitantes) en 2014. Mientras que la tasa de homicidios dolosos fue de 86.68 por ciento en 2011 y de 25.47 por ciento en 2015, según datos del datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) reportó el año anterior que el estado de Chihuahua fue calificado con 9, en una escala de 0 a 10, en su avance para implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio,cuya fecha límite para quedar establecido en su totalidad a nivel nacional es el 18 de junio de 2016.

En cuanto al Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria, Chihuahua recibió en 2015 una calificación de 7.38, superior al nivel nacional (6.21) en el mismo año. La evaluación valora el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y la gobernabilidad en los centros penitenciarios.

…Y PUEBLA, EL TERCERO

Puebla, la entidad gobernada por el panista Rafael Moreno Valle, es la tercera entidad a nivel nacional con el mayor número de actos de corrupción reportados por los habitantes que participaron en la ENCIG. El estado registró 39 mil 890 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.

La entidad ocupa también el lugar décimo tercero con el mayor número de personas que afirmaron haber sido víctimas de corrupción, con 11 mil 105 casos por cada 100 mil habitantes.

Aunado a ellos, Puebla es el sexto estado a nivel nacional donde se perciben mayores prácticas corruptas, pues el 91.5 por ciento de la población considera que la corrupción es “muy frecuente” y “frecuente” en el gobierno estatal.

En cuanto a su deuda pública per cápita, en 2015 fue de 1 mil 404.6 pesos, un monto “relativamente menor” al registrado a nivel nacional, que fue de 4 mil 214.9 pesos.

El año pasado el nivel de deuda en términos de la cantidad de participaciones federales que recibe el estado al año, disminuyó pasando de 43.9 por ciento en 2009 a 33.1 por ciento en 2015.

México Avalúa alertó que aunque el estado logró aumentar el porcentaje de sus ingresos propios, con respecto al del gasto total, el cual pasó de 4.3 por ciento de 2009 a 7.8 por ciento en 2014, “dicho porcentaje todavía se encuentra por debajo del promedio nacional observado en 2014 (12.1 por ciento)”.

Puebla también registró de 2009 a 2014 una caída en inversión pública, pues pasó de 10.7 por ciento del gasto a 6.3 por ciento.

La entidad registró algunas deficiencias en el rubro de cuenta pública, pues aunque brinda información pública sobre sus contrataciones, publican su padrón de proveedores, las convocatorias a procesos de licitación y cuenta con un listado de contratos en los que se pueden identificar los montos de las licitaciones y contrataciones, pero no publica un programa anual de licitaciones de obra pública.

SEGURIDAD

En 2015 la percepción de seguridad en el estado de Puebla fue de 28.5 por ciento, 4 por ciento menos que en 2011, sin embargo, se registró un aumento del 6 por ciento de ciudadanos que tienen “mucha confianza” en la Policía Estatal, pasando de 9 por ciento a 15.1 por ciento en el mismo periodo.

El número de víctimas por actividades delictivas en Puebla aumentó 11 por ciento en 2015, cuando el índice alcanzó 23 mil 741 (por cada 100 mil habitantes). De acuerdo con los datos del SESNSP, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes de la entidad en 2015 disminuyó con respecto a lo observado en 2011, pasando de 10.4 a 8.0.

En enero de este año, el SETEC reportó que el estado de Puebla fue calificado con 6.5 en su avance para implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Esto revela un avance medianamente aceptable, pero con deficiencias en el cumplimiento de alguno de los ejes que rigen la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

Mientras que en el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, Puebla recibió en 2015 una calificación de 6.74, superior al nivel nacional (6.21) en el mismo.

EL 82.9% EN TAMAULIPAS VE “FRECUENTE” CORRUPCIÓN EN SU GOBIERNO

En Tamaulipas el 82.9 por ciento de la población considera que la corrupción en el gobierno del estado es “muy frecuente” y “frecuente”, cifra que coloca a la entidad en el lugar 22 a nivel nacional con el mayor número de prácticas corruptas.

Sin embargo, de acuerdo con la ENCIG de 2013, Tamaulipas ocupó el lugar 26 entre en la lista de entidades con el mayor número de actos de corrupción, pues se reportaron 11 mil 274 actos por cada 100 mil habitantes. Y ocupó el lugar número 30 con el mayor número de personas que reportaron haber sido víctimas de corrupción, 6 mil 036 por cada 100 mil habitantes.

En tanto, en 2015 Tamaulipas registró una deda pública per cápita de 3 mil 434.3 pesos, monto que fue “relativamente menor”, de acuerdo con el documento, al promedio de deuda a nivel nacional, de 4 mil 214.9 pesos.

Sin embargo, el estado aumentó el año pasado su nivel de deuda en términos de la cantidad de participaciones federales, pues pasó de 54.7 por ciento en 2009 a 62.9 por ciento en 2015.

Por otra parte, se observó que el estado logró aumentar el porcentaje de ingresos propios con respecto al gasto total. Pasó en este rubro de 6.3 por ciento en 2009 a 11.4 por ciento en 2014. “Dicho porcentaje se encuentra por debajo del promedio nacional observado en 2014 (12.1 por ciento)”, detalló la organización.

En tanto, en el rubro de la transparencia en las compras de la entidad, “Tamaulipas tiene a su favor que publica en internet su padrón de proveedores, las convocatorias a procesos de licitación y un listado de contratos en los que se pueden identificar los montos de las licitaciones y contrataciones”, destaca el documento. Sin embargo, alerta, no tiene un sitio especializado para publicar información de las contrataciones del estado, no publica un padrón de sus contratistas, ni presenta documentos importantes de las contrataciones como los fallos de licitación o los contratos.

SEGURIDAD 

De acuerdo con la ENVIPE, la percepción de seguridad de la ciudadanía en Tamaulipas disminuyó en 2015 al pasar de 13.9 por ciento en 2011 a 11 por ciento. El porcentaje de ciudadanos que tienen “mucha confianza” en la Policía Estatal registró un ligero aumento de 10.7 a 16.3 por ciento en 2015.

En 2014, el número de víctimas por actividades delictivas en el estado aumentó el 29 por ciento con respecto a 2011. De acuerdo con el SESNSP, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes de la entidad en 2015 disminuyó con respecto a lo observado en 2011 (pasó de 25.32 a 15.04).

Tamaulipas fue calificado en 2015 con 6.8 en su avance para implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Mientras que en Supervisión Penitenciaria, el estado recibió una calificación de 5.29, graduación por debajo a lo observado a nivel nacional (6.21) en el mismo año.

EN VERACRUZ, UN 84.6 % VE CORRUPCIÓN 

Por su parte, Veracruz está en el lugar 22 a nivel nacional con el mayor número de actos de corrupción reportados por los encuestados en la ENCIG 2013, donde se reportaron 14 mil 843 actos por cada 100 mil habitantes.

Además, el 84.6 por ciento de la población en la entidad considera que la corrupción en el gobierno estatal es “muy frecuente” y “frecuente”, lo que pone al estado en la posición 19 entidad respecto a los estados en donde se perciben mayores prácticas corruptas en el país.

En cuanto a su deuda pública en 2015 per cápita de la entidad fue de 5 mil 089.3 pesos, “monto relativamente mayor” mayor al promedio nacional, de acuerdo con el análisis de México Evalúa.

El año pasado, el estado aumentó considerablemente su nivel de deuda en términos de la cantidad de participaciones federales que la entidad recibe anualmente, pasando de representar 43.2 por ciento en 2009 a 114.8 por ciento en 2015.

En la entidad gobernada por Javier Duarte de Ochoa, se observó un aumento del porcentaje de inversión pública en la entidad con respecto al gasto total, ya que en 2009 dicho rubro representó 6.1 por ciento del gasto mientras que para 2014 aumentó a 8.8 por ciento.

SEGURIDAD

En 2015, el 17.6 por ciento de la población en Tamaulipas, 14 menos que en 2011, dijo sentirse segura. Mientras que el 14.5 por ciento dijo sentirse “muy segura” con la Policía Estatal.

El número de víctimas por actividades delictivas en el estado, según el SESNSP, disminuyó a 17 mil 208 (por cada 100 mil habitantes), lo que representa 15 por ciento menos a lo observado en 2013. La tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes de la entidad en 2015 pasó de 11.42 a 7.02.

Al mes de enero de 2016, la Secretaría para la implementación del Sistema de Justicia Penal reportó que el estado de Veracruz obtuvo una calificación de 6.5 (en una escala de 0 a 10) en su avance para implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Además, de acuerdo con el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria, Veracruz recibió en 2015 una calificación de 6.82, superior al nivel nacional (6.21), en materia de os derechos humanos de las personas privadas de la libertad y la gobernabilidad en los centros penitenciarios.