No cabe la menor duda que vivimos tiempos de cambio con miras a transformar el modelo de país que imperó en México por décadas y que sólo benefició a una pequeña élite formada por directores de empresas transnacionales, grandes empresarios mexicanos con mentalidad de extranjeros y vinculados a los anteriores, así como sus esbirros en la política—de corta estatura, mente colonizada y operando para los dos primeros. En la era que muchos llaman “neoliberal” [entrecomillas, pues de liberal tiene casi nada] se enriquecieron unos cuantos—es decir, una “minoría rapaz”, formada por billonarios mexicanos, políticos corruptos al más alto nivel y principalmente oligopolios transnacionales. Por su parte, se empobreció la nación y su gente, es decir, las mayorías—las cuales son pobres en su gran mayoría.

El 2018 marcó aparentemente un parteaguas en la vida de México; y con el lema de “primero los pobres” inició una nueva era que supone un cambio “radical” en el proyecto de país y en su modelo de desarrollo económico. Y digo “supone” pues aún no se concreta ese cambio. En efecto, aún no se concreta esa anhelada Cuarta Transformación que tanto pregona el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dado que ésta requiere de tiempo, de unidad, de voluntad política y de muchas cosas más. “Roma no se hizo en un día” y para consolidar una verdadera transformación en México aún nos falta muchísimo. Sin embardo, tengo la esperanza—a diferencia de los miembros de la parte mezquina de la oposición—que dada la nueva geopolítica y una nueva visión, nuestro país podría transitar hacia un estado de mayor soberanía, igualdad y justicia social. Sin embargo, se requiere de varios elementos, de mucho compromiso, de mucha voluntad y de muchas reformas—empezando por aquellas que requieren modificar la Constitución.

Es verdad que desde 2018 se ha planteado la necesidad de aprobar diversas leyes y reformas constitucionales que son claves para poder lograr la tan anhelada y necesaria transformación de México. Tenemos, por ejemplo, los intentos [no del todo exitosos; más bien fallidos] de reforma judicial, reforma al sector eléctrico, reforma electoral, reforma impositiva, desaparición de algunos órganos autónomos de Estado, entre otras reformas, algunas de menor alcance y no todas ellas constitucionales. En las décadas de las cacareadas “reformas estructurales” (en el marco del Consenso de Washington), nos hemos dado cuenta cómo las leyes que tenemos han favorecido a una pequeña minoría de oligarcas nacionales y transnacionales, apoyados por esbirros ladinos y rastreros en la política y en los tres poderes de la Unión.

Y en los últimos años nos hemos dado cuenta de que aún persisten grandes intereses reaccionarios que se resisten al cambio y a perder sus privilegios, ayudados por pequeñas mentes colonizadas y serviles que subsisten en el Congreso y en el Poder Judicial. Hemos ya identificado a quienes, desde su curul—y con la ayuda o intermediación de cabilderos ladinos, “muertos de hambre” y vendepatrias—legislan para las grandes empresas transnacionales y operan como empleados de los oligarcas mexicanos en el marco de una disciplina partidaria que coordinan los dueños del gran capital. Es también clara la podredumbre en el sistema judicial mexicano, en el que reinan la corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, impunidad y conflicto de interés.

En últimas fechas ha quedado bien claro quiénes (con nombre y apellido) son los legisladores “vendepatrias” y para quienes trabajan. Por sus sentencias, también se ha identificado claramente a quienes son jueces corruptos que apoyan la injusticia en todos sus órdenes, traicionando a la Patria y a su posición como garantes de la ley. Es aberrante cómo un juez, por ejemplo, decide otorgar un amparo al actual gobernador tamaulipeco acusado de crímenes graves, entre ellos de delincuencia organizada, después de que el Congreso aprobara su desafuero atendiendo a un nutrido expediente y a pruebas contundentes. 

Son igualmente ofensivos los amparos que jueces otorgaron a empresas transnacionales para defender contratos leoninos que sangran al país y a su gente. La penosa y escandalosa actuación de Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones es la “cereza en el pastel” de esta serie de abusos sistemáticos por parte de autoridades sin escrúpulos que traicionan a su patria—según dicen algunos, a cambio recursos y posiciones que sólo el dinero puede comprar [esto se debe investigar]. En una decisión inesperada y abyecta, Gómez Fierro opera a favor de Iberdrola, confirmando lo señalado por el Presidente. En efecto, este juez, como muchos otros, parecen estar al servicio de “minorías rapaces”, decidiendo en contra de las mayorías pobres y de aquellos que pagan sus impuestos en México.

En estos años, nos hemos dado cuenta que nuestro sistema judicial y político en general se encuentra desgastado y descompuesto, y que nuestras leyes requieren de una reforma fundamental—si lo que se quiere lograr es transformar el modelo de desarrollo y consolidar un nuevo Proyecto de Nación. Existen muchos cambios aún por hacer. Es justo y necesario cambiar la Constitución en todos los órdenes planteados en los últimos años. Además, se necesitan reformas adicionales fundamentales a la Ley Minera y la Ley de Inversión Extranjera, por ejemplo, para evitar el atraco sistemático a la nación, así como modificaciones claves al sistema de justicia penal y el sistema penitenciario, entre muchas otras.

La complejidad del cambio requerido en México, la mezquindad de opositores serviles con el gran capital y las inconsistencias en el sistema político actual, podrían sugerir una reforma incluso más radical que el conjunto de acciones que se han planteado y no se han concretado hasta la fecha. Lo anterior, considerando los intereses personales y el oportunismo de algunos actores políticos y económicos nacionales, así como los grandes intereses extranjeros que desean a toda costa mantener sus negocios y privilegios en México.

Para transitar hacia un orden más justo y más igual, es posible se requiera reescribir la Constitución. Atendiendo a la descomposición del sistema y la reacción al cambio por parte de los grandes intereses capitalistas, pongo en la mesa de debate la posibilidad de un proyecto de reforma constitucional radical. Propongo discutir la pertinencia o no de reescribir nuestra Carta Magna con el objeto de transitar hacia una verdadera transformación y evitar el extractivismo colonial, así como el atraco sistemático a la nación por parte de intereses extranjeros, empresas transnacionales y poderosos fondos de inversión.

Lo anterior requiere de un debate profundo y no podría suceder inmediatamente. Es necesario asegurar los votos suficientes para convocar el equivalente a un Congreso o Asamblea Nacional Constituyente. Eso ahora no parece posible, pero se vislumbra un avance en esta dirección. La oposición va en franco declive electoral y algunos partidos (el PRI y el PRD, por ejemplo) parece encaminados hacia su propia destrucción. La votación sobre la propuesta de reforma eléctrica parece haber abierto nuevos frentes de lucha para el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) y su partido Morena y se anticipan victorias importantes en las elecciones venideras.

Si las cosas continúan como hasta ahora, cabe la posibilidad de que el proyecto de la 4T logre los votos necesarios para formar la “Constituyente” y avanzar en el camino de una nueva Carta Magna. ¿Se promovería entonces la consulta ciudadana y se pondría fin a la era de las mayorías calificadas? Más democracia directa, menos democracia representativa; ésta sería entonces la peor pesadilla de los grupos reaccionarios mexicanos. Ciertamente se vislumbra un horizonte interesante.

La Revolución Mexicana de 1910—que para algunos no fue realmente una Revolución—dio lugar a la Constitución de 1917. Poco más de un siglo después parece que las prioridades del país han cambiado y que las necesidades de una verdadera transformación del sistema político, social y económico son apremiantes. Las leyes con las que contamos actualmente protegen a las minorías rapaces. La experiencia amarga de los últimos años, según entiendo, nos deja bastante claro que las reformas estructurales llamadas “neoliberales” beneficiaron a una rancia oligarquía nacional y a empresas transnacionales y que nuestras leyes fueron acomodadas para ese proyecto. Por lo anterior, se requiere tal vez de una transformación verdaderamente revolucionaria que podría avanzar con la elaboración de una nueva Constitución Mexicana.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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