En 2017 las familias de Laguna Larga huyeron de su comunidad al saber que un grupo de militares y policías iba en camino a desalojarlos bajo el argumento de estar incrustados en una zona de usos múltiples del Parque Nacional Laguna del Tigre, una reserva protegida del norte de Guatemala.
Guatemala, 2 de junio (EFE).- Los abogados de la comunidad desalojada de Laguna Larga, que fue desplazada de manera forzada hace tres años a la línea fronteriza del norte de Guatemala con México, denunciaron este martes el olvido de las autoridades guatemaltecas respecto a las más de 111 familias desterradas.
El Bufete Jurídico de Derechos Humanos lamentó que, tres años después del desplazamiento forzado de la comunidad los pobladores continúan en viviendo una “crisis humanitaria” a consecuencia de la “inactividad y apatía” del Estado guatemalteco.
Los abogados de la asociación no gubernamental emitieron un pronunciamiento al cumplirse el tercer aniversario desde que, en un día como hoy en 2017, las familias de Laguna Larga huyeron de su comunidad al saber que un grupo de militares y policías iba en camino a desalojarlos bajo el argumento de estar incrustados en una zona de usos múltiples del Parque Nacional Laguna del Tigre, una reserva protegida del norte de Guatemala.
“La situación actual de estas familias podría agravarse con la pandemia del coronavirus”, subrayó el bufete al recordar que las personas se establecieron de forma improvisada en champas sin acceso a agua potable ni energía eléctrica.
Los habitantes de la comunidad desplazada son “altamente propensos a la enfermedad” de la COVID-19, debido a que viven en condiciones insalubres, como constató la Agencia EFE en una visita a la comunidad en diciembre de 2018, cuando se cumplía un año y medio del desalojo.
Las condiciones no han cambiado para las cientos de personas que viven en el lugar, unos 600 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala específicamente en el departamento de Petén, e incluso el bufete denunció el fallecimiento de 10 personas durante estos tres años “como consecuencia de la falta de atención y las condiciones infrahumanas en las que se encuentran”.
Según el grupo de abogados humanitarios “las personas llegaron por no recibir la atención médica oportuna e inmediata”, debido a que la comunidad no cuenta con acceso directo y se debe recorrer más de 100 kilómetros a través de un extenso camino de tierra y lodo para salir y acceder a un centro hospitalario.
La comunidad ha sufrido diversas enfermedades, siendo una epidemia de paludismo la más fuerte de estas, ocasionando la muerte de uno de los niños que la integran, según las mismas fuentes.
Originalmente los pobladores se afincaron de manera gradual desde finales de los años 80 frente a una laguna de aguas cristalinas, dedicándose al cultuvo de frutas y verduras -principalmente calabaza y sus semillas, conocidas como “chigua”-, pero ahora sobreviven en la línea fronteriza entre México y Guatemala donde hay una laguna de agua estancada, a unos dos kilómetros de distancia de su comunidad.
La comunidad llegó a contar con una escuela oficial avalada por el Gobierno de Guatemala y un cementerio aprobado por la municipalidad local, además de una superficie perimetral aprobada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas a mediados de la década pasada.
Pero bajo el concepto de liberar un área protegida, que también es habitada por otras comunidades -algunas que también han sido desalojadas- el Estado guatemalteco insistió en el desalojo, pese a que dentro de la propia reserva, en un área núcleo lejos de la zona de usos múltiples, la petrolera británica Perenco opera el pozo Xan desde 2001, que representa el 90 por ciento de la producción del crudo en el país centroamericano.
Al caer la noche del 2 de junio de 2017 y comenzar la madrugada del día siguiente, los pobladores vieron desde el campamento improvisado el humo y el cielo rojo originado por el incendio de sus casas, provocado por los policías y soldados, quienes además cortaron la madera de las viviendas que no procedieron a quemar.
“Pese a que la comunidad cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta ahora no estas no se han cumplido por parte del Estado de Guatemala”, esgrimió el Bufete de Derechos Humanos, que urgió al Estado a dar el retorno provisional “por razones humanitarias” a la comunidad.
Además, los abogados adujeron que el Estado debe facilitarles medidas “que permitan el goce de los derechos que hasta ahora les han sido violentados”, concluyó la organización no gubernamental.
