El Gobierno mexicano ha licitado ya tres tramos de esta obra y asignó de manera directa un cuarto a una empresa que ya tiene la concesión de una autopista que incluye el derecho de vía para el Tren Maya. La inversión total de los tramos licitados es de 44 mil 263 millones de pesos (unos dos mil millones de dólares).
Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).- El Congreso Nacional Indígena (CNI) y organizaciones medioambientales y civiles manifestaron su rechazo al proyecto del Tren Maya al considerar que el Gobierno federal no ha atendido las demandas y exigencias de los pueblos originarios que podrían ser afectados por el megaproyecto.
Mediante un comunicado, el CNI llamó a la administración de López Obrador a escuchar a las comunidades y cumplir con su promesa de cambiar el régimen político del país.
“El Gobierno Federal tiene la oportunidad histórica, a partir de las promesas de cambio que su titular ha expresado, de generar un proceso en donde las demandas, puntos de vista y exigencias de las comunidades indígenas, académicos y diversos colectivos que han expresado su oposición al tren, puedan ser escuchados, de tal manera que se genere un proceso realmente democrático en la definición de la política de desarrollo de las comunidades y pueblos”, detalló.
A la par, denunciaron que el inicio de las obras se dio pese a que existen amparos promovidos ante el Poder Judicial y una media cautelar girada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Detallaron que pese a las promesas de escuchar a las comunidades, sólo ha existido simulación y violaciones a los derechos de los pueblos originarios.
“Durante el avance del proyecto se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de Derecho”, denunciaron.
En este sentido, recordaron que existen diversas amparos ante jueces federales que han derivado en la suspensión de las actividades de la obra. Incluso, la CNDH promovió una medida cautelar para suspender las actividades no esenciales del proyecto.
Por ello, señalaron que la gira que el mandatario mexicano realiza por los estados donde se edificará el proyecto atenta contra el orden constitucional.
“El objetivo de su visita desdeña y desacata órdenes judiciales y del Ombudsperson afectando el delicado balance y equilibro del ejercicio del poder en nuestro país”, puntualizaron.
Acusaron que no existió un diálogo preliminar con las comunidades “para tomar su parecer y conocer sus necesidades y pasando por alto el derecho que tiene a decidir libremente su futuro, violentando un derecho que se encuentra constitucionalmente protegido, que es el derecho a la libre determinación”.
En este sentido, recalcaron que las reuniones realizadas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas no pueden ser consideradas como un proceso de consulta indígena ya que se efectuaron en instancias no representativas de las comunidades y pueblos; además, “no se cumplió con las estándares mínimos” solicitados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Decidir el futuro de las comunidades y pueblos indígenas unilateralmente, afirmando que serán los principales beneficiados de un proyecto que desconocen y en el cual su papel principal será el de la mano de obra barata, significa reproducir la discriminación sistémica que ha impulsado por años el Estado mexicano y que les ha negado a esos pueblos ser los dueños de su propio destino y futuro”, aseveraron.
Acusaron que la actual administración dilapida una oportunidad histórica de generar condiciones adecuada para llevar a cabo un diálogo intercultural que permita generar condiciones de desarrollo, a partir de las realidades, especificidad, historias y prácticas de los pueblos.
Recalcaron que existen cuestionamientos sobre la viabilidad ambiental del proyecto.
“Esta afirmación tiene sustento no sólo en lo señalado por académicos, académicas y comunidades desde sus instituciones de forma independiente, sino también por instancias del propio gobierno federal. Al respecto es preciso recordar que existe un estudio realizado por un grupo de 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para determinar el impacto del Tren Maya en los territorios donde se planea su construcción, mismo que concluye que existen riesgos ambientales y sociales en este proyecto de desarrollo. Éste y otros estudios concluyen que el Tren Maya propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de veintitrés Áreas Naturales Protegidas, entre las cuales se encuentran Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo como Yum Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil y las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an y Calakmul, ambas patrimonio de la Humanidad, así como siete Regiones Terrestres Prioritarias, y once Regiones Hidrológicas Prioritarias”, destacaron.
Alertaron que el apoyo expresado por representantes de la ONU-Hábitat “no representa un espaldarazo al proyecto por parte de las Naciones Unidas”.
Acusaron que el Gobierno ha aprovechado la actual contingencia sanitaria para iniciar la construcción de los primeros tramos, pese a la existencia de amparos y la exigencia por parte de diálogo de las comunidades afectadas.
El Gobierno mexicano ha licitado ya tres tramos de esta obra y asignó de manera directa un cuarto a una empresa que ya tiene la concesión de una autopista que incluye el derecho de vía para el Tren Maya. La inversión total de los tramos licitados es de 44 mil 263 millones de pesos (unos dos mil millones de dólares).
-Con información de EFE.
