En los últimos días he leído varios análisis que, desde perspectivas diversas, pronostican la desaparición del PRI. Las trapacerías de su presidente nacional y la pérdida de sus bastiones locales son argumentos nada desdeñables para prever que el antiguo partido hegemónico, el heredero más longevo de los partidos únicos surgidos entre la tercera y la cuarta década del siglo pasado, está en estado terminal.

Si bien comparto la idea de que la organización que aún mantiene la sigla va en camino a convertirse en una fuerza residual de la política mexicana, me temo que el influjo de la manera de hacer política que institucionalizó el PRI hacia mediados del siglo XX tiene raíces profundas en la sociedad mexicana y estamos muy lejos de erradicarla, pues sigue siendo eficaz para hacerse con el poder y controlar las consecuencias distributivas de la política en beneficio personal.

El PRI fue, en su época clásica (1946–1982), un sistema de alianzas entre elites locales y grupos representativos, cuya lógica de operación descansaba en el mantenimiento del poder, por lo que conservar el mando del país fue su condición de existencia, de ahí la importancia del control electoral. Se trataba de un partido de régimen, ya que era el espacio en el que se conjugaban el conjunto de reglas del juego del sistema, tanto las formales como las informales, que permitieron la circulación pacífica del empresariado político.

El partido funcionaba también como un laxo referente de unidad ideológica, pero sobre todo como símbolo de inclusión, y como expresión de lealtad y de aceptación de las reglas por parte de sus miembros. Sus mecanismos de articulación se basaban en las maneras de hacer las cosas desarrolladas históricamente en la relación de la sociedad mexicana con el poder, por lo que se puede decir que el PRI era, a la vez, un gran aparato de gestión de demandas sociales y de control de las organizaciones de masas: una eficiente maquinaria de control político –articuladora de lealtades– aceitada con la distribución de rentas estatales, que institucionalizó la actividad de las redes de intermediación necesarias para darle alguna unidad a la enorme diversidad y desigualdad del país. En suma, una tupida red de clientelas burocráticas y relaciones de dominación personales en cuyo nudo central se encontraba la Presidencia de la República. Se trataba de un mecanismo disciplinario de la clase política que alcanzó enormes cotas de legitimidad y resultó extremadamente flexible frente a los cambios.

El PRI, desde su antecedente primigenio, el PNR, fue el resultado de una serie de pactos sucesivos para cohesionar a las redes locales de que desde los tiempos virreinales fueron indispensables para negociar la paz y la obediencia en un país abigarrado, con identidades colectivas diversas, que requerían de un tipo específico de personal político, el intermediario clientelista, capaz de traducir el orden nacional al ámbito local y de negociar las demandas particulares que solo el Estado nacional podía atender, con buen provecho personal.

La expresión más antigua de esa manera de hacer política fueron los caciques de las repúblicas de indios, los indios ladinos, término que acabó por tener una connotación peyorativa, pero que se refería únicamente al hecho de que eran quienes habían sido educados por los frailes en castellano, lengua que en el siglo XVI también era llamada ladino, como lo siguen haciendo los judíos sefardíes que mantienen la tradición de su origen español. Los caciques eran traductores entre dos lenguas y dos órdenes institucionales diferentes: el de la Corona y el de sus comunidades. Eran agentes muy imperfectos del orden central y tenían intereses propios, que los llevaron a convertirse en imprescindibles para el mantenimiento del orden y para reducir la violencia.

Sobre aquellos cimientos se construyó la compleja clase política del México independiente, siempre en el filo de la desobediencia, chantajista y de mal conformar. Porfirio Díaz logró su disciplina y para ello formalizó su dominio, nombrándolos con títulos burocráticos y tolerando sus exacciones en beneficio propio y con mano dura para aplacar a los díscolos. Pero la crisis de sucesión que conocemos como Revolución Mexicana provocó la irrupción violenta de las diversas redes de intermediación y no fue sino con el pacto de 1929, que dio origen al PNR, cuando se logró un nuevo orden, capaz de encausar las intermediaciones a través del empleo público y los cargos de supuesta elección popular que formalizaban jurídicamente el dominio de los operadores clientelistas, captores de rentas.

El pacto de 1938 incorporó a las organizaciones de trabajadores industriales al bloque de control político. En sus formas internas de operación, estas organizaciones funcionaban de manera igualmente clientelista y su pertenencia a la coalición de poder les dio el monopolio de la representación laboral, aunque siempre dependientes de su disciplina al partido y al Presidente de la República en turno. Los caciques sindicales medraron de manera muy parecida a la de los caciques rurales, convertidos en líderes agrarios.

Dos elementos fueron claves para mantener la unidad y la disciplina de la heterogénea red de intermediaciones: el sistema de botín de la administración pública, que permitió el reparto discrecional del empleo estatal de acuerdo con criterios de reciprocidad política, y el control electoral que forzaba a la disciplina, pues dejaba sin opciones de salida: el que no se conformaba quedaba excluido de la captura de rentas. La ruptura del PRI en 1988 tuvo mucho que ver con la contracción del botín a repartir y las sucesivas reformas electorales abrieron las opciones de salida, con lo que la lealtad se esfumó.

Mucho se dice que Morena es la cuarta transformación del PRI, sin embargo, mientras logremos sostener al sistema electoral que permite la competencia, el monopolio no se podrá reconfigurar, pues la opción de salida impedirá la reaparición de la disciplina férrea. Así, la aspiración atribuida a López Obrador de querer reconfigurar al viejo régimen solo se concretaría si se diera un golpe que implicara la recuperación del control electoral. Empero, mientras la administración pública mexicana siga siendo un botín político por repartir, la manera de hacer las cosas en la política mexicana seguirá siendo esencialmente priista: una competencia por la captura de parcelas de rentas y todos los partidos seguirán siendo creaturas a imagen y semejanza del viejo PRI.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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