Desde el inicio de la actual administración, ARTICLE 19 ha documentado la ausencia de una política integral que pueda garantizar justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición a las víctimas de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos. Se pretende justificar y borrar que las violaciones a los derechos humanos siguen ocurriendo, pero según cifras oficiales, hay más de 110,000 personas desaparecidas en México, y más de 52,000 cuerpos sin identificar. Solo en Jalisco, 14 personas son desaparecidas cada día.

A la gravedad de este panorama, se suma el discurso lamentable del Presidente, quien además de negar la crisis de violencia y de violaciones a derechos humanos, ha atacado tres días seguidos, desde su conferencia mañanera, a una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiadas del país. La estrategia de atacar al mensajero en lugar de ocuparse del fondo del mensaje, vuelve a ser preferida por el Ejecutivo.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez -el Prodh- ha defendido desde hace 35 años causas justas a nivel nacional, sin importar el color del partido en turno y siempre de forma valiente y solidaria. Casos emblemáticos como las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en 2014, los casos de los campesinos ecologistas presos injustamente en Guerrero, la represión en Atenco en 2006, las encarcelamientos discriminatorios e injustos de Jacinta, Alberta, Teresa, Hugo Sánchez … La lista no cabe en esta columna y da cuenta de la congruencia y el compromiso que esa organización ha tenido por décadas.

Un ejemplo muy claro de la contribución de esta organización de defensa de derechos humanos, es cómo a través del acompañamiento a Olimpia Montoya, hermana de una persona desaparecida, se logró la implementación del Banco Nacional de Datos Forenses y del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, a cargo de la Fiscalía General, de acuerdo a la ley General en materia de desapariciones.

Hace apenas semanas se reveló que dos integrantes del Centro Prodh fueron víctimas de vigilancia con el malware Pegasus mientras trabajaban por verdad y justicia en el caso Ayotzinapa. Y esta no fue la primera vez, también fueron espiados con el software durante el gobierno de Peña Nieto. Pero este gobierno, en lugar de actuar diferente y deslindarse política y éticamente del “viejo régimen”, actúa peor. En vez de demandar una investigación exhaustiva sobre estos hechos, y de garantizar que ninguna persona más sea espiada, el Presidente ha negado que desde el Estado se espía y ha acusado al “bloque conservador” de tratar de manchar la imagen de su gobierno. Por si fuera poco, semanas después, carga contra la institución que acuerpa a las víctimas de espionaje.

Al atacar al Centro Prodh, el Presidente pone en duda la invaluable labor de quienes trabajan en esa organización, pero al mismo tiempo cuestiona el derecho que tenemos de defender los derechos humanos. Y esto impacta a la sociedad en su conjunto y a las víctimas en particular, mismas que no encuentran en el Estado un remanso de paz y justicia sino un adversario. Si se ataca al mensajero, a quien denuncia, a quien cuestiona, a quien defiende, en lugar de lidiar con la crisis de derechos humanos, ésta solo seguirá profundizándose.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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